Grupo de Puebla condena persecución judicial contra Gobierno de Petro

El comunicado critica la insistencia de Barbosa y Cabello en relacionar la gestión gubernamental colombiana con asuntos judiciales persistentemente

Grupo de Puebla condena persecución judicial contra Gobierno de Petro

Autor: Lizzette Vela

Grupo de Puebla respaldó al presidente colombiano Gustavo Petro frente a lo que consideran una campaña de judicialización de la política dirigida por el fiscal general Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello.

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En un comunicado conjunto, destacados líderes progresistas como los expresidentes Ernesto Samper y Rafael Correa, así como congresistas y exministros de varios países de América Latina y España, expresaron su preocupación por las acciones legales que, según ellos, buscan dañar la imagen del gobierno de Petro y distraer a la justicia de asuntos más urgentes.

El comunicado denuncia la persistencia de Barbosa y Cabello en vincular la gestión gubernamental de Petro con asuntos judiciales, calificó esta estrategia como un claro intento de politizar la justicia.

Los firmantes argumentan que esta persecución judicial no sólo afecta la reputación del presidente Petro, sino que también socava la democracia en Colombia y desvía recursos judiciales que podrían utilizarse para abordar la criminalidad relacionada con el conflicto armado.

Además, el Grupo de Puebla advierte sobre el impacto negativo que estas acciones pueden tener en la imagen internacional de Colombia, presentándolo como un Estado donde las instituciones no son respetadas.

Entre los firmantes se encuentran destacadas figuras políticas de la región, incluyendo expresidentes, excandidatos presidenciales y legisladores, lo que subraya el alcance regional de la preocupación por el estado de la democracia y el sistema judicial en Colombia.

El comunicado concluye instando a las autoridades colombianas a garantizar la independencia del poder judicial y a centrarse en la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, evitando así que la justicia se utilice como un instrumento político en detrimento de la democracia y el estado de derecho.

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