La administración del presidente Donald Trump ha lanzado una ofensiva frontal contra el tráfico de armas hacia México, con nuevas medidas que endurecen la vigilancia fronteriza y permiten procesar con mayor severidad a los involucrados, al considerar a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
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Durante una conferencia de prensa realizada en Arizona, Brendan Iber, agente especial de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), aseguró que la instrucción directa del gobierno es aplicar “mano dura” para frenar el flujo ilegal de armas que alimenta la violencia de los cárteles en ambos lados de la frontera.
Guadalupe Ramírez, director de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), subrayó que se utilizarán todas las herramientas disponibles para impedir que estas armas lleguen a “organizaciones terroristas designadas en México”. Ramírez advirtió que el tráfico de armas constituye no solo una violación fronteriza, sino un acto de apoyo al terrorismo que amenaza la seguridad nacional.
La estrategia se enmarca en la orden ejecutiva 14157, firmada por Trump el pasado 20 de enero, mediante la cual se designó a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua como grupos terroristas, abriendo así un nuevo abanico legal para procesar a quienes colaboren con ellos en delitos como tráfico de armas, lavado de dinero o trata de personas.
Ray Rede, agente especial adjunto de Investigaciones de Seguridad Nacional, enfatizó que el tráfico de armas representa un crimen grave que intensifica la violencia fronteriza, por lo que llamó a reforzar la coordinación entre agencias para desmantelar las redes responsables. “Las armas de fuego robadas o adquiridas a través de testaferros representan una amenaza sustancial para la seguridad pública”, afirmó.
Además del combate al tráfico de armas, las autoridades destacaron que el reforzamiento fronterizo ha permitido interceptar actividades criminales relacionadas con el secuestro de menores, tráfico de drogas, robo de vehículos, delitos financieros y migración irregular.
La fiscal general Pam Bondi, en coordinación con el Departamento de Estado, reafirmó el compromiso del gobierno federal para atacar este problema desde su raíz, afirmando que Estados Unidos no permitirá que su territorio sea plataforma para abastecer a bandas delictivas en el extranjero.
Con estas medidas, la administración Trump busca no solo frenar el tráfico ilegal de armas, sino redefinir el combate al crimen organizado transnacional bajo una perspectiva de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo.
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