Los diez integrantes de la misión humanitaria Global Sumud Maghreb, con rumbo a Gaza, continúan secuestrados en Libia del Este, y su detención ha sido extendida por 30 días adicionales en Bengasi, mientras sus familiares alertan sobre el deterioro psicológico que experimentan como consecuencia del encierro,
La alerta se encendió este miércoles tras una nueva comunicación telefónica que mantuvieron Lucas Aguilera y Paula Giménez, los dos ciudadanos argentinos detenidos arbitrariamente en Libia del Este desde el 24 de mayo. Si bien los voluntario, que se desempeñan como directores de investigación de Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL), reportaron estar físicamente estables, describieron un “gran deterioro psicológico” producto de los 19 días de aislamiento, incertidumbre absoluta y presión constante.
El sufrimiento de permanecer privados de libertad en esas condiciones –explicaron sus familias– opera como un desgaste que vulnera gravemente su salud mental y física.
Desde NODAL señalaron que la conversación profundizó la preocupación ante un escenario de indefensión jurídica total. No hay información oficial verificable ni explicaciones claras sobre los procedimientos judiciales a los que están siendo sometidos por las autoridades de Libia oriental. Esta situación, denunciaron los allegados, constituye una violación sistemática a las garantías fundamentales del debido proceso y al derecho internacional humanitario
.Lucas Aguilera, Paula Jiménez y los otros ocho voluntarios: Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Alicia Armesto Núñez (España), Domenico Centrone (Italia), Leonarda Alberizia (Italia), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Lauro Kwoczala (Polonia), Ashraf Khoja (Túnez) y Jenelle Jones (Estados Unidos) continúan reclamando acceso pleno a asistencia legal efectiva, un derecho que les ha sido negado desde el primer día.
Según relataron los propios detenidos durante la llamada, quienes los custodian les informaron que permanecerán al menos 30 días más encerrados mientras avanza una “investigación en curso”. Esta decisión, subrayaron, desde NODAL «habría sido comunicada sin la asistencia efectiva de los abogados que actualmente intentan acceder a verlos para intervenir en su defensa y en un contexto donde las personas detenidas continúan reclamando acceso pleno a garantías procesales básicas».
La extensión se suma a la primera prórroga que ya habían sufrido, y llega después de que los voluntarios realizaran una huelga de hambre de más de cuatro días –gracias a la cual lograron la primera llamada del 4 de junio– y gracias también a la presión masiva de la solidaridad internacional.
Demandan más gestiones diplomáticas e intervención humanitaria inmediata
En el plano diplomático, representantes consulares de España e Italia realizaron nuevas visitas en los últimos días, incluida una gestión italiana el pasado 10 de junio.
Sin embargo, tanto los familiares como los integrantes de NODAL exigen un trabajo más decidido por parte de la Cancillería Argentina y de todos los gobiernos involucrados.
“La protección de los ciudadanos en el exterior es una obligación urgente e indelegable”, sostuvieron, al tiempo que destacaron que se activaron denuncias ante la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para forzar una intervención humanitaria inmediata.
«Exigimos la inmediata liberación de Lucas, Paula y la totalidad de los voluntarios detenidos. Exigimos también una visita humanitaria urgente con asistencia médica independiente, el fin del aislamiento y el hostigamiento psicológico, y que los gobiernos actúen de forma coordinada en el lugar de los hechos. “No vamos a normalizar que sigan encerrados. Cada mensaje, cada denuncia en las calles y en las redes es la fuerza que los sostiene”, advirtieron desde NODAL.
Recordaron que tanto Lucas como Paula y el resto de los ocho voluntarios «continúan privados de su libertad por haber participado en una iniciativa civil y humanitaria orientada a facilitar el ingreso de asistencia médica, alimentos y ayuda de emergencia para la población palestina de Gaza!
Desde la Flotilla Global Sumud, organizadora de la caravana humanitaria que pretendía romper el asedio a Gaza, ratificaron que estos diez civiles entre los que figuran médicos, trabajadores humanitarios, un cineasta y un periodista no deben seguir un día más privados de su libertad.
«Cada día adicional de detención incrementa la responsabilidad política de las autoridades que los mantienen retenidos y de los gobiernos que tienen la capacidad de intervenir», afirmaron.
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