Ejidatarios de Corcovada resisten el intento de despojo de 500 hectáreas por parte de una empresa ligada a Grupo Salinas. Denuncian amenazas, presiones y el uso de empresas fantasma para apropiarse de tierras con yacimientos minerales.
Defensa del territorio ante intereses extractivistas
En el corazón del altiplano potosino, la comunidad ejidal de Corcovada resiste el embate de CEMAT Constructions, empresa vinculada a Grupo Salinas, que busca apropiarse de 500 hectáreas de terrenos de uso común. La intención: construir una planta cementera que, según denuncian los ejidatarios, es la antesala de una mina a cielo abierto para extraer oro, mercurio y plata.
“Ellos compran lo que quieran y a quien se interponga, lo sacan del camino”, fue la amenaza que recibió un integrante del comité de defensa del ejido, tras negarse a vender su tierra, según relató a La Jornada.
Empresas y funcionarios, en un entramado de opacidad y presión
Aunque la empresa se presentó como constructora, su acta constitutiva incluye actividades mineras. CEMAT fue registrada en 2024 como resultado de una fusión entre Cemento Atlas y Alejandro Espinosa Olliver, abogado de Grupo Salinas. Su consejo de administración está plagado de perfiles ligados a intereses mineros y a empresas del magnate Ricardo Salinas Pliego, como Elektra y TV Azteca.
Funcionarios públicos como Javier Muñoz Quintana, director de Minería del estado, también han aparecido en el ejido para presionar la venta, en lugar de garantizar los derechos de los campesinos.
El patrón que se repite: despojo disfrazado de desarrollo
En Corcovada se repite el mismo patrón visto en otras regiones: promesas de infraestructura, dinero en efectivo, “bonanza” para el pueblo y luego amenazas, divisiones internas y estrategias jurídicas para desplazar a los legítimos dueños.
Según Francisco Gutiérrez Aguilar, miembro del grupo de defensa del ejido, la comunidad fue engañada inicialmente con un supuesto proyecto de perforación. Pero tras la toma de muestras geológicas, nunca se cumplieron los acuerdos, y en cambio comenzó una ofensiva para comprar el terreno a cinco pesos por metro cuadrado, que luego aumentó a 12.50 pesos tras la negativa de la mayoría.
Actualmente, solo 60 de los 197 ejidatarios están dispuestos a vender, mientras el resto se organiza para impedir cualquier despojo. La Procuraduría Agraria y la SEDATU intervinieron recientemente para evitar una asamblea irregular con la que se pretendía aprobar la venta de las tierras.
«La comunidad está despertando», dice otro ejidatario. «Los jóvenes se están uniendo, porque saben que si vendemos, no sabremos qué quedará después”.
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Amenazas, intentos de cooptación y violencia psicológica
Uno de los testimonios más duros señala que, tras negarse a aceptar dinero o un cargo público, un habitante fue intimidado por presuntos operadores ligados al narcotráfico, quienes le advirtieron que “así como en Sinaloa, aquí también podían desaparecer a quien estorbara”.
A pesar del miedo, la resistencia se mantiene, impulsada por la convicción de que el territorio es herencia de lucha campesina y no puede ser entregado al capital minero sin enfrentar graves consecuencias sociales y ambientales.
La Jornada / Pie de Página
Fotografía: Guardianes de la Sierra de San Miguelito.
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