El TEPJF argumentó que no tiene competencia para intervenir, ya que las decisiones sobre las candidaturas fueron tomadas de manera “soberana” por los Comités de Evaluación y avaladas por los tres Poderes de la Unión. La decisión fue respaldada por los magistrados Felipe Fuentes, Mónica Soto y Felipe de la Mata.
Las denuncias fueron promovidas por Sochil Arell Martín y otros actore, quienes cuestionaron la idoneidad de los candidatos Job Daniel Wong Ibarra, Cinthia Teniente Mendoza, Madián Sinahí Menchaca Sierra y Betzabeth Almazán Morales. La principal objeción: su vínculo con líderes de La Luz del Mundo y la presunta falta de buena reputación.
En el caso de Wong Ibarra, se denunció que es ministro de culto, lo cual está prohibido por el Artículo 130 de la Constitución mexicana. A su vez, Teniente Mendoza es actualmente presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato, lo que también representa un impedimento constitucional.
Pese a las denuncias, el TEPJF rechazó las impugnaciones por haberse presentado después de que el procedimiento de selección concluyó. Según el fallo, “los listados controvertidos se generaron a partir de información derivada de etapas ya concluidas de las que no es posible retrotraer sus efectos”.
El Senado de la República ya había enviado las listas de candidatos al INE desde el 12 de febrero, tras la aprobación de los Comités de Evaluación. Con esto, el Tribunal señaló que “el procedimiento se encuentra cerrado” y que sus decisiones “ya no son revisables”.
Este fallo ha generado preocupación entre sectores que defienden la separación entre Iglesia y Estado, principio fundamental del laicismo constitucional en México. La inclusión de figuras cercanas a grupos religiosos con historial de escándalos pone en duda la imparcialidad del proceso judicial y evidencia la falta de mecanismos efectivos de control ciudadano sobre estas designaciones.
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