Puebla ocupa el segundo lugar nacional en número de personas sancionadas por ejercer violencia política de género, de acuerdo con los datos más recientes del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, elaborado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
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El estado acumula un total de 77 personas registradas por este tipo de conductas, siendo superado únicamente por Oaxaca, que encabeza la lista con 150 casos. Le siguen entidades como Veracruz, Tabasco y Campeche, con cifras menores, pero igualmente preocupantes.
Entre los agresores en Puebla, se encuentran exalcaldes de distintos municipios, como el exedil de Acatzingo, Abrahán Martínez Jiménez; Bernardino Aquino Beléndez, de San Antonio Cañada; Edmundo Jesús Ramírez Castillo, de Santiago Miahuatlán; y Omar Artega Ortigoza, de Tuzamapan de Galeana. Estos exfuncionarios han sido señalados por conductas que afectaron directamente los derechos políticos y la dignidad de mujeres que se desempeñan en la vida pública.
Uno de los casos más recientes es el de Pablo Montiel Solana, exasesor del Ayuntamiento de Puebla, quien fue incluido en el registro tras ser sancionado por difundir comentarios que, según las autoridades, reforzaban estereotipos de género al referirse a la apariencia física de una mujer, cuestionando así su capacidad profesional y su legitimidad como figura pública.
Otro nombre que destaca es el del periodista Gerardo Ruiz, quien, tras haber sido sancionado anteriormente, volvió a incurrir en actos considerados violencia política, motivo por el cual fue inscrito nuevamente en el listado nacional.
Un fenómeno preocupante en Puebla es la presencia de violencia política de género en redes sociales, donde el INE ha identificado al menos 58 cuentas digitales que han emitido publicaciones ofensivas contra mujeres en cargos públicos. Muchas de estas publicaciones no sólo se enfocan en descalificaciones personales, sino que también replican patrones machistas, atacando aspectos como el físico de las víctimas y minimizando sus competencias y logros profesionales.
La violencia política de género sigue siendo una problemática estructural que limita la participación equitativa de las mujeres en el ámbito público, y los datos revelados por el INE subrayan la necesidad urgente de atender esta situación con políticas efectivas y sanciones ejemplares.
Foto: El Ciudadano
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