El poblado de La Ciénega, en el municipio de Pitiquito, Sonora, vivió por años bajo un dominio total de células delictivas ligadas al Cártel de Sinaloa, específicamente La Chapiza, quienes tomaron el control de minas de oro, ranchos ganaderos y caminos rurales. De acuerdo con asesores en seguridad minera, esta facción llegó a generar hasta 1.6 millones de dólares al mes mediante la extracción ilegal de minerales.
Durante este periodo, las comunidades rurales fueron violentamente despojadas de sus tierras, y decenas de familias ganaderas y agrícolas fueron obligadas a huir tras amenazas, agresiones y saqueos. El impacto social fue devastador: desplazamiento forzado, pérdida de medios de vida y colapso económico local.
“Todos los procesos económicos de la zona se habían visto afectados; muchas fuentes de empleo fueron perjudicadas y, por consiguiente, la inversión”, declaró Víctor Hugo Enríquez García, secretario de Seguridad Pública de Sonora.
El gobierno estatal respondió en 2023 con operativos de recuperación que incluyeron patrullajes, vigilancia aérea, intervención de comunicaciones y aseguramiento de propiedades tomadas por el crimen. Según Enríquez García, hasta ahora se han recuperado 42 ranchos y dos minas, incluyendo La Ciénega, intervenida oficialmente en septiembre de 2024 con apoyo de 200 elementos de seguridad.
Detrás de la fachada minera, operaba una red criminal que en 2019 expulsó a la empresa legal RM La Esperanza y tomó control de la zona. Además de la explotación minera, las actividades delictivas se expandieron al tráfico de drogas, armas, dinero e incluso personas migrantes, aprovechando los caminos despoblados del desierto sonorense.
El municipio de Pitiquito, de más de 11 mil kilómetros cuadrados, se encuentra en una región estratégica por su cercanía a la frontera y su aislamiento geográfico, lo cual ha sido aprovechado por grupos delictivos para establecer corredores de tráfico hacia Estados Unidos.
Hoy, gracias al restablecimiento de vigilancia permanente y presencia de fuerzas estatales, la actividad productiva comienza a reactivarse. Autoridades reportan que entre el 35 y 40 por ciento de los ganaderos han regresado a sus tierras. Sin embargo, la recuperación de las minas legales tomará más tiempo.
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Uno de los propietarios de ranchos recuperados, que pidió mantenerse en el anonimato, denunció que perdió 700 cabezas de ganado y sufrió múltiples agresiones durante el control criminal de su propiedad. Su testimonio es un recordatorio del alto costo humano que pagaron quienes habitan esta región olvidada por años.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal ha reforzado los corredores productivos y fronterizos, con la promesa de continuar los operativos para desmantelar células delictivas y prevenir el resurgimiento de la violencia en la región.
Fotografía: Redes
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