La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destruyó 28 artefactos explosivos improvisados en diversas zonas de Michoacán entre el 19 y 23 de mayo, en cumplimiento de una suspensión judicial que exigía acciones urgentes ante el riesgo para la población. Las minas fueron supuestamente colocadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según testimonios de habitantes locales.
La intervención militar ocurrió tras la decisión del juez Sergio Santamaría Chamu, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, quien otorgó una suspensión definitiva solicitada por pobladores. La demanda denunciaba la inacción de las autoridades frente a la siembra de minas terrestres por el crimen organizado.
En el fallo, el juez instruyó a las dependencias federales a ubicar y remover los explosivos, con base en los principios de protección a la vida y los derechos humanos de las comunidades afectadas.
La resolución judicial fue emitida días después de un ataque letal en el que seis militares perdieron la vida y dos resultaron heridos por la detonación de un explosivo casero cerca de la localidad El Santuario, en el municipio de Los Reyes, en la frontera con Jalisco.
“Expresamos nuestras más sentidas condolencias ante el lamentable e indignante fallecimiento de dichos elementos castrenses”, señaló el juez Santamaría Chamu en el acuerdo publicado el miércoles. El juzgador reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en zonas donde la población vive bajo el asedio del crimen organizado.
El juez advirtió que persiste un “riesgo latente” para las comunidades de Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, en el municipio de Buenavista Tomatlán, debido a que los explosivos siguen siendo colocados clandestinamente.
Además, reconoció que el Estado mexicano se encuentra “superado por actos delictivos”, particularmente por el uso sistemático de explosivos en diferentes regiones del estado. Incluso en zonas no contempladas originalmente por la medida cautelar, como Los Reyes, han ocurrido atentados mortales.
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El juzgador también criticó la indiferencia de los gobiernos federal y estatal, y les recordó que están obligados a usar todos los recursos del Estado para proteger la vida de civiles y militares. “Los atentados ya comenzaron a cobrar vidas en otras zonas del estado”, subrayó.
Finalmente, el juez exigió a la presidenta y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que en un plazo de tres días acrediten el cumplimiento de la suspensión definitiva. Esta medida incluye la formulación de un plan nacional de desminado, ante la creciente amenaza del uso de explosivos por el crimen organizado.
La Jornada
Fotografía: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE
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