Block 73: el conflicto entre vecinos de Villa Olímpica y la FACh

El block número 73 de la calle Los Jazmines #1506 de la Villa Olímpica de Ñuñoa es el punto de disputa entre el Comité de Vivienda Villa Olímpica y la Fuerza Aérea de Chile (FACh). Los vecinos reclaman que el edificio, propiedad de las Fuerzas Armadas, sea traspasado a Bienes Nacionales para destinarlo a la construcción de viviendas sociales.

Se trata de un terreno que el Estado asignó a la FACh durante la década de los 60 y que tras el terremoto de 2010 quedó inhabilitado. El bloque de departamentos lleva mas de 5 años abandonado por parte de los funcionarios y sus familias, y hoy enfrenta problemas de higiene y seguridad. Ahora la institución prentende ponerlo en venta bajo licitación pública por más de 400 millones de pesos, una cifra fijada tras la tasación del Servicio de Impuestos Internos.

Los pobladores, agrupados en el Comité que reúne unas 30 familias, se encuentran desde hace más de dos años negociando con el Ministerio de Vivienda para que éste adquiera el inmueble ante la necesidad de habitaje social. “La semana pasada nos reunimos con el director de Serviu, quien nos comentó que en este momento el Ministerio no cuenta con los 400 millones necesarios para adquirir el block sobretodo”, señaló a este periódico Beatriz Cifuentes, una de las voceras del Comité de Vivienda de la Villa Olímpica. Y agregó: “Si el Serviu adquiere el terreno, a este valor habría que agregarle todo el costo de reconstrucción, que sube alrededor de los 800 millones”. Una cifra que la representante calificó de “estratosférica” y que “no es financiable a través de políticas de subsidio habitacional”.

Las demandas de los vecinos se libran en diferentes frentes. Aparte de solicitar que pongan el edificio a disposición de Bienes Nacionales, también exigen a la FACh que no especule con el edificio ni lleve a cabo negocios con inmobiliarias privadas: “Está el temor de muchas organizaciones del barrio que el block sea adquirido por algunas inmobiliarias o empresas que se dedican a proyectos de construcción que no tienen ningún respeto por el entorno”, indicó la vocera.

En este sentido, piden el compromiso del nuevo alcalde de la comuna de Ñuñoa, Andrés Zarhi Troy, “de no otorgar ningún permiso de construcción a obras que tengan fines comerciales y niegue la posibilidad de dar solución a la demanda habitacional de las familias”.

Además, apelan a la obligación ética y moral de las Fuerzas Armadas de “hacer un servicio al país” para poner a disposición del Gobierno el edificio con el fin de darle un uso social.

Sin embargo, Beatriz Cifuentes indicó que “lamentablemente ni Serviu ni otro organismo del Estado tiene ninguna facultad para obligar a las Fuerzas Armadas a que se desprendan del inmueble”.

Más allá de solicitar una reunión con el Ministerio de Defensa, el Comité utilizará la mediación del Ministerio de Vivienda para convocar una mesa de negociación con los agentes implicados para plantear posibles soluciones.

Beatriz Cifuentes consideró que “por la parte del Serviu empatizan con la situación y están utilizando las herramientas con las que cuentan”, pero lamentó que “por parte de la FACh todavía no hemos recibido ninguna comunicación”.

En opinión de la vocera, “los ministerios no tienen intención de entrar en conflicto con las Fuerzas Armadas, ni tampoco es nuestra intención –puntualizó-. Confiamos en que los argumentos para que se produzca el traspaso son suficientemente contundentes y que la FACh no necesita este edificio porque tuvo la capacidad de reubicar a su gente cuando el block quedó destruido por el terremoto”. “En casi seis años no ha hecho nada con esa propiedad así que entendemos que aquí lo que hay es un asunto de voluntad, que tiene que ver con el compromiso de la institución con el bien público de la ciudadanía”, añadió.

Meritxell Freixas