Francia y la millonaria deuda que debiesen pagar los mega ricos y no el pueblo

Un análisis de cómo la crisis fiscal francesa ha convertido la justicia tributaria en el epicentro del debate político y social. En este contexto, surge la cuestión de Francia y la millonaria deuda que debiesen pagar los mega ricos y no el pueblo como un tema central para el futuro económico del país.

Francia se enfrenta a la tormenta fiscal perfecta. Con una deuda pública que alcanzará el 119,3% del PIB este año y que escalará hasta el 121,7% en 2027, el gobierno de Sébastien Lecornu ha presentado un plan de ajuste de 54.000 millones de euros que recorta salarios públicos, congela pensiones y reduce prestaciones sociales. La pregunta que recorre las calles —y que ha unido a estudiantes, sindicatos y trabajadores en la mayor ola de protestas desde los Chalecos Amarillos— es incómoda pero inevitable: ¿por qué el ajuste recae sobre los más vulnerables cuando los ultrarricos franceses pagan, proporcionalmente, la mitad de impuestos que el resto de la población?

Una deuda que no deja de crecer

El origen del problema es estructural. Francia no presenta un presupuesto equilibrado desde 1974. Lo que comenzó como una deuda moderada se ha convertido en una bola de nieve que el país no ha sabido —o no ha querido— frenar. A cierre del segundo trimestre de 2026, la deuda pública francesa superó los 3,53 billones de euros, equivalentes al 117,5% del PIB. Las proyecciones del Ministerio de Economía son implacables: el ratio de deuda sobre PIB alcanzará máximos históricos en 2026 y 2027.

El motor de esa deuda es un déficit que se niega a bajar. La Comisión Europea proyecta un déficit público del 5,1% del PIB para 2026, que escalará al 5,7% en 2027, muy por encima del límite del 3% fijado por Bruselas. Sin nuevas medidas, el propio gobierno admite que el déficit podría superar el 6,5%.

La causa subyacente es un gasto público desorbitado: Francia es el país de la UE con mayor gasto público en relación con su PIB, un 57,3% a principios de 2026. Este gasto sostiene un generoso sistema de protección social y pensiones que, con el envejecimiento demográfico, genera déficits crecientes. Y el coste de financiar esa deuda se ha disparado: el rendimiento del bono francés a 10 años superó el 5% en octubre de 2026, mientras la prima de riesgo frente a Alemania alcanzó los 150 puntos básicos, un nivel no visto desde la crisis del euro de 2011-2012. Francia paga hoy más que Italia o Grecia por financiarse en los mercados.

El ajuste que golpea al pueblo

Para intentar contener el déficit, el gobierno de Lecornu ha diseñado un plan de ajuste de 54.000 millones de euros que recae, en buena medida, sobre el gasto público y, por tanto, sobre colectivos que hasta ahora habían estado protegidos.

Entre las medidas más conflictivas destacan:

• Congelamiento del índice salarial de los funcionarios: una medida que supone unos 2.000 millones de euros de ahorro y que llega después de varios años sin actualización general. Los salarios de los empleados públicos ascendieron a unos 362.000 millones de euros en 2024.
• Menor revalorización de pensiones y recortes en prestaciones sociales.
• Reducción del 23% en el presupuesto de ayudas a la vivienda para 2026, que podría duplicarse en dos años.
• Supresión de 34 millones de euros en ayudas directas a estudiantes, incluyendo recortes en las APL (Ayudas Personalizadas a la Vivienda), que dificultan el acceso a la vivienda en el parque privado.

El propio gobierno reconoce que el déficit debería situarse en torno al 5,4% del PIB en 2026 y reducirse al 5% en 2027, pero los mercados no acaban de creer en la credibilidad de estos objetivos. La razón es simple: ya se han incumplido metas de déficit en tres de los últimos cuatro años.

La calle responde: «No a la austeridad»

La respuesta social no se ha hecho esperar. Las protestas, que comenzaron a finales de septiembre en institutos de las afueras de París, se han extendido por todo el país hasta convertirse en un movimiento nacional.

El 6 de octubre, conocido como «Martes Negro», más de 260.000 personas salieron a la calle en toda Francia —56.000 de ellas en París según el Ministerio del Interior, aunque los organizadores elevaron la cifra hasta 450.000. Profesores, familias, universitarios y sindicatos se sumaron a una movilización que denuncia la falta de profesores, el deterioro de los centros educativos, aulas masificadas y jornadas escolares interminables.

La jornada terminó con 488 detenidos y enfrentamientos en distintas ciudades. Desde el inicio del movimiento, más de 5.000 personas han sido detenidas, la mayoría menores de edad sin antecedentes penales. Un estudiante de la ciudad de Lens perdió una mano tras recoger una granada aturdidora, y otro de Tours perdió la vista de un ojo.

Pero las reivindicaciones van más allá de la educación. Como resume una estudiante de 19 años citada por La Vanguardia: «La Generación Z se levanta y quiere ser escuchada. En lugar de financiar guerras, debería financiar a su propio país».

La gran paradoja: los ricos pagan la mitad

Mientras el ajuste golpea a funcionarios, pensionistas y estudiantes, los datos fiscales revelan una realidad incómoda. Según el economista Gabriel Zucman, profesor en la École d’économie de Paris y en la Universidad de Berkeley, los 1.800 hogares más ricos de Francia disfrutan de un tipo de gravamen real que es la mitad del que soportan las demás categorías sociales —desde las clases populares hasta los cuadros superiores— al incluir el Impuesto sobre la Renta, el IVA y el Impuesto sobre Sociedades.

La concentración de riqueza es extrema: las 500 primeras fortunas francesas poseen 1.200 millones de euros en activos. Y el peso real de los grandes patrimonios en los ingresos del IRPF se ha vuelto marginal. Zucman lo ilustra con un dato demoledor: «Si [los ultrarricos] se marcharan mañana todos a las Islas Caimán, sus facturas fiscales apenas bajarían. Los ingresos fiscales de Francia apenas caerían, en torno al 0,03% del PIB».

Para corregir esta injusticia, Zucman propone la conocida como «tasa Zucman»: un impuesto del 2% anual sobre el patrimonio de las fortunas superiores a 100 millones de euros, que afectaría a aproximadamente 1.800 domicilios fiscales y recaudaría entre 10.000 y 25.000 millones de euros anuales.

La propuesta ha sido recibida con entusiasmo por la izquierda y con hostilidad por parte del centro y la derecha. El multimillonario Bernard Arnault, dueño del emporio LVMH, ha acusado a Zucman de ser «un militante de extrema izquierda» y de querer «echar por tierra la economía francesa». Sin embargo, el propio Zucman ha respondido con ironía: «Yo hubiera preferido que al ‘impuesto Zucman’ lo llamaran el ‘impuesto Arnault’ porque de eso se trata: cómo aplicar la justicia fiscal y lograr que las grandes fortunas paguen la parte que les corresponde».

La evasión fiscal: el agujero negro de las finanzas públicas

Si el impuesto a los ricos es una herramienta poderosa, la evasión fiscal es el agujero que lo vacía. Según estimaciones citadas en la Asamblea Nacional, la evasión fiscal en Francia asciende a entre 80.000 y 100.000 millones de euros anuales, una cifra que supera con creces los 54.000 millones de euros de ajuste que el gobierno busca recortando el gasto social.

Un informe de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional reconoce que Francia carece de una evaluación global oficial de la evasión fiscal, y que las estimaciones realizadas por otros actores —como sindicatos y ONG— evidencian la existencia de un problema real y persistente.

La paradoja es doble: mientras se recorta el gasto social, los medios para luchar contra el fraude fiscal también disminuyen. Los recortes de personal en la Dirección General de Finanzas Públicas han dejado a la administración fiscal sin efectivos suficientes para afrontar un fenómeno que, según el senador Eric Lombard, costaría cada año entre 80.000 y 100.000 millones de euros al Estado.

Alternativas a los recortes: ¿qué se puede hacer?

