Lawfare en Francia: miles de ciudadanos dicen «No» al juicio político contra Mélenchon

El pasado sábado 7 de septiembre miles de ciudadanos franceses suscribieron una denuncia publicada como un manifiesto público contra el uso de la guerra judicial (lawfare) como técnica de persecución política que es utilizada en decenas de países para cercenar el derecho democrático a la elección popular de líderes con amplio reconocimiento en las sociedades que exigen cambios en sus modelos políticos.

El manifiesto fue difundido por el periódico parisino “Le Journal du Dimanche” y en Internet, contó además con la firma de reconocidos líderes sociales y dirigentes políticos que se sumaron a la denuncia del uso ilegítimo de proceso de instrumentalización de la justicia para eliminar a competidores políticos.

Los antecedentes de estos casos tienen en la historia reciente a víctimas y victimarios en América Latina. Así han sido los casos de varios presidentes y expresidentes latinoamericanos como Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Rafael Correa, Cristina Fernández, Fernando Lugo, entre muchos otros; quienes han sido derrocados, perseguidos y encarcelados manipulando las leyes con base en pruebas infundadas.

Así es el caso de Jean-Luc Mélenchon en Francia y los líderes del movimiento ciudadano “La France Insoumise” (LFI), quienes son protagonistas de una guerra y persecución judicial que encabeza el presidente Emmanuel Macron en su contra.

A Mélenchon lo intentan procesar, tal como ocurrió con Lula da Silva en Brasil, sin pruebas. Algunos medios aliados a la derecha francesa han intentado deslegitimar la denuncia de persecución judicial contra el líder de LFI, al decir que no se le juzga como perseguido político sino por «rebelde».

Pero lo que llama la atención es que en el documento que firman miles de personas del planeta están nombres como los de dos premios Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Mokhtar Trifi, así como también activistas de derechos humanos pertenecientes a instituciones serias o reconocidas por la ONU, entre muchas otras.

Justamente, lo lamentable de estos casos de guerra judicial es que todos al final reúnen un mismo objetivo: eliminar a los competidores políticos, y eso precisamente necesita el desgastado Macron, envuelto en una Francia llena de protestas masivas que exigen su renuncia y con uno de los niveles de popularidad más bajos de la historia, producto de sus arbitrarias medidas económicas.

A esto también se suma el marcado tratamiento represivo judicial contra los Chalecos Amarillos, los casos de los líderes sociales como Zineb Redouane, Steve Maia Caniço, Geneviève Legay y Antonin Bernanos; las denuncias de los obstáculos democráticos hechos por comisionados de derechos humanos, con más de una decena de muertos y más de 4.000 heridos; situación que obliga a revisar cómo funciona el estado de justicia y el estado de derecho en Francia.

Secuestran el debate político en los tribunales

En la carta publicada y firmada por miles de activistas que se manifiestan contra la guerra judicial, se destaca que el proceso de lawfare es utilizado para distorsionar el papel de las elecciones libres y, además, para secuestrar el debate político.

«La justicia no debe ser usada como arma de violencia política. Sin embargo, esto se ha convertido hoy en caso corriente en casi todas las partes del mundo. Desde ya, con la criminalización de los lanzadores de alerta, los sindicalistas, los activistas ambientales y los participantes en protestas arrestados arbitrariamente, los derechos de los ciudadanos han estado retrocediendo significativamente», cita parte de la carta difundida.

Agrega el texto: «El mantenimiento del orden liberal le cuesta muy caro a la democracia. En este punto, ya se está cruzando un umbral. Esto es lo que se llama la táctica del «Lawfare». Se trata de una instrumentalización de la justicia para eliminar a los competidores políticos. Los lawfare comienzan con denuncias no probadas, se extiendne mediante obsesivas campañas de denigración y obligan a sus víctimas a interminables justificaciones sin objeto alguno. Luego, el acoso sigue con prisión y multas. Los lawfare secuestran los debates políticos en los tribunales. En fin, distorsionan el papel de las elecciones que ya no son realmente libres».

En ese contexto, el documento hace mención a los muchos ejemplos de lawfare.

«Citemos en América del Sur, al Lula brasileño, quien fue condenado sin pruebas y se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales. Su ‘juez’, Sergio Moro, se ha convertido, desde entonces, en el Ministro de Justicia del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. Pero también el ecuatoriano Rafael Correa y la argentina Cristina Fernández son perseguidos sin tregua. En África, el mauritano Biram Dah Abeid fue encarcelado por una denuncia sin pruebas retirada después de varios meses de prisión. Y de nuevo, el abogado Massoum Marzouk, opositor del régimen de Al Sissi, encarcelado por cargos antiterroristas falaces», acota el texto.

En ese sentido, los firmantes llaman a la cooperación internacional para la resistencia a la judicialización de la política y hacen mención al reciente caso de Mélenchon en Francia.

«En Europa, podemos mencionar al francés Jean-Luc Mélenchon, quien fue acusado sin pruebas y está procesado por rebelión, o el líder ruso Sergei Oudaltsov, del Frente de Izquierda, condenado a cuatro años de prisión por organizar protestas antigubernamentales. En Asia, el líder camboyano Kem Sokha, encarcelado durante un año con el fin de privarlo de participar en las elecciones legislativas de 2018 o el acoso judicial en Filipinas contra la senadora Leila de Lima, figura de la oposición al presidente Duterte».

Las voces contra la judicialización de la política son cada vez más: grupos de abogados, funcionarios religiosos como el papa Francisco, personalidades de la defensa de los derechos humanos, sindicalistas, políticos, académicos, entre otros, piden vigilar y denunciar este tipo de operaciones, independientemente de sus afiliaciones políticas.

«Llamamos a la cooperación mundial de las resistencias jurídicas. Pedimos que se denuncie ante la opinión pública a los gobiernos y a los magistrados como el juez Sergio Moro de Brasil, que aceptan desempeñar este papel nocivo contra las libertades individuales y políticas», agrega la misiva.

Macron busca judicializar a la oposición

En su reciente gira por Latinoamérica, Mélenchon, líder de oposición al gobierno de Macron, excandidato presidencial en 2017, actualmente diputado por Marsella y Presidente del Grupo Parlamentario de LFI en el parlamento francés, denunció que el juicio instruido en su contra, dos diputados y dos militantes de LFI constituye un caso flagrante de “guerra judicial” aplicado en Francia contra la oposición democrática.

El juicio contra ellos se desarrolló durante dos días (19 y 20 de septiembre) en el Tribunal de Bobigny, cerca de París, y los jueces deberán rendir su veredicto el 9 de diciembre de 2019, cita un documento enviado a El Ciudadano por parte de LFI.

Los acusados debieron enfrentar cargos por supuesta “hostilidad y rebelión” hacia las autoridades -policías y procuradores- que procedieron a allanar, en octubre de 2018, la sede de LFI con un despliegue desproporcionado de fuerza pública -más de 100 efectivos policiales movilizados a nivel nacional- que allanaron simultáneamente el domicilio personal de Mélenchon, la sede del “Parti de gauche” -partido de izquierda- y el domicilio de decenas de exasistentes parlamentarios de Mélenchon en el Parlamento Europeo.

Si bien la Fiscalía trató de limitarse a los hechos alegados, es decir, la supuesta obstrucción a la justicia, la violencia contra una persona depositaria de autoridad y la rebelión, la defensa se centró en las causas que condujeron a esta situación de conflicto, en particular, las numerosas irregularidades cometidas durante el registro, como la presencia de un medio de televisión que filmó durante todo el allanamiento con una parcialidad impresionante. Las acusaciones, de hecho, se basaron enteramente en esta filmación parcial e ilegal.

Entre algunos logros de la defensa de Mélenchon están: que no se aplazara el juicio, que se autorizara la visualización completa de los 44 minutos de vídeo y no los dos minutos que se mostraron imparcialmente en todos los canales de televisión; además se demostró que nadie se oponía al registro, que la operación era en realidad un montaje político bajo las órdenes del Ministro de Justicia y que nadie faltó el respeto a la policía. Un agente de policía que había afirmado haber sido objeto de violencia lo negó durante la audiencia.

«El abogado de los policías, considerado un tenor del colegio de abogados, se dedicó solo a insultar a Jean-Luc Mélenchon y Manuel Bompard, y, en general, a todos los insumisos, en una actitud permanente de provocación, sin ser llamado al orden por el presidente de la audiencia, quien se mostró bastante parcial en la conducción del debate», cita el escrito.

El recurso utilizado por la Fiscalía, de proceder a allanamientos simultáneos con un despliegue de fuerzas policiales es algo absolutamente inusitado en Francia, pues esos procedimientos excepcionales son reservados exclusivamente al desmantelamiento de bandas violentas del crimen organizado y a las redes de narcotraficantes. Su uso discrecional en un caso de investigación sobre una organización política de oposición democrática no puede ser interpretado sino como un abuso de poder marcado por un sesgo político deliberado y destinado a destruir la imagen de La Francia Insumisa y de su líder ante la opinión pública.

«Los policías actuaron bajo las órdenes de dos procuradores de la Fiscalía que, en Francia, es un organismo subordinado jerárquicamente al Ministro de Justicia, en este caso, Nicole Belloubet, nombrada por Emmanuel Macron», agrega el texto de LFI.

Este juicio, posterior a los allanamientos, no tiene nada que ver con los motivos de las investigaciones iniciales que recaían sobre Mélenchon y La Francia Insumisa, iniciadas por denuncias irresponsables de algunos individuos. Tiene que ver exclusivamente con los hechos acaecidos durante el allanamiento en la sede de LFI, que fueron marcados por una serie de irregularidades del procedimiento judicial y por una actitud de obstrucción deliberada de la policía a permitir la presencia legalmente obligatoria de los responsables del local (la sede de la LFI) durante todo el desarrollo del registro.

Detalles del lawfare contra los insumisos

Durante la audiencia, en los interrogatorios cruzados a policías y acusados, ha quedado en evidencia que los momentos de supuesta violencia de Mélenchon no fueron tales, sino apenas un ofuscamiento ruidoso que fue filmado por un medio televisivo que no tenía ninguna autorización legal para hacerlo.

La obstrucción de los agentes policiales motivó la reacción indignada del diputado, quien, alzando la voz, increpó a los policías invocando su calidad de parlamentario, de responsable legal del lugar y su derecho a entrar sin ser “tocado” por ningún agente del estado, con el fin de impedírselo.

«¡La República soy yo!» exclamó Mélenchon, aludiendo a la inviolabilidad de su persona física y a su derecho legal a penetrar al recinto. Las imágenes de esos momentos fueron utilizadas luego, fuera de contexto, por la televisión y la prensa, para mostrarlo durante casi un año como un energúmeno, pero sin mostrar el resto de los 40 minutos filmados en los cuales el líder insumiso aparece calmado, ayudando al desarrollo del allanamiento y asegurándole a los policías que nada violento se haría en contra de ellos, explica el documento.

Todos estos elementos, puestos en su verdadero contexto, han salido a relucir en las audiencias ante el tribunal y han dejado al descubierto, por un lado, que la Fiscalía orquestó, sin justificación alguna, una forma de proceder extremadamente violenta y autoritaria, en la cual los policías se verían expuestos a las protestas legítimas de los allanados; y por otro lado, que los medios se manifestaron desde el inicio como cómplices de esta iniquidad antidemocrática.

«El hecho de que LFI haya contraatacado de manera ejemplar en la lucha política de estos dos días, denunciando el juicio como un caso flagrante de lawfare, produjo una reacción simétrica entre el Gobierno y los medios: esta vez fueron ellos quienes se ofuscaron y se sintieron obligados, en tanto defensores del sistema y del “orden” neoliberal, a levantar una barricada de desmentidos pudorosos, presentándose como las víctimas agredidas ante la evidencia de la obcecada parcialidad de los procuradores teleguiados por el Gobierno.

«Para probar que el sesgo premeditado que está inscrito en las venas de los medios, basta comprobar que no se ha visto en la televisión ni en la prensa ningún intento periodístico serio para analizar objetivamente la cuestión central en este caso: el de las razones profundas que llevaron a la Fiscalía a escoger una forma de intervención y pesquisa tan desproporcionada y provocadora, con sus múltiples allanamientos simultáneos y sus órdenes contradictorias a los ejecutores policiales, manifiestamente destinadas a crear confusión e incitar a los allanados a reaccionar indignados. La discrecionalidad en el uso del método policial desproporcionado es un tema sistemáticamente silenciado, obviado y reducido a la calidad de acontecimiento banal que no merece el menor esfuerzo de estudio ni explicación», agrega LFI.

Esta “omerta” (ley del silencio) sobre el origen, la causa primera del incidente contrasta con la profusión de artículos y comentarios televisivos que se orientan ahora a reprochar a Mélenchon un temperamento demasiado explosivo e inadecuado, según ellos, para una figura “presidenciable”.

«He aquí el verdadero objetivo de toda la operación de guerra judicial, en un juicio político, que a falta de poder obtener ameritadamente una sanción a la altura de la gravedad de la acusación (el delito de rebelión puede ser castigado con hasta 10 años de cárcel, inelegibilidad y multas enormes), llevó a la Fiscalía a solicitar para él a penas una sanción de “tres meses de prisión con libertad condicional” y una multa “de 10.000 euros”, como manera de tapar la evidencia de haber presentado un caso vacío de todo comienzo de prueba de culpabilidad.

Ya ni siquiera es necesario insistir en mostrar evidencias del contubernio gobierno/fiscales/medios en torno a la táctica del lawfare, como fue el hecho de denunciar que uno de los procuradores contra Mélenchon mantuvo relaciones de “intercambio sobre prácticas judiciales” con el juez Moro de Brasil, responsable de la condena y encarcelamiento de Lula (cuestión silenciada por los medios, como era de esperar). El “delito de Lawfare” se configura por sí solo ante la mirada de cualquier observador imparcial. Más que los jueces del tribunal de Bobigny, será al pueblo francés quien juzgará, a la larga, de qué lado se encuentra la verdadera justicia.

Todo esto es una clara demostración de que desde hace más de un año se trata de una manipulación mediática y judicial destinada a desacreditar a La Francia Insumisa y a sus representantes. }Finalmente, hemos abogado por exigir que se detenga la escalada de agresiones del Macronismo hacia nuestro movimiento y solo esperamos que se haga justicia. Al salir de la sala, Jean-Luc Mélenchon concluyó con estas palabras: «Nos temen porque nosotros no tenemos miedo», y luego, citando a Cyrano de Bergerac, añadió: «Nada me hará renunciar al honor de ser el blanco de sus ataques” (…) ¡Resistencia!».

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