Denuncian que visita a sede de Barcelona es un acto de propaganda

Guardias civiles españoles investigan presuntos financiamientos al independentismo catalán

Durante cinco horas, los funcionarios revisaron documentación en un acto al que fueron convocados medios de comunicación, a pesar de que es una decisión el cierre de la oficina, que es investigada por supuesto financiamiento de observadores internacionales en el marco del referéndum del 1° de octubre

Por Tatiana Villegas

12/04/2018

Publicado en

Mundo

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Agentes de la Guardia Civil española visitaron este jueves las oficinas del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), organismo dedicado a la promoción de la causa independentista en el exterior, mientras un ex funcionario denuncia que se trata de un “acto de propagada pura y dura” del gobierno español para demostrar poder ante el hecho de que el viernes quedaran cerradas dichas oficinas, cuya disolución está pendiente desde diciembre, cuando el Consejo de Ministros acordó su liquidación con base en el artículo 155 de la Constitución.

“A mí me suena una operación de propaganda…(…) ¿qué buscan exactamente? No lo sé. Todo lo que pudieron haber conseguido se lo llevaron en anteriores visitas”, señaló Martin Estruch, el antiguo jefe de comunicación del Diplocat, en declaraciones a la prensa.

La operación se enmarca en la causa que instruye el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga a altos cargos del Govern por los preparativos del 1° de octubre. Los agentes que se dirigieron a la sede de “Diplocat” en Barcelona solicitaron información sobre la supuesta contratación y pago  a observadores internacionales durante el referéndum convocado para consultar la independencia de Cataluña.

Durante años, la “Diplocat”  promovió  la causa secesionista en el exterior de la mano de la consejería de Asuntos Exteriores dirigida hasta octubre por Raül Romeva, hoy preso en Estremera.

El pasado 27 de octubre el gobierno español anunció la supresión del organismo y procedió a cerrar todas las oficinas , señaladas por el gobierno español como “embajadas de la Generalitat” en el extranjero, excepto la de Bruselas por su relación con la Unión Europea, y liquidó a sus trabajadores. Posteriormente, el 31 de octubre la Moncloa destituyó al secretario general del organismo, Albert Royo.

El gobierno español señaló que el “Diplocat” fue la joya de la corona de la Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña y denunció que el gobierno catalán gastaba 12 millones de euros a año en mantener abiertas 15 oficinas en el mundo.

La partida de que disponía el gobierno catalán para promover el independentismo era de 40 millones de euro anuales, con lo que financiaba también sueldos de servicio exterior y viajes, entro otras actividades.

 

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