Congreso de Guanajuato rechaza despenalización del aborto y perpetúa violencias estructurales

En una decisión que ha desatado fuertes críticas a nivel nacional, el Congreso de Guanajuato volvió a rechazar —por segunda ocasión— la propuesta de despenalizar el aborto, evidenciando un preocupante desprecio por los derechos humanos, la evidencia científica y las recomendaciones internacionales en materia de salud pública.

Con 19 votos en contra frente a 17 a favor, las y los legisladores de la mayoría conservadora ignoraron no sólo la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que calificó como inconstitucional la criminalización del aborto, sino también las voces de miles de mujeres, organizaciones feministas y colectivos locales que han exigido durante años un cambio legal que reconozca su derecho a decidir.

La negativa llega en un contexto alarmante: entre abril de 2007 y junio de 2024, al menos 560 mujeres guanajuatenses se vieron obligadas a trasladarse a la Ciudad de México para acceder a una Interrupción Legal del Embarazo, lo que pone en evidencia una política excluyente que margina a quienes no pueden desplazarse por razones económicas o geográficas. Mientras tanto, sólo en este año, más de 4 mil niñas y adolescentes han sido madres en el estado, incluyendo 122 menores de entre 10 y 14 años, cifras que delatan fallas estructurales en la prevención del embarazo infantil, muchas veces vinculado a violencia sexual.

Lejos de responder con seriedad a esta crisis, el Congreso optó por una postura regresiva, amparada en prejuicios ideológicos y religiosos que nada tienen que hacer en un Estado laico. La penalización del aborto no ha evitado que este ocurra, sólo lo ha empujado a la clandestinidad, cobrando vidas y perpetuando la desigualdad.

Organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, y Católicas por el Derecho a Decidir, entre muchas otras, han condenado enérgicamente la decisión, calificándola como una traición a los compromisos constitucionales e internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

A pesar de que dos terceras partes del país han avanzado en la despenalización del aborto, Guanajuato se mantiene como uno de los bastiones más resistentes al cambio, aferrado a una visión que castiga la autonomía reproductiva y perpetúa la discriminación legal por razones de género, clase y territorio.

La gravedad no es menor: entre 2012 y 2022, se registraron más de 2,400 carpetas de investigación por el delito de aborto a nivel nacional; de esas, 209 corresponden a Guanajuato, lo que refleja el uso punitivo del sistema de justicia contra mujeres y personas gestantes.

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Lo sucedido en el Congreso no es una mera votación legislativa; es una afrenta directa a los derechos, la dignidad y la salud de miles. Es también un recordatorio de que, en pleno 2025, en Guanajuato sigue pesando más el dogma que la justicia, más el castigo que la empatía, y más el control que la libertad.

Mientras tanto, la lucha feminista no cesa. Colectivas, acompañantas, organizaciones civiles y ciudadanas siguen sosteniendo en las calles y en los tribunales una demanda que no es ideológica, sino profundamente humana: el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, sin miedo, sin criminalización y sin obstáculos.

Fotos: X

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