El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que propone la creación de una sola autoridad para gestionar las funciones de competencia económica y regulación de telecomunicaciones, con el objetivo de combatir las prácticas monopólicas y promover el bienestar del consumidor en México.
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En un encuentro con medios de comunicación, Ramírez Cuéllar destacó que la propuesta busca fusionar las competencias de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismos que desaparecieron tras la reforma de simplificación orgánica. La nueva ley, denominada “Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica”, tiene como objetivo consolidar estas funciones bajo una única entidad.
La propuesta también busca asegurar que México cumpla con los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ramírez Cuéllar explicó que, a través de esta reforma, se pretende combatir los altos niveles de control monopólico que, según el legislador, afectan gravemente a los consumidores, especialmente a los más vulnerables. En sectores como la banca, la comercialización de alimentos, la telefonía móvil, la producción de cemento y la distribución de medicamentos, los sobreprecios van del 25% al 30%, lo que genera una fuerte carga económica.
El diputado aseguró que el nuevo organismo sería un órgano descentralizado de la administración pública, con presupuesto y patrimonio propios, que integraría las funciones de regulación de telecomunicaciones y competencia económica, buscando una mayor eficiencia y fuerza en las políticas públicas.
La creación de una «autoridad antimonopólica» es una de las propuestas más interesantes y ambiciosas que se han planteado recientemente para combatir las desigualdades estructurales de la economía mexicana. No obstante, su éxito dependerá de la implementación efectiva de esta nueva entidad y de su capacidad para resistir los desafíos políticos y económicos que acompañan la regulación de los mercados más concentrados del país.
Al final, el objetivo es claro: lograr un México más competitivo, justo y equitativo, donde las grandes empresas no sigan imponiendo su poder sobre los consumidores, sino que exista un equilibrio real que favorezca la innovación, el crecimiento económico inclusivo y el bienestar de todos los mexicanos.
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