Comunidades agrícolas del Choapa exigen a autoridades cautelar la distribución y uso humano del agua
Con el compromiso de seguir trabajando en forma conjunta los contenidos programáticos de la Agenda por el Derecho al Agua y exigir a las autoridades cautelar la distribución y uso humano del recurso hídrico, finalizó el encuentro de comunidades agrícolas de la Provincia del Choapa llevado a fines de agosto, en el Centro Cultural de la Canela.
La jornada contó con la asistencia de 50 campesinos, representantes del Municipio local, candidatos a CORE, Seremi de Bienes Nacionales, quienes debatieron el acta de trabajo colectivo que será la carta de navegación para establecer diálogos efectivos con las autoridades, para asegurar la inclusión de todos los sectores en la definición de políticas públicas efectivas sobre el acceso al agua.
El presidente de las Comunidades Agrícolas del Choapa, Lindorno Ramírez, destacó el encuentro calificándolo como una reunión gremial que buscó plantear las necesidades de la zona en cuanto al acceso al vital elemento y dar a conocer acuerdos para soluciones.
“Queremos que el Gobierno designe capital para hacer pozos, para aumentar los APR y para abastecer con agua, especialmente a la población. Debemos tener agua de dónde echar mano y sacar adelante a las comunidades y no que se nos metan los privados a aprovecharse de la poca agua que tenemos. Vamos a tener que hacer reformas al Código de Agua y también a la Ley de Comunidades Agrícolas”, expresó Ramírez con firmeza ante los asistentes.
Derecho al agua
Como puntos destacados del documento, y en cuanto al aspecto legislativo, las comunidades aspiran a que el Estado asuma la obligación de cautelar el bien común en la distribución y uso del agua. Asimismo, apuntan a asegurar el derecho al vital elemento cuando exista inversión pública, modificar la ley de Comunidades Agrícolas, derogación y/o modificación del actual Código de Agua y la modificación de los estatutos de las Comunidades Agrícolas.
En este sentido, el vicepresidente del Consejo Regional Campesino de la Región de Coquimbo, Jehová Ibacache, llamó a las autoridades locales, de Gobierno y parlamentarias a firmar la Agenda, subrayando la necesidad de realizar cambios, ya que el agua es el derecho a la vida pero que hoy tiene un carácter “mercantil”.
“Insto a las autoridades a no tener miedo a firmar compromisos con los campesinos, porque somos gente de palabra, no hacemos trampa, nosotros somos personas honestas, de trabajo, que estamos condenados a vivir con las manos encalladas, porque las autoridades y las futuras autoridades no quieren compromisos con nosotros”, manifestónez y Pedro M. AndradeMarte eso,ue hoy tiene un caró.
El acuerdo también subraya la necesidad de implementar de una Oficina de Tierras y Agua en la región, a cargo del Consejo Regional Campesino (CRC), cuyas tareas específicas sean, entre otros, la adjudicación de prioridades en la implementación de planes de manejo para las cuencas y microcuencas de los territorios de las Comunidades Agrícolas.
Compromiso campesino
El presidente de la Comunidad Agrícola de Mincha Sur, Fernando Segovia, valoró los alcances de la Agenda, porque les permitirá difundir políticas de acuerdo a la realidad campesina. “Invitamos a los legisladores a que se preocupen de nosotros. No se canaliza ningún tipo de fomento y ningún proyecto productivo. Creemos que eso debería cambiar, con otro tipo de políticas, a lo mejor cooperativas que en forma colectiva podrían ayudar a las comunidades”, puntualizó.
Asimismo, la presidenta de la Unión Comunal de Los Crianceros de la Comuna de Canela, Felisa Castillo, subrayó la importancia del acceso de recurso hídrico para el ganado caprino. “Tenemos agua para consumo, pero no para los animales y dentro de eso la comunidad agrícola tiene un rol muy importante, que es desarrollar el cómo podemos adquirir o rescatar las aguas también para nuestros animales”, expresó la mujer campesina.
Cabe destacar que a la jornada estaban invitados todos los parlamentarios en ejercicio y los que recientemente se postulan a dichos cargos, con el fin de instalar en sus funciones el velar el acceso público al agua por parte de las comunidades de la zona, sin embargo, ninguno llegó a la reunión, situación que fue lamentada por los dirigentes.
“Hoy estaba invitada la Comisión de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación, habían compromisos de confirmación de parlamentarios que iban a estar aquí, pero no llegaron ni siquiera los de la zona. Invitamos a todos sin exclusión, porque creemos que las organizaciones no deben politizarse, porque creemos que las comunidades agrícolas son una necesidad de vida”, expuso Jehová Ibacache.
La actividad contó con el apoyo de la Iniciativa «Agua que has de beber» que impulsa la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), Corporación Canelo de Nos, Fundación Senda Darwin y el Instituto de Ecología y Biodiversidad.
| ACTA DE CANELA
Las Comunidades Agrícolas creemos que los problemas de acceso al agua deben ser vistos por toda la sociedad como una restricción a los Derechos Humanos, pues limita la vida de quienes no disponen del vital elemento en cantidad y calidad necesarias según normas y tratados internacionales ratificados por nuestro país. Por tratarse de un recurso vital, creemos que el agua debe ser considerada patrimonio de los pueblos y un derecho intransable de las personas. El presente acuerdo ciudadano será la carta de navegación para establecer relaciones de dialogo efectivo entre las autoridades y las comunidades en post de asegurar la inclusión de todos los sectores de la sociedad en la definición de políticas públicas efectivas, y así ejercer el necesario control ciudadano que las democracias modernas exigen. Por lo tanto, los abajo firmantes declaramos nuestro irrestricto compromiso en velar de la mejor manera, de acuerdo a las facultades de nuestros cargos y en estricto apego a la ley, por el desarrollo de las demandas ciudadanas que esta Declaración por Canela nos plantea: En los Aspectos Programáticos y Operativos de las CCAA – Implementar la Oficina de Tierras y Agua en la región. Que sea esta oficina quién se ocupe de la gestión de las posibles modificaciones legislativas a ley de Comunidades Agrícolas y Código Aguas en los casos que lo ameriten. – Definir las tareas específicas de la oficina de tierras y aguas (sus competencias) entre las que se pueden asignar con el apoyo de los organizamos públicos llevar el catastro de tierra y aguas del secano, su infraestructura, su actualización tecnológica y la obtención de los recursos para implementar las acciones. – Que sea esta oficina de tierras y agua y el CRC, quienes se ocupen de la adjudicación de prioridades en la implementación de planes de manejo para las cuencas y microcuencas de los territorios de las Comunidades Agrícolas. – Que el Consejo Regional Campesino asuma como organización de carácter regional la tarea de implementar y asumir la gestión de la oficina de tierras y aguas perfilando sus funciones específicas en el ámbito técnico y político. En los aspectos Legislativos: – Que el Estado asuma la obligación de cautelar el bien común en la distribución y uso del agua, encargándose de su administración que hoy está en manos de los privados. Asegurar el derecho al agua cuando exista inversión pública. Se pone como ejemplo lograr un porcentaje del 10% del agua acumulada en cada nuevo embalse para uso social. – Avanzar en la conformación de una Nueva Constitución de la República, vía Asamblea Constituyente. – Modificar la ley de Comunidades Agrícolas para que las aguas que nazcan o se alumbren en sus territorios sean directamente de derecho de uso exclusivo de la comunidad sin requerimiento específico de inscripción alguna, incluyendo aquí las aguas que alumbren las faenas mineras en territorio de las Comunidades Agrícolas. – Derogación y/o modificación del actual Código de Agua. Debemos acordar un nuevo Código de Aguas, democrático, discutido ampliamente y con la participación de todos los sectores con el énfasis que deben tener los campesinos, ya que se trata de un derecho fundamental para desarrollar la vida. – Que las Comunidades Agrícolas, con apoyo del Consejo Regional Campesino, actualicen y modifiquen sus estatutos, de modo de proteger el derecho al agua e inhiban su enajenación a terceros, sean estos o no miembros de la comunidad. |
Por Constanza Martínez y Pedro M. Andrade
El Ciudadano
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