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Presidente filipino reta a la Corte Penal Internacional a condenarlo a la horca

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, retó a la Corte Penal Internacional (CPI) a condenarlo a la horca, días antes de que el país abandone formalmente el Estatuto de Roma, constitutivo de ese tribunal de La Haya.

Quizás algún día esos idiotas de la CPI decidan colgarme, en ese caso estaré contento de ir y colocar yo mismo la soga“, señaló el mandatario el jueves 14 de marzo en un acto de campaña al norte del país asiático.

El pronunciamiento de Duterte lo hace días antes que se haga efectiva la salida de Filipinas de la CPI, lo cual será el domingo 17 de marzo, cuando se cumple un año de la notificación formal a la ONU.

Acusaciones contra Duterte

En la CPI existen dos demandas interpuestas contra el presidente Duterte por crímenes de lesa humanidad, debido a presuntas “ejecuciones extrajudiciales”.

La demanda fue presentada por el abogado Jude Sabio, en nombre de su representado Edgar Matobato, sicario arrepentido de los “escuadrones de la muerte de Davao”, quien confesó haber matado bajo las órdenes de Duterte en las dos décadas que éste fue alcalde de esa ciudad, para acabar con drogadictos, criminales y opositores.

Duterte ha insistido en que el tribunal no tiene jurisdicción sobre Filipinas, ya que, si bien firmó el Estatuto de Roma en el año 2000 y lo ratificó el Congreso en 2011, el mandatario esgrime que ese último paso no es válido porque no figura en la Gaceta Oficial, por lo que desestima cualquier posibilidad de que se abra una investigación contra él.

Filipinas defiende guerra contra las drogas

El ministro de Exteriores de Filipinas, Teodoro Locsin, defendió este viernes “la guerra contra las drogas” de su Gobierno. Ademásm criticó a las ONG defensoras de los derechos humanos por “denigrar” a su país.

“Con la guerra contra las drogas, Filipinas renueva su compromiso con la responsabilidad del Estado de proteger, ante todo, a quienes cumplen la ley frente a quienes la incumplen”, declaró el ministro durante su intervención en la Comisión de Estupefacientes de la ONU.

Según el jefe de la diplomacia filipina, su estrategia de mano dura ha hecho que más de 1,4 millones de consumidores de drogas hayan comenzado un tratamiento y la criminalidad haya bajado un 30 %.

La Policía filipina calcula que han muerto unas 5.000 personas, aunque grupos civiles y ONG internacionales elevan la cifra a más de 20.000 y acusan directamente a las fuerzas de seguridad por la campaña de asesinatos.

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