Sheinbaum propone nueva agencia para la integración del tren como transporte público

En una apuesta clara por fortalecer la rectoría del Estado en sectores estratégicos, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que propone la creación de una nueva Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.

La nueva agencia sustituirá a la actual ARTF (Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario) y será un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Tendrá amplias facultades para intervenir en la planificación, construcción y supervisión de la infraestructura ferroviaria del país.

El objetivo central de la reforma es devolver al Estado el control del sistema ferroviario, tras décadas de abandono y privatización. La propuesta surge como desarrollo de la reforma constitucional de octubre, que reafirmó la propiedad nacional sobre las vías férreas y su operación, especialmente para el transporte de pasajeros.

“La consolidación del sector ferroviario requiere una estructura especializada que coordine eficientemente los proyectos históricos de esta administración”, detalla el documento de la iniciativa.

Entre las funciones clave del nuevo organismo se encuentra la integración del tren con el transporte público urbano, priorizando la accesibilidad, la sustentabilidad y la conexión territorial.

Se propone impulsar proyectos como el México-AIFA-Pachuca, México-Nuevo Laredo, México-Nogales y México-Veracruz, considerados estratégicos para articular regiones y democratizar la movilidad.

La agencia tendrá también atribuciones para vigilar y sancionar a concesionarios, exigiendo pólizas de seguro e infraestructura adecuada para garantizar la seguridad de los usuarios y el mantenimiento de las vías.

Podrá construir directamente nuevas vías férreas, adquirir trenes y emitir recomendaciones técnicas, con enfoque en el bienestar social y el interés público.

El organismo será responsable de administrar el derecho del Estado sobre el uso de las vías férreas, pudiendo otorgar asignaciones o concesiones. Además, apoyará a la SICT en los procesos de licitación pública, para asegurar transparencia y equidad en la expansión ferroviaria nacional.

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La iniciativa plantea un cambio profundo en la política ferroviaria, al proponer una mayor intervención pública, con instrumentos de planeación y supervisión que aseguren la funcionalidad, la equidad territorial y el acceso universal al transporte ferroviario.

Con esta reforma, el gobierno busca que el tren deje de ser un privilegio de pocos y se convierta en un derecho garantizado para todas y todos.

Fotografía: Redes

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