miércoles, abril 8, 2020

Las normas internacionales que violó Ecuador al expulsar a Assange

La ira por el caso que lo tiene bajo la mira de la justicia por sospechas de corrupción, denominado «INA Papers», y la sumisión a los dictámenes de Estados Unidos inscribieron este jueves al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en la lista de aquellos que violan la Constitución de su país y las normas internacionales para complacer a un imperio.

El rumor empezó a sonar con más fuerza desde la semana pasada, tras algunos indicios que se reflejaron a finales de 2018, hasta que este jueves se concretó la expulsión del fundador de Wikileaks, Julian Assange, de la Embajada ecuatoriana en Londres.

Innumerables han sido las reacciones tras la detención del australiano a manos de la policía británica por una solicitud de extradición de Estados Unidos. Si se revisa el proceder de la administración ecuatoriana en este caso, varios fueron los principios que se violaron al dejar en bandeja de plata a Assange para que Washington aplique su venganza por las revelaciones del portal.

El golpe a la Constitución

Las imágenes que dieron la vuelta al mundo mostraron que la policía británica entró a la embajada de Ecuador, lo que significa que vulneró su territorio.

Además, como denunció el expresidente Rafael Correa, Moreno violó la Constitución ecuatoriana donde se garantizan los derechos fundamentales de sus ciudadanos y Assange es uno de ellos, pues recibió la nacionalidad en 2018.

En su artículo 25, la Carta Magna ecuatoriana establece: «En ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador».

Sin importar la CIDH ni la ONU

Para el excanciller ecuatoriano Guillaume Long, esta decisión de Moreno es una «vergüenza nacional» y un «error histórico».

En varios mensajes que publicó en su cuenta de Twitter, explicó que, con esta actuación, Moreno violó «el principio de ‘no devolución’ del asilado, un principio fundamental de protección de los DD. HH. consagrado en el derecho internacional».

En el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (ONU), se establece que: «Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas».

En el artículo 32 esa norma señala que «los Estados Contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se halle legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público» y «la expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, formular recurso de apelación y hacerse representar a este efecto ante la autoridad».

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Otra de las violaciones que denunció Long fue la de la opinión 54/2015 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.

En ese documento, aprobado en su 74º período de sesiones (del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015), el grupo se refirió a la situación en que se encuentra Assange y determinó que era víctima de una detención arbitraria, categoría III.

De acuerdo con dichas clasificaciones, esa categoría se da «cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario».

 

 

Finalmente, el excanciller mencionó que el Gobierno de Quito pasó por encima de la Opinión OC-25/2019 de la Corte Interamericana de DDHH y la Resolución MC-54-19 de la CIDH de marzo de 2019, que obliga al Ecuador a «no deportar, devolver, expulsar, extraditar o remover de otro modo» a Assange de la sede diplomática.

Ya desde 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había comunicado al Estado Ecuatoriano la opinión consultiva sobre la figura del asilo y su reconocimiento como derecho humano.

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El documento se hizo público la noche del jueves 12 de julio del 2018 y, en ese momento, la Corte concluyó que la concesión y alcance del asilo diplomático debe regirse por las propias convenciones de carácter interestatal que lo regulan y por lo dispuesto en las legislaciones internas y que los Estados tienen la facultad de otorgarlo o no, como expresión de su soberanía, reseñó El Comercio.

En esa oportunidad, la CIDH aclaró que los Estados de acogida bajo cuya jurisdicción está la persona que ha solicitado protección en una sede diplomática tienen la obligación de «adoptar medidas positivas en cuanto a la evaluación individualizada del riesgo, tales como la celebración de una entrevista personal, la realización de una evaluación preliminar del riesgo de devolución, así como la adopción de medidas adecuadas de protección, incluyendo aquellas contra la detención arbitraria».

«El derecho a buscar y recibir asilo se encuentra configurado como un derecho humano a buscar y recibir protección internacional en territorio extranjero, incluyendo con esta expresión el estatuto de refugiado según los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas o las correspondientes leyes nacionales y el asilo territorial», reiteró el organismo el año pasado.

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