Administrador provisional y Mineduc concentran las críticas por eventual cierre de la Arcis

Un nuevo capítulo en la historia de la Universidad Arcis comienza a escribirse luego de la resolución de 4º Juzgado Civil de Santiago del 28 de febrero. Debido a una deuda por  $85.364.324, la jueza María Paula Merino decretó la liquidación forzosa de los bienes de la casa de estudios. Para cumplir esta tarea, la decisión del tribunal incluye la designación de Cristián Herrera como liquidador titular provisional.

«El liquidador titular antes designado deberá proceder a la incautación bajo inventario de todos los bienes de la empresa deudora, sus libros y documentos. Para este objeto se le prestará por Carabineros, el auxilio de la fuerza pública, con la sola exhibición de la copia autorizada de la Resolución de Liquidación», se lee en el fallo.

Sin embargo, el proceso en tribunales tuvo un desarrollo en paralelo al trabajo realizado por el Ministerio de Educación (Mineduc), por lo que la resolución judicial provocó la configuración de un escenario cargado de incertidumbre e interpretaciones cruzadas sobre el destino de la institución educacional fundada en 1982.

Alejandra Contreras.

En entrevista con CNN Chile, la jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, Alejandra Contreras, dijo que la cartera está obligada, a partir del fallo, a iniciar el proceso de revocación de reconocimiento oficial y nombramiento del administrador de cierre. «Por lo tanto, no tenemos una opción, como sí podríamos haber tenido en un escenario más bien de trabajo exclusivo del Mineduc, para definir pasos a seguir en términos de la viabilidad de la institución», afirmó.

A su vez, el presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE) señaló a la misma estación que «aún el tema del cierre no está seguro, ya que si la Universidad presenta una apelación en donde demuestra que hay recursos en curso, se podría deshacer la decisión de aceptar el cierre hasta no estar completamente resuelto el caso en los tribunales, ese es el único posible retardo de la medida».

Pesan los dichos de Delpiano

Para Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis (Feuarcis), el camino de cierre de la casa de estudios comenzó a pavimentarse a inicios de diciembre pasado, cuando la ministra de Educación, Adriana Delpiano, adelantó el eventual futuro del plantel.

«Tendremos que evaluarlo, ver en qué situación se encuentra eso, porque no resultó la venta de un local que permitía sin dudas pagar las deudas, pagarle a los profesores. Habrá que verlo con la propia comunidad si es que se tiene que instalar eventualmente un administrador de cierre de la universidad, si es que ésta no es viable. El Ministerio no está hecho para administrar universidades», sostuvo la secretaria de Estado.

Adriana Delpiano

A esto se suma la condición impuesta por el Mineduc, que exigía 573 matrículas para dar continuidad al proyecto de la Arcis. En este sentido, las declaraciones de Delpiano entorpecían aun más el trayecto a una solución para la casa de estudios y su comunidad universitaria, considerando que fueron realizadas a días del inicio del proceso de matrícula. «Aunque no tenemos las cifras oficiales, sí sabemos que ha sido al fracaso. Quién se va a matricular en una universidad en la cual la ministra de Educación declara que esa universidad será cerrada. Eso causó un daño irreparable a la imagen de la Arcis», sostuvo Sandra Beltrami.

«Ellos (el Mineduc) sabían perfectamente que nadie se iba a matricular en una universidad cuyo cierre anticipado ya había sido anunciado por la ministra de Educación», añadió la dirigenta, quien además es vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), en representación de los planteles privados.

Problemas con la administración provisional

Uno de los reclamos constantes de los estudiantes se dirigen contra el administrador provisional, Patricio Velasco, nombramiento aprobado por el Consejo Nacional de Educación en julio de 2015. Las razones esgrimidas por la representación estudiantil apuntan directamente a su gestión, de la cual dicen que se ha asimilado más a una «administración de cierre», que a un trabajo para dar continuidad al proyecto universitario. Entre las acusaciones de los estudiantes figuran la falta de transparencia y un énfasis en la liquidación de bienes.

Por otro lado, a partir de la decisión del 4º Juzgado Civil de Santiago, el papel del administrador provisional también ha sido puesto bajo la lupa, puesto que desde Feuarcis acusan negligencia en su actuar durante la audiencia que resolvió la liquidación forzosa de los bienes de la universidad.

Patricio Velasco.

«Él asiste a esta audiencia, con un escrito firmado por su abogado, pero no va con él. No utiliza todas las herramientas que la ley le otorga para defender los intereses de la universidad y de la comunidad universitaria», argumentó Sandra Beltrami.

Y agregó: «Esto podría haberse solucionado con anterioridad, porque es público que están en proceso de venta de los bienes inmuebles de la universidad, por lo tanto, en ese sentido, no era necesario llegar al proceso de quiebra, sino que podría haber hecho una transacción extrajudicial con el acreedor con el que existe esta deuda de $84 millones».

Tomando en cuenta todos los antecedentes de la situación, la dirigenta sostiene que el Mineduc debe asumir responsabilidades y más aún luego de la actuación de Patricio Velasco. «Son dos situaciones: o el administrador provisional no notificó al Mineduc que existía esta audiencia o el Mineduc definió que no fuera un abogado. Cualquiera de las dos situaciones son igualmente graves y el Mineduc debe responder por esto».

«El Mineduc quien tiene que garantizar nuestros derechos»

El administrador de cierre, figura creada con la ley 20.800 de diciembre de 2014, debe establecer medidas conducentes a asegurar continuidad del servicio educativo. En este sentido, la normativa estipula que «el administrador de cierre tomará en consideración la situación particular de los y las estudiantes, velando siempre por que se respeten los planes y programas de estudios y el avance académico por ellos alcanzado» y que «los y las estudiantes reubicados, respecto al plantel que los acoja, mantendrán plenamente vigentes los beneficios o ayudas estudiantiles otorgadas por el Estado, tales como becas y créditos como si no hubiesen cambiado de institución de educación superior».

Sin embargo, Sandra Beltrami cree que no hay condiciones para asegurar lo escrito en la ley 20.800. De hecho, en septiembre la vocera Confech llevó hasta La Moneda un proyecto para modificar la normativa, respaldado por los diputado@s Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Sergio Aguiló.

Sandra Beltrami. FOTO: CNN Chile.

«La sentencia establece que dentro de tres días hábiles se puede pedir el cumplimiento. Eso significa que con el auxilio de la fuerza pública, que la misma sentencia lo señala, pueden venir a hacer retiro de los bienes muebles de la universidad (…) Es el Mineduc quien tiene que garantizar nuestros derechos y que tengamos el mobiliario para poder estudiar y para hacer las clases», explicó Beltrami. 

A pesar de las exigencias al ministerio, la presidenta de la Feuarcis anunció que se encuentran estudiando las acciones legales a seguir y que el lunes tendrán más noticias, puesto que continuarán la mesa de trabajo que ya habían inaugurado con el Mineduc.

Por el lado del Gobierno, Alejandra Contreras de la Divesup señaló que esperarán la ejecución de las acciones ordenadas por la justicia y los plazos de apelación, para «recién ahí tomar las decisiones».

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