En una medida que marca un giro radical en la política migratoria de Estados Unidos, el presidente Donald Trump suspendió el sistema de asilo apenas horas después de asumir su segundo mandato el pasado 20 de enero. La decisión, presentada como parte de una ofensiva más amplia contra la inmigración ilegal, ha sumido a miles de solicitantes de asilo en un futuro incierto y expuesto a peligros, según organizaciones de derechos humanos, abogados y defensores de migrantes.
La administración Trump justificó la suspensión del asilo bajo el argumento de enfrentar una supuesta “invasión” en la frontera sur, una declaración que ha sido duramente cuestionada por grupos legales y que actualmente enfrenta varias impugnaciones en los tribunales federales. El gobierno sostiene que su proclamación no está sujeta a revisión judicial por tratarse de una “cuestión política”, mientras que activistas, encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), califican la medida como “ilegal y sin precedentes”.
Desde la entrada en vigor de estas restricciones, abogados especializados en asilo denuncian que el proceso se ha convertido en un laberinto opaco sin reglas claras, en el que migrantes de países como Eritrea, Pakistán, Rusia o Guatemala son detenidos, deportados o enviados a terceros países sin posibilidad de presentar su caso formalmente ante un juez.
La política también ha obligado a Estados Unidos a recurrir a acuerdos con países como Costa Rica y Panamá para retener temporalmente a migrantes deportados mientras se gestiona su traslado a sus países de origen, lo que ha generado críticas sobre el uso de estas naciones como “puentes” migratorios.
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Mientras tanto, los cruces fronterizos no autorizados, que habían alcanzado cifras récord durante la administración Biden, han disminuido drásticamente desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, más de 200 personas siguen siendo detenidas a diario en la frontera sur, muchas de ellas en condiciones que abogados denuncian como irregulares y violatorias de las convenciones internacionales de derechos humanos.
Mientras el futuro legal de la política migratoria de Trump se disputa en los tribunales, miles de migrantes viven una realidad marcada por la desesperación y la incertidumbre.
Foto: Redes
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