Licencia para atracar

En 1982 la gestión de José López Portillo, con su causa de devaluaciones, excesos e insuficiencias petroleras, atrocidades policiacas y devaneos amorosos presidenciales había terminado, para dar lugar a una pretendida política reparatoria denominada Renovación moral. Sólo que el nuevo régimen, a cargo de Miguel de la Madrid, se estaba curando en salud, al entrar en vigor una nueva disposición legal, el fuero constitucional; una reforma a los artículos 108 y 111 mediante la cual los altos funcionarios de la federación obtendrían inmunidad procesal, lo que quiere decir que ningún diputado o senador podría ser detenido por la policía aunque cometiera una falta o incluso un delito o un crimen. Se aclaraba que, para ser procesados deberían ser sometidos previamente a un juicio político, por los miembros del Congreso de la Unión que son los únicos que pueden suspender su inmunidad. Esto último ofrece una puerta de escape a los infractores de la ley: diputados y senadores están en la posibilidad de “absolver” a sus correligionarios mediante sus votos. Y en última instancia los grandes infractores siempre pueden esconderse o huir del país unos días u horas antes de que termine su gestión, como también vergonzosamente ha ocurrido.

¿Quiénes son los servidores públicos que hoy gozan de este privilegio? Desde luego diputados y senadores, pero también gobernadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministros de tribunales y presidentes municipales, actualmente, un total de 1,855 servidores públicos, lo que prueba que, contrario a lo que se dice, no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.

Debe aclararse que en los inicios del actual régimen el presidente envió una iniciativa de ley tendente a eliminar el fuero constitucional, incluso para él mismo. En la Cámara de diputados la iniciativa fue aprobada y se envió al Senado para su ratificación o rectificación. Ahí se hizo caso omiso de la evidente mala utilización del recurso para encubrir a funcionarios delincuentes y se alegó que sin el fuero se dejaba abierta la posibilidad de que se les inculpara por sus ideas o actividades políticas con lo cual “en aras de la democracia” se modificó la iniciativa eliminando el fuero únicamente al presidente, quien no sólo había enviado la iniciativa original, sino que se pidió se incluyeran en ella los actos de corrupción y los delitos electorales, señalando que “la corrupción es la principal causa de la desigualdad que el país padece, y por ello, es necesario desterrarla y abolir la impunidad”.

Los resultados de estas decisiones están a la vista. Funcionarios del más alto nivel, como el exgobernador de Tamaulipas, o el fiscal del estado de Morelos, en los meses recientes, eluden por este procedimiento enfrentar a la justicia. También suele suceder que las fiscalías inhiban su actuación ante transgresiones evidentes de malos funcionarios públicos, previendo que su acción será infructuosa ante el manto protector del fuero constitucional.

Es una vergüenza que, disimuladamente, nuestras instituciones extiendan a sus autoridades licencia para atracar.

Foto: Archivo El Ciudadano

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