Senador insiste en la desclasificación de archivos secretos sobre el 11-S

Dos iniciativas del senador estadounidense Rand Paul podrían terminar con políticas heredadas por la administración Bush: la desclasificación de 28 páginas censuradas del informe investigativo sobre el 11-S y los esfuerzos por detener el uso de la Ley de Autorización de Empleo de la Fuerza Militar de 2001 para dirigir operaciones en Siria e Irak.

Según publica Steve Watson, Paul ha sido la cabeza de lanza del movimiento que promueve la fiscalización del contenido del documento secreto sobre los ataques del 11 de septiembre de 2001, que apuntarían a la responsabilidad de autoridades de Arabia Saudita en el financiamiento de los terroristas que participaron en la acción.

Justamente, para que dichas conclusiones vieran la luz, el parlamentario republicano ingresó un proyecto de modificaciones a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) a 60 días de la dictación de dicho cuerpo legal por el presidente Barack Obama.

Paralelamente, el Senado en su conjunto se ha mostrado a favor de apoyar las gestiones de familiares de las víctimas de los atentados para demandar a países acusados de asistir a los culpables de dichos actos masivos de violencia, sin embargo, la propuesta ha sido rechazada por Obama.

“Si los saudíes no participan en terrorismo, nada tienen que temer sobre llegar a la corte. Si es que lo hicieron, deben rendir cuentas”, dijo el senador demócrata Charles Schumer.

La CIA se ha opuesto a otorgar publicidad a los documentos. Su director, John Brennan, ha manifestado que ello pondrá en riesgo “métodos sensibles” y “acciones de investigación” usadas por el gobierno.

La segunda idea de Rand Paul es detener los operativos de fuerzas estadounidenses en Medio Oriente bajo la Ley de Autorización de Empleo de la Fuerza Militar, que se basa en argumentos “inciertos” de la cabeza máxima de EEUU para enviar tropas militares a la guerra.

En una columna, Paul manifestó que debe ser el Congreso el que autorice acciones bélicas en el extranjero, tal como dice la Constitución, y no hacerlo el presidente de manera inconsulta.

El republicano advirtió que excesos como éste, que incumplen el debido proceso, podrían seguir ocurriendo bajo una eventual gestión de Hillary Clinton o Donald Trump a la cabeza del gobierno, a menos que se introduzcan cambios urgentes.