La pregunta que planea sobre el debate político francés es si existe una salida que no pase por recortar el Estado del Bienestar. Las propuestas sobre la mesa son diversas:

1. La «tasa Zucman» y otras figuras impositivas a las grandes fortunas. Es la propuesta más repetida. Además del impuesto del 2% sobre patrimonios superiores a 100 millones, se plantean impuestos sobre las herencias y sobre los beneficios de las grandes empresas. El partido socialista ha presentado una versión «light» que propone un impuesto mínimo del 3% para patrimonios a partir de los 10 millones de euros. Oxfam France propone reformar el Pacte Dutreil, un dispositivo que permite defiscalizar el 75% de los derechos de sucesión en la transmisión de empresas familiares y cuyo coste para el Estado se estima en 3.000 millones de euros anuales.

2. El emprunt obligatoire (préstamo obligatorio a los más ricos). Ante el rechazo de la tasa Zucman, los senadores socialistas han propuesto un empréstamo obligatorio y no remunerado para los hogares más acaudalados: aquellos con más de un millón de euros de renta anual o 10 millones de patrimonio. El dispositivo afectaría a unos 20.000 hogares y recaudaría entre 5.000 y 6.000 millones de euros a tipo cero. Los críticos lo consideran «confiscatorio» y advierten que podría provocar exilio fiscal.

3. Lucha frontal contra la evasión fiscal. La CGT y otras organizaciones estiman que la evasión fiscal asciende a 90.000 millones de euros anuales. La propuesta pasa por contratar más agentes para la inspección fiscal —cada uno puede recuperar entre 1 y 2 millones de euros al año— y eliminar los nichos fiscales que permiten a los más ricos reducir drásticamente su factura.

4. Eficiencia del gasto público. No se trata de recortar, sino de reasignar. Francia tiene el gasto público más alto de la UE en relación con su PIB (57,3%), pero con resultados en educación y salud que a menudo están por debajo de la media. La idea es revisar el gasto para eliminar despilfarro y redirigirlo hacia prioridades reales donde la educación es clave.

5. Condonación de parte de la deuda. La propuesta más radical, defendida por Jean-Luc Mélenchon, es que el Banco Central Europeo cancele una parte de la deuda francesa. Sin embargo, esta idea ha sido duramente criticada por el Banco de Francia y el BCE, que la consideran «ilegal, peligrosa e inútil», ya que violaría los tratados europeos y dispararía la desconfianza de los mercados.

Francia camina por una cuerda floja. La combinación de deuda récord, déficit persistente, coste de financiación disparado y parálisis política alimenta la narrativa de que el país se asoma a un precipicio financiero. La advertencia del Nobel de Economía Paul Krugman —Francia ha pasado de ser «demasiado grande para quebrar» a «demasiado grande para rescatar»— resume la gravedad de la situación.

Sin embargo, la experiencia francesa demuestra que existe una alternativa a los recortes sociales. La vía fiscal es viable, pero requiere voluntad política y coordinación internacional. El propio Zucman reconoce que su tasa no resolvería todos los problemas: «No va a resolver todos nuestros problemas de finanzas públicas, pero nos permitiría dar un gran paso adelante».

Mientras tanto, en las calles de París, Lyon y Marsella, una generación de jóvenes franceses ha dejado claro que no está dispuesta a pagar la factura de una crisis que no provocó. La pregunta ya no es si Francia puede permitirse gravar a los ricos, sino si puede permitirse no hacerlo.

Puesto	Nombre / Familia	Sector / Empresa	Fortuna estimada
1	Bernard Arnault y familia	Lujo — LVMH	121.200 M €
2	Familia Hermès	Lujo — Hermès	114.000 M €
3	Alain y Gérard Wertheimer	Lujo — Chanel	95.000 M €
4	Françoise Bettencourt Meyers	Cosmética — L’Oréal	69.700 M €
5	Rodolphe Saadé y familia	Transporte marítimo — CMA CGM	31.500 M €
6	Xavier Niel	Telecomunicaciones — Free (Iliad)	30.100 M €
7	Familia Dassault	Aeronáutica y defensa — Dassault	27.700 M €
8	Gérard Mulliez y familia	Distribución — Auchan, Leroy Merlin, Decathlon	27.000 M €
9	François Pinault y familia	Lujo — Kering	19.200 M €
10	Emmanuel Besnier y familia	Alimentación — Lactalis	14.200 M €

El Ciudadano