El expresidente colombiano Álvaro Uribe compareció este lunes ante el tribunal, juzgado por soborno a testigos y fraude procesal. Esta audiencia marca el inicio de la fase defensiva del juicio, que ha sido dilatado sistemáticamente por su equipo legal.
Uribe, señalado de manipular el sistema judicial para encubrir sus vínculos con el paramilitarismo, fue el primer testigo llamado por su propia defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados. En su declaración, negó haber ofrecido beneficios a testigos encarcelados para favorecer sus causas legales.
Durante la audiencia, el exmandatario rechazó las interceptaciones telefónicas presentadas por la Fiscalía como prueba de su implicación. “No tengo relación con ningún tipo de soborno o manipulación de testigos”, declaró Uribe, en un intento por desmarcarse de los cargos que enfrenta desde 2018.
No obstante, la evidencia recogida por la Fiscalía ha sido considerada contundente por analistas y organismos judiciales, al punto que en 2020 la Corte Suprema de Justicia le dictó arresto domiciliario. Esta medida fue tomada cuando aún era senador, lo que evidenció la gravedad de las acusaciones.
La defensa, con una estrategia basada en el retraso procesal, busca ganar tiempo hasta octubre, mes en el que el caso podría prescribir. Para ello, han incurrido en acciones como la recusación de la jueza, una táctica legal que apunta a diluir responsabilidades a través de tecnicismos.
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Uribe también afirmó que sus abogados visitaron cárceles no para sobornar, sino para recabar información sobre presuntos sobornos dirigidos contra su hermano. Sin embargo, su justificación refuerza la narrativa de una red de intereses que busca proteger a su círculo cercano de investigaciones por nexos con el paramilitarismo.
Fotografía: Redes
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