Con tomas de colegios, crece oposición a «Ley Hinzpeter»

El martes 31 de julio, estudiantes del Liceo Confederación Suiza se tomaron su liceo, en protesta por la implementación de la Ley Hinzpeter. En la ocasión, los secundarios señalaron que esta normativa “busca criminalizar las manifestaciones sociales que arremeten contra el orden económico y político establecido”. Ese mismo día, organizaciones de Derechos Humanos y ecologistas denunciaron que esta es una ley que amordaza la libertad de expresión.

El miércoles 1 de agosto se reanudaría la discusión de la ley de resguardo del orden público en el Parlamento, pero fue suspendido hasta la siguiente semana, en búsqueda, según dijo el presidente de la instancia legislativa, Cristián Letelier, de «llegar a una reforma en materia de punibilidad de desordenes públicos muy consensuada (…) Para poder sacar una buena ley que sea realmente por todos los sectores políticos del país aceptada, acogida y aprobada”. O tal vez esperan a ver qué sucede en la marcha del 8 de agosto.

Como sea, los reclamos de la sociedad civil no han cesado. A los estudiantes, sus primeros opositores, se sumaron los trabajadores y organismos de derechos humanos y ahora, mediante un proