Liliana, Denisse y Esther Ortiz: polémica por tres hermanas con cargos públicos

Liliana, Denisse y María Esther Ortiz Pérez, tres hermanas que actualmente ocupan cargos públicos en distintos niveles y partidos políticos en Puebla, se han convertido en el centro de una intensa discusión pública en torno a posibles prácticas de nepotismo, conflictos de interés y responsabilidades administrativas.

Liliana Ortiz, diputada federal por el PAN, ha sido una de las principales voces en responder a las críticas. En días recientes, se pronunció sobre los señalamientos que apuntan a un presunto daño patrimonial de 261.2 millones de pesos durante la administración del exalcalde panista Eduardo Rivera Pérez, periodo en el que ella fungió como presidenta honoraria del DIF municipal. A pesar de la observación realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), la legisladora aseguró estar tranquila y confiada en que las irregularidades señaladas podrán ser solventadas, reafirmando su respaldo a la revisión de cuentas públicas.

De acuerdo con los informes oficiales, la administración de Rivera acumuló 58 observaciones, de las cuales 15 se convirtieron en pliegos de observaciones, con posibles implicaciones legales o financieras. Ortiz ha señalado su agradecimiento por el seguimiento que se le ha dado al caso, y confía en que el proceso aclarará cualquier duda sobre su gestión.

Por otro lado, su hermana Denisse Ortiz atrajo atención nacional al tomar protesta como senadora suplente por el Partido del Trabajo (PT), en el ámbito local, María Esther Ortiz, regidora del Ayuntamiento de Puebla por Movimiento Ciudadano (MC), ha denunciado presuntos actos de violencia política en razón de género, por parte de un regidor de Morena.

Frente a los cuestionamientos públicos, la diputada panista ha recalcado que no existe una estrategia política familiar, pues las tres militan en partidos diferentes y no participan en un mismo proyecto electoral o de gobierno.

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No obstante, la coincidencia de tres hermanas en cargos públicos dentro del mismo ámbito geográfico, aunque en partidos distintos, alimenta una narrativa difícil de ignorar sobre el posible uso de redes familiares como capital político. En este contexto, atribuir toda crítica a violencia política de género puede desviar la atención de una discusión necesaria sobre la transparencia, los privilegios de origen y la ética en el servicio público.

Foto: Redes

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