Carta abierta a Michelle Bachelet por paro de funcionarios de Atacama

Señora Michelle Bachelet Jeria:

Mi nombre es Bruno Andrés Tapia Acuña, tengo 18 años y me doy el gusto de escribirle estas palabras.

Comienzo esta misiva diciéndole que estoy más que convencido de que usted tiene la capacidad como para comprender los parámetros de caro-barato. No voy a atacar su manejo económico y pasaré por alto su capacidad de liderazgo en medio de la crisis política que hoy remece a su clase; yo voy a hablarle de mi lugar de procedencia.

Escribo esto a propósito del paro de funcionarios públicos iniciado el pasado uno de marzo en respuesta al no cumplimiento del protocolo para la asignación del bono Atacama, el que comenzó durante el pasado año y fijaría un monto mensual con base en los resultados de un estudio para el costo de la vida en la región. Existía en el protocolo una cláusula que afirmaba que de no realizarse el estudio específico el monto se mantendría igual al año anterior (estamos hablando de ochenta mil pesos mensuales para este caso).

FOTO: José Manuel Gutiérrez Bermedo

El incumplimiento del protocolo fue al cancelarse la asignación con los resultados de un estudio a nivel nacional en vez del pactado en el protocolo, el que a su vez no se realizó. El estudio, de forma sospechosa y frustrante, arrojó a la Región Metropolitana como la más cara de Chile —si la memoria no me falla, así era—. Cabe mencionar que eso es una mentira: la región más cara para vivir es la región de Antofagasta, pero eso es “harina de otro costal”.

Según un estudio del INE —cuya plataforma digital no me ayudó para encontrarlo—, Atacama no es una región tan cara para vivir y se canceló la asignación del bono a funcionarios públicos, cuyos sueldos distan bastante del de los trabajadores del sector minero. Sueldos muy visibles que inflan bastante el promedio, por lo demás.

Hoy me encuentro estudiando en Santiago pero, ¿sabe usted de dónde vengo? ¿Sabe realmente qué es Atacama?

Vengo de Copiapó, la capital de Atacama, una de las ciudades afectadas por el aluvión del 25 de marzo del 2015, mas no tanto como Chañaral y El Salado. Mi ciudad no es como la suya: los viajes más largos pueden durar una hora, es cierto, pero la tarifa de un taxi colectivo es más alta que la de horario valle en el metro de Santiago para los recorridos «normales» mientras que en recorridos que corresponden a «larga distancia» los precios pueden subir a $700 (setecientos pesos) en tarifa diurna. Si hablamos de tarifa nocturna ésta excede los mil pesos. No tiene ni un cuarto de la población que tiene la capital, pero estamos hablando de una o dos comunas contra todas las que hay en Santiago; ¿es lógico que se pague casi lo mismo? La micro cuesta cuatrocientos pesos y, a diferencia del Transantiago, ésta no es llegar y evadir. Esto último lo digo con propiedad: he presenciado lo precario que es el sistema de cobro santiaguino para los buses del Transantiago. Si relacionamos metros recorridos vs. pesos, la relación es increíblemente desfavorable para la Tercera Región.

Saltando del transporte, podríamos ir al sector de bienes y servicios.

En Santiago existe la vega central; aquí los que compran en el agro —mercado agrícola— abastecen sus negocios y a ellos se les compra. Muchos de los productos que nos llegan vienen desde lejos, lo que hace que sea más caro el precio final. Encontrar un plato en menos de tres mil pesos es complicado. El sector retail se ha desarrollado, pero no tenemos nada que se asimile al sector Meiggs. Tal vez tengamos algo similar al mercado de Estación Central, pero nada más. Comer es caro en todos lados Copiapó y en Caldera puede ser aún peor.

Respecto al sector habitacional se ha presentado una gran tendencia a cobrar sobre doscientos mil pesos como arriendo de una casa; los departamentos que se han construido tienen precios de mil seiscientas unidades de fomento por lo bajo y ofrecen un espacio miserable. Es por eso que tenemos tomas, campamentos y poblaciones llenas de gente. Los costos por concepto de alquiler suelen superar el sueldo mínimo.

Hablemos de agua ahora: nuestra agua es de una calidad espantosa y tiene mucho tratamiento. Posee una dureza (entiéndase por dureza a nivel de carbonatos; en este caso específicamente de calcio) que genera sobrecalcificación en la población, lo que se manifiesta a través de formaciones óseas en el sector entre la mandíbula inferior y el parietal. Cabe también mencionar que Atacama tiene unos índices de cálculo renal increíbles y que tanto las teteras como los hervidores tienen una vida útil mucho menor.

Pero el agua no sólo es mala, sino que también es cara. Nuestro sistema se basa en extraer agua de napas subterráneas, lo que es una vía cada vez más complicada debido a que éstas se van secando y acercando a la capa exterior de la tierra, donde abundan los óxidos de hierro. Para asegurar que el agua sea «apta para el consumo humano» se realizan diversos tratamientos, pero éstos son caros y dan un agua pésima, por lo que nos vemos obligados a comprar bidones de veinte litros, que salen dos mil pesos y se van cambiando de tal forma que una familia de tres personas puede llegar a usar uno por semana fácilmente. Y menos mal que ni he mencionado Chañaral, que tiene un agua más cara aún. En Santiago el agua es más barata y no hay que comprar bidones.

Si hablamos de medicina, tenemos un lindo hospital sin el personal suficiente y unas cuantas farmacias, de las cuales pocas no pertenecen a cadenas (ejem, ejem, colusión…); no tenemos casi médicos especialistas, hay que matar a alguien para una hora al dermatólogo —lo que contrasta con el inclemente e insistente poder del sol— y para conseguir anestesista hay que venderle el alma al diablo en cómodas cuotas.

En educación, tenemos a la UDA (Universidad de Atacama) con una fuerte formación minera (tradición de escuela de minas) y que imparte la carrera de geología desde el tiempo en que sólo cinco universidades las impartían. Sus aranceles no son desquiciados, pero tampoco son baratos. El problema son las condiciones: laboratorios, materiales y problemas específicos de carreras (como las demandas del paro de geología). No da abasto en varios aspectos y estamos a la espera de que se abra medicina. Respecto de las expectativas laborales existe una realidad fehaciente que tiene que ver con las políticas de las empresas mineras: suelen contratar gente que vive lejos de las faenas/campamentos; lo que hace que terminen yéndose a trabajar y que en la ciudad sólo se dediquen a descansar. A su vez, esto último no genera la ganancia que uno tiende a suponer para la región. Ellos compran lo que necesitan como cualquier otra persona, pero al no estar todo el mes sucede que sus impuestos no dan la misma ganancia. A lo más pagan arriendo y también ocurre que viven varios en una misma casa.

Ignoro qué sucede con luz y gas, así que no entrarán en el versus.

La sumatoria de los gastos es casi insostenible para una persona que gane el sueldo mínimo. En un núcleo familiar de cuatro personas donde exista un ingreso per cápita un poco más alto que el necesario para la gratuidad universitaria no es fácil sobrevivir sin endeudarse. Eso para personas en edad productiva y sin obstáculos físicos. Si hablamos de un pensionado, una persona con problemas mentales, una persona con capacidades diferentes (también conocidos como “discapacitados”) o que necesite tratamientos complicados (como es el caso de las quimioterapias y operaciones) la cosa se pone muchísimo más dura; lo mismo para todas las familias cuyo ingreso es inferior a ochocientos mil pesos (una cifra difícil de conseguir).

Muy bien; ya le presenté el problema. Ahora viene la propuesta, Su Excelencia: la idea es desafiarla a usted para que sobreviva con un ingreso de quinientos cincuenta mil pesos. Eso sí, como sus obligaciones están en Santiago, sería mejor mandar a un representante de poca importancia.

Tráiganos a su hijo Carlos Dávalos y haga que sobreviva con la cifra indicada durante un trimestre por lo menos. Así verá por qué digo que es fácil que a una familia se le vaya al menos un tercio del presupuesto en arriendo o dividendo. Tal vez ahí logre comprender por qué se exige el íntegro cumplimiento del bono Atacama.

Sin otro particular y deseando que se acojan las demandas del sector público,

Bruno Tapia.