Más de 200 jueces de Distrito y magistrados de Circuito que optaron por retirarse de la contienda electoral para ocupar cargos en el Poder Judicial demandaron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) garantizar el pago de las indemnizaciones constitucionales que les corresponden por haber dejado sus funciones a raíz de la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Los impartidores de justicia entregaron una solicitud formal al CJF en la que pidieron que se haga un cálculo individualizado de los montos que deben recibir como compensación. Además, requirieron que se les entreguen constancias oficiales de reconocimiento por su trayectoria y un registro oficial de quienes renunciaron a participar en las elecciones judiciales extraordinarias previstas para 2025 y 2027.
Este grupo de jueces y magistrados retirados busca que el Estado mexicano cumpla con lo establecido en la reforma, la cual prohíbe a los jueces cesados volver a ejercer la abogacía por un periodo de dos años, por lo que consideran indispensable que se les compense debidamente.
Desde la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), se ha manifestado preocupación por la forma en que el gobierno actual ha gestionado los fondos destinados a cubrir estos pagos, señalando que se han realizado movimientos financieros sin el aval legal correspondiente y en aparente contravención al artículo Décimo Transitorio de la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre de 2024.
Ese artículo establece que los pagos por concepto de indemnización, gastos médicos, prestaciones laborales, y otros beneficios deben salir de los fideicomisos del Poder Judicial, los cuales, según denunciaron, fueron transferidos a la Tesorería de la Federación sin la autorización del CJF. Esta acción habría violado los contratos fiduciarios y ha sido objeto de suspensiones judiciales que deberían haber impedido tales movimientos.
Los jueces y magistrados retirados hicieron énfasis en que su trayectoria fue producto de un riguroso sistema de evaluación meritocrática, y que la reforma judicial eliminó garantías esenciales para su independencia, como la inamovilidad en el cargo. Alegan que se vieron orillados a abandonar sus puestos debido a que el nuevo modelo de elección popular de jueces vulnera la esencia de un sistema judicial autónomo y profesional.
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En suma, exigen que se respete el marco legal vigente y que se garantice el cumplimiento de los derechos adquiridos por años de servicio, en medio de una reforma que, según ellos, pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial en México.
Foto: Redes
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