La justicia boliviana volvió a emitir una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, tras un fallo que revoca la decisión anterior de una jueza que había anulado el proceso en su contra por un presunto caso de trata de una menor. Esta resolución fue impulsada por el juez de La Paz, que dejó sin efecto la decisión tomada por la magistrada Lilian Moreno, de Santa Cruz.
El ministro de Justicia, César Siles, celebró el fallo y afirmó que “no solamente se mantiene la orden, sino que queda vigente el proceso, la imputación, la jurisdicción y el juez”. En declaraciones a Bolivia TV, Siles calificó de “aberrante” el fallo anterior y destacó que «afortunadamente se restableció el estado de derecho».
La decisión judicial ha sido interpretada por Morales como parte de una estrategia del gobierno para impedir su participación política. En sus redes sociales, el exmandatario señaló que esta medida refleja la «desesperación» del gobierno de Luis Arce, al que acusa de manipular el aparato judicial para proscribir su candidatura presidencial.
“Al pueblo boliviano le aseguro: mi libertad está garantizada”, declaró Morales, quien anunció una marcha en La Paz el próximo 16 de mayo, en la que formalizará su inscripción como candidato para las elecciones del 17 de agosto, en busca de un cuarto mandato.
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La reactivación del proceso ocurre en un contexto de alta tensión entre Morales y el gobierno actual, ambos pertenecientes al Movimiento al Socialismo (MAS), pero enfrentados políticamente. Para amplios sectores, estas acciones judiciales refuerzan las sospechas de instrumentalización del sistema judicial con fines políticos.
Fotografía: Redes
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