El gobierno francés, liderado por el primer ministro Sébastien Lecornu, ha solicitado a las principales operadoras de telecomunicaciones del país prepararse para suspender temporalmente el acceso a plataformas como TikTok, Instagram, Snapchat y X, en un intento por contener la ola de protestas que sacude al país desde mediados de octubre. El Gobierno de Francia planea bloquear el acceso a redes sociales para desmovilizar la organización social, según informes recientes sobre sus medidas.
El Ciudadano
La información, revelada por el medio digital de investigación francés Blast, se basa en una carta fechada el 22 de octubre y dirigida a los máximos responsables de Orange, SFR, Free y Bouygues Telecom. Según el documento, el objetivo es poder bloquear el acceso a estas aplicaciones mediante el filtrado de sus nombres de dominio (DNS) «en caso de reincidencia de violencias urbanas», una medida que, según el propio primer ministro, tendría una duración de «algunas horas» y se activaría de cara a las movilizaciones previstas para el fin de semana del 24 y 25 de octubre. La revelación de esta carta ha tenido lugar en un clima de fuerte tensión social, marcado por una jornada de movilización el sábado 17 de octubre que derivó en graves disturbios y que se saldó con más de un millar de detenidos.
Las razones de la cólera social en Francia
Lejos de ser un estallido repentino, las protestas que han llevado al gobierno a considerar el bloqueo de redes sociales son la expresión de un profundo y acumulado malestar social. El detonante inicial de la convocatoria del 17 de octubre fue la protesta contra la «vida cara» (la vie chère), un rechazo frontal a la inflación y, de manera muy particular, a la escalada del precio de los carburantes. A este descontento económico se le han sumado otras muchas capas de indignación.
El movimiento de los «chalecos amarillos» (gilets jaunes), que saltó a la palestra en 2018 por motivos similares, ha vuelto a la carga, pero esta vez lo hace de la mano de una nueva generación. La movilización de los estudiantes de secundaria (lycéens), que comenzó semanas antes denunciando la falta de profesores, el deterioro de los centros educativos y el funcionamiento de la plataforma de acceso a la universidad, ha sido clave para relanzar la protesta. A ellos se han unido sindicatos de trabajadores, personal sanitario, bomberos, agricultores e, incluso, activistas climáticos, configurando un frente social amplio y heterogéneo.
La organización de este movimiento ha sido, en gran medida, descentralizada y ha tenido lugar en el propio terreno digital. Según ha trascendido, la coordinación se ha articulado a través de grupos de mensajería cifrada como Telegram, donde los manifestantes compartían mapas interactivos con cientos de puntos de bloqueo y convocatorias. Es precisamente esta capacidad de organización y viralización en el entorno digital lo que el gobierno de Lecornu busca neutralizar con la medida revelada.
El documento y la letra pequeña de la medida
La carta de Lecornu no solo pide a los operadores que se preparen, sino que detalla las condiciones técnicas de la suspensión. El primer ministro solicita que el bloqueo se realice mediante el filtrado de DNS, que sea «lo más selectivo posible» y que no introduzca distorsiones entre las distintas compañías telefónicas. Además, el documento especifica que la medida podría decidirse durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre «en función del contexto operativo», y pide a las empresas anticipar las operaciones técnicas para poder ejecutar el bloqueo «sin demora».
Sin embargo, la petición gubernamental se topa con varios obstáculos. Por un lado, las operadoras han expresado sus «reservas» al ejecutivo, argumentando que carecen de la capacidad técnica para implementar un bloqueo de tal magnitud en un plazo tan corto. Por otro lado, la medida se enfrenta a un serio escrutinio legal. El precedente más inmediato es el bloqueo de TikTok en Nueva Caledonia durante los disturbios de 2024, una decisión que el Consejo de Estado francés anuló en abril de 2025 por considerar que constituía una «intromisión desproporcionada» en la libertad de expresión. El alto tribunal aclaró entonces que solo se puede recurrir a una medida de este tipo en «circunstancias excepcionales», si es «indispensable» y por un tiempo estrictamente limitado, y siempre que no existan medios alternativos menos restrictivos.
Con la sombra de ese fallo planeando sobre la nueva petición, el gobierno de Lecornu intenta ahora anticiparse a una nueva espiral de violencia, buscando en el control del espacio digital la herramienta para desactivar la capacidad de convocatoria de un movimiento social que, a pesar de los intentos de bloqueo, no muestra signos de agotamiento.
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