Caimanes: un conflicto soterrado

Los Pelambres, una mina de posesión de la familia Luksic  – una de las más acaudaladas de Chile – ubicada en el Valle de Choapa, cuyo relave está envenenando a un conjunto de poblados agrícolas de este Valle transversal de la IV Región, a causa de la contaminación de las aguas de vertientes y ríos que, otrora, permitía la sana convivencia entre el hombre y la naturaleza. Con el descubrimiento del escándalo de proporciones insospechadas de Penta-UDI se hace cada día más evidente que los dueños de Chile hacen lo que quieren con los políticos, sean del Parlamento o del Ejecutivo. Sabemos que Penta es la “caja pagadora de la UDI”, como también que los Luksic y otros potentados son también los “San Expedito” de la Concertación,  hoy Nueva Mayoría, – baste citar el “creditazo” otorgado por el Banco de Chile a la nuera de la Presidenta de la República -.

Caimanes, un pequeño pueblo de 2.000 habitantes, que depende del agua de las vertientes del Mauco como medio de supervivencia, ha llevado a cabo una lucha de más de  14 años contra la poderosa minera Los Pelambres, en primer lugar, para impedir de se construya un relave adonde van los residuos tóxicos que amenazan, junto con envenenar las aguas, anegar el pueblo con un aluvión, que constituye un riesgo en una de las zonas más sísmicas del país; en segundo lugar, como ya está operativo por avenimiento acordado entre el Comité de Defensa de la época de la construcción y los representantes de la mina, lograr por medio de un fallo de la Corte Suprema que se paralicen los trabajos del relave y, lo que parece casi imposible, le devuelva las aguas, aunque contaminadas, a la comunidad.

En el comienzo de la lucha, el Comité dirigido por el agricultor Víctor Ugarte, logró que la Corte de Apelaciones anulara el pase ambiental, otorgado por organismos del Estado, durante el gobierno  de Ricardo Lagos Escobar, pero sorpresivamente, en un avenimiento el Comité acordó la anuencia para que los ejecutivos de la mina procedieran a construir el relave. A los pocos días se descubrió que Víctor Ugarte, el principal negociador, había recibido 25 millones de dólares por parte de la mina Los Pelambres, de los cuales 5 millones  serían repartidos, como donación entre algunos miembros del Comité, por “servicios prestados a la causa”. Este prorrateo era bastante desigual, pues unos recibían 100 millones de pesos, mientras que otros, sólo cinco, y un buen porcentaje no recibía dinero alguno. Como se comprenderá, una situación inmoral como esa transformó  al pueblo Caimanes en una verdadera “caldera del diablo”.

La parte sana del pueblo, que se resistía a ser comprada con los dineros de los Luksic, formó un nuevo Comité, presidido, esta vez, por Cristián Flores comprometiéndose bajo documento notarial de no dejarse comprar por este poderoso magnate y los demás ejecutivos y abogados de la minera. Para el efecto, contrataron un estudio de abogados del bufete Ossa y Cía., que llevaron la causa ante los tribunales de La Serena.

A pesar de que los medios de comunicación han guardado cómplice silencio, los habitantes de  Caimanes lograron que la presidenta de la Cámara de Diputados – en esa época, Alejandra Sepúlveda – los visitara y comprobara, en terreno los abusos de la empresa minera, pero la denuncia pasó a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y duerme “el sueño de los justos”,

Desesperados, los pobladores de Caimanes iniciaron una huelga de hambre, en el Colegio de Profesores de Illapel, que duró 81 días, con el riesgo de vida para muchas de estas personas, sobre todo los de más edad.

Los ejecutivos de la mina, junto al fiscal, presentaron una acusación contra los abogados y el jefe del Comité, Cristián Flores, bajo los delitos de prevaricación y asociación ilícita, pero afortunadamente el Juzgado de La Serena sobreseyó a los imputados de todas las acusaciones.

El departamento especializado en medio ambiente  de la PDI o otros toxicólogos comprobaron el alto grado de toxicidad de las muestras de  aguas tomadas en el pueblo de Caimanes – en algunos casos, como el caso del mercurio, más del 1.000% superior a lo normal.

En el mes de octubre de 2014  los abogados de los pobladores lograron un fallo en contra del relave, pero han transcurrido casi cuatro meses y aún no se vislumbre el acatamiento y cumplimiento del fallo.

Los pobladores comprometidos con la causa  han ocupado la carretera que conduce al tranque y, el domingo 8 de febrero, el ministro Rodrigo Peña y Lillo, siguiendo el mal ejemplo de sus antecesores durante el gobierno de Sebastián Piñera, tomó la opción de la represión utilizando las Fuerzas Especiales contra ciudadanos movilizados, cuyo único objetivo es no seguir siendo envenenados por el yacimiento de  uno de los dueños de Chile.

Rafael Luis Gumucio Rivas