Red criminal operaba con protección oficial en cuatro entidades
La investigación de la FGR se centra en determinar el grado de complicidad de servidores públicos con la red de huachicol desmantelada este fin de semana, que operaba en el Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Querétaro. Durante rueda de prensa, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch detalló que se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión contra líderes de la organización, entre ellos Cirio Sergio ‘N’ y Luis Miguel ‘N’ alias ‘El Flaco de Oro’.
La propia presidenta Sheinbaum enfatizó que las investigaciones ‘llegarán hasta las últimas consecuencias’ sin proteger a ningún implicado, incluidos posibles funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Esta postura gubernamental surge tras documentarse que la red utilizaba inmuebles oficiales para almacenamiento y contaba con logística protegida por autoridades locales. Los operativos simultáneos en seis municipios permitieron el decomiso de 16 millones de pesos, 48 vehículos (incluyendo unidades blindadas), 36 armas y animales exóticos utilizados como activos de lavado.
El fiscal Alejandro Gertz Manero adelantó que se iniciarán procesos de extinción de dominio sobre los bienes incautados y se investigarán posibles vínculos con redes de huachicol fiscal detectadas en puertos como Tampico, donde recientemente se aseguró un buque con 10 millones de litros de diésel ilegal. La dimensión económica de estas redes criminales queda evidenciada por estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que estiman pérdidas por 9,000 millones de dólares anuales para el erario.
Paradójicamente, mientras las autoridades celebran este golpe al crimen organizado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe crítico hacia Pemex por negligencia en el mantenimiento de ductos, señalando que la falta de inversión en tecnología facilita las tomas clandestinas que han causado tragedias como la de Tlahuelilpan (2019) con 138 muertos.
Organizaciones ambientalistas como Greenpeace México han documentado que cada toma clandestina genera derrames equivalentes a contaminar 7.5 hectáreas de tierra fértil, daño ecológico que rara vez se repara. El combate al huachicol sigue siendo prioritario para el gobierno federal, que en lo que va de 2025 ha decomisado 23 millones de litros de combustible ilegal y clausurado 17 gasolineras cómplices.
El Ciudadano