La xenofobia de los gobiernos está por echar abajo la libre circulación por Europa

Los grandes medios europeos hablan de una crisis migratoria en Europa. Los datos los contradicen: desde comienzos de 2018 han llegado a Europa muchos menos migrantes que en los años anteriores: de enero a mediados de junio, unas 54.300 personas, frente a las 100.000 de enero a finales de junio de 2017 y los 240.000 que arribaron en ese mismo periodo en 2016, según datos la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Pero la agenda sobre el «problema» de los migrantes fue colocada en el tope del debate de los gobiernos europeos y quizás esconde otros asuntos, por ejemplo, una crisis económica para la que se buscan justificaciones externas, grupos conservadores afanados por imponer una agenda que les permita crecer en votación.

En Italia, con el discurso de la presunta crisis migratoria, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte lograron hacerse con el gobierno. Con sus acciones desataron un huracán que pone de relieve la poca valoración que dan los gobiernos europeos a la vida humana, sobre todo si esas vidas proceden del llamado «tercer mundo».

Alemania, la capitana de la Unión Europea no se ha quedado atrás. Para mantenerse en el gobierno, la canciller Ángela Merkel decidió dar un paso adelante en el cierre de sus fronteras. El hecho resquebraja por completo, uno de los principios de la comunidad, la libre circulación de personas por el llamado espacio de Schengen, llamado así por la localidad de Luxemburgo donde se firmó el tratado.

Schengen se extiende a lo largo de 26 países; más de 400 millones de personas pueden viajar libremente por un territorio que supera los cuatro millones de kilómetros cuadrados. Todo ello podría desaparecer debido al acuerdo migratorio de los conservadores alemanes.

El territorio de libre circulación de personas en Europa está en peligro

El acuerdo del desacuerdo

Según el texto pactado en Berlín, la noche del lunes, de escasos tres párrafos, aquellas personas en busca de asilo que estén registradas en otro país de la Unión Europea serán expulsadas. En los casos en que ese país sea uno con el que Alemania tenga un acuerdo bilateral, como España, serán enviados allí directamente. En caso contrario, serán devueltos al país por el que entraron: Austria.

La relación entre la CDU de Merkel (Unión Democrática Cristiana) y la CSU (Unión Socialcristiana) de Seehofer -presente únicamente en el rico Estado federado de Baviera-, que comparten grupo parlamentario en el Bundestag y han mantenido su alianza desde 1945, nunca había vivido un momento tan crítico. El acuerdo ha solventado (temporalmente) sus disputas, pero no ha sentado bien al otro lado de la frontera.

La Unión Europea de las disputas

El Gobierno de Austria ya anunció que “protegerá” sus fronteras. En caso de que se activen las devoluciones, “nos veremos obligados a tomar medidas para evitar desventajas para Austria y su pueblo”, aseguró el Ejecutivo de Viena en un comunicado.

El canciller austríaco, Sebastian Kurz, insistió en esta idea a través de su cuenta personal en Twitter. “Tras el acuerdo entre CDU y CSU, ahora esperamos una rápida clarificación de la posición alemana por parte del Gobierno Federal. Austria está preparada para cualquier escenario y responderá de forma pertinente, sobre todo en nuestra frontera sur”.

Merkel salvó su gobierno pero golpeó la unidad europea, o por lo menos, la de sus mandatarios. El texto acordado expresa la palabra “Zurückweisung” (rechazo), para referirse a aquellas personas en busca de asilo ya registradas en otro país europeo, o “migración secundaria”, como reza el pacto.