Comunidad indígena acusa a empresa española de ocupar borde costero ilegalmente con complicidad del Estado

En noviembre de 2013, amparada por la Ley N° 20.249, conocida como «Ley Lafkenche», la comunidad indígena Huicha Pucatué presentó ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) una solicitud de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), por un sector que ha sido utilizado consuetudinariamente durante décadas, tal como lo acreditó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en un informe en mayo de 2015. 

Luego de pasar por una serie de trámites, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Lagos, con fecha 5 de octubre de 2015 aprobó el establecimiento de la ECMPO (porción de agua y fondo de mar), considerando la superficie acreditada por la CONADI.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas no emitió el decreto de destinación correspondiente, para el cual tenía un plazo de cuatro meses según contempla la ley. “A nosotros nos entregaron una carpeta, pero no nos han querido entregar el espacio. Creemos que una demora de más de tres años es inexcusable, sobre todo considerando que el ECMPO ya se encuentra aprobado”, señala Emilio Guaquin, presidente de la organización Huicha Pucatué.

Emilio Guaquin

Paralelamente, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas solicitó a la Comisión Regional de Borde Costero, a SUBPESCA y a CONADI, que rectifiquen los planos del espacio costero otorgado a la comunidad williche mapuche, aduciendo que no había sido considerada la concesión que tenía la empresa Toralla S.A. en aquel sitio, enviándole sus coordenadas.

El dirigente Emilio Guaquin acusa la existencia de una red de protección transversal por parte de los organismos de control medioambiental y del mar con esta empresa española en la Región de Los Lagos. “Aquello es un proceso totalmente ilegal. Las concesiones de mar de Toralla caducaron el 2011. Caducó el muelle, el emisario y el tubo aductor. Son las tres concesiones que necesita la planta para funcionar. Una planta que según ellos cuesta 100 millones de dólares pero que sin las concesiones de mar no vale ni un peso, porque no puede funcionar”, explica.

«Ocupante ilegal»

Esta acusación es verificable en la carta de respuesta que envía el Capitán de Puerto de Chonchi, Miguel Ángel Bravo, el 22 de noviembre de 2016 a la comunidad Huicha Pucatué, al ser consultado por la situación contractual de la compañía ibérica.

“Empresa Toralla S.A. Run. 96.854.180-3, cuya concesión marítima sobre un sector de playa y fondo de mar, otorgada por D.S. N’ 406 de fecha 05 de Diciembre del 2001, expiró con fecha 30 de junio de 2011, por lo que actualmente al seguir utilizando emisario, rampa y aductor de agua (mejoras fiscales) es considerado como ocupante ilegal para dichos sectores”, se señala en el citado documento.

Durante este proceso la comunidad ha denunciado ser víctima de una persecución por parte de la empresa y los poderes fácticos, a través de distintos tipos de acosos, hostigamientos policiales y judiciales. Además de ello, acusan tergiversación y discriminación desde los medios de comunicación.

“No sólo los mapuches hacen ocupaciones ilegales, también los empresarios. La diferencia es que cuando los empresarios hacen las ocupaciones ilegales igual persiguen a los mapuche. Porque estando ellos de ocupantes ilegales se produce el tema que nosotros los estamos acosando y extorsionando, siendo que a nosotros se nos había aprobado ese espacio costero por la Comisión Regional de Borde Costero, donde participan diversas instituciones públicas. Montaron todo un show para estigmatizar. Al final, para transformar al victimario en víctima”, afirma Guaquin.

Debido al tiempo transcurrido sin obtener respuesta de las distintas autoridades responsables del tema, el 11 de junio del presente año la comunidad indígena denunció ante Contraloría General de la República a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por la demora injustificada en la elaboración del decreto de destinación correspondiente a la solicitud de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), en la comuna de Chonchi.

Ante esto, Contraloría ofició al organismo cuestionado solicitándole información al respecto. En el informe que remitió la Subsecretaria de Fuerzas Armadas a Contraloría, el pasado 17 de agosto, reconoce como “un error” haber indicado a todos los organismos involucrados que había una concesión vigente cuando no lo había, y mucho menos, una solicitud de renovación.

«Mediante oficio SS.FF.AA. ORO. N° 127/SSPA de fecha 08 de enero de 2016, a propósito de una presentación dirigida a SUBPESCA por parte de un representante de la Empresa Toralla S.A., esta Subsecretaría informó a SUBPESCA que pese a que la concesión marítima otorgada a Empresa Toralla S.A. por D.S. N°406/2001 había vencido el 30 de junio de 2011, en su momento, se informó como vigente, ya que de acuerdo a lo informado por la Autoridad Marítima, el concesionario se encontraba haciendo las gestiones para solicitar la renovación de su concesión, solicitud que finalmente nunca se concretó. Por otra parte, se informó que en la actualidad dicha empresa no tiene una concesión marítima vigente, ni tampoco un trámite de renovación iniciado en esta Subsecretaría, por lo que no se puede aplicar a ella las causales de exclusión, ni de suspensión previstas en los artículos 7°y 10° respectivamente de la Ley N°20.249», se lee en mencionado informe.

Luego de las incongruencias que han existido en esta tramitación pública, Contraloría continúa realizando un proceso de investigación al respecto. Por su parte, la comunidad williche mapuche Huicha Pucatué presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, acusando persecución y criminalización por defender sus derechos ancestrales en Chiloé.

Para Emilio Guaquin la situación actual en el archipiélago es muy compleja, ya que los municipios pequeños tienen una relación muy cercana con las grandes empresas, creando una red de poder favorable a ellas, que les permite operar con total impunidad.

“Nosotros tenemos en Chonchi una empresa que supuestamente vale 100 millones de dólares, pero sólo el 5% de los trabajadores tiene contrato indefinido, todos los demás con contrato precario. Anda a ver la escuela, tiene como 40 años. No tenemos posta, el camino rural está lleno de hoyos, no está ni siquiera ripiado. ¿Entonces cuál es el cuento que pintan? Que finalmente se va a arreglar la vida de la gente y nosotros vemos que sigue igual no más. Entonces que nos expliquen ¿cuál va a ser el beneficio? Lo único que pienso es que hay que organizarse para cuidar los espacios que cada día van a ser más disputados por el valor económico que tienen. ¿Por qué nosotros no podemos trabajar mejor el mar? Que los capitales se queden acá. Hasta el momento lo único que ha quedado es daño”, concluye el dirigente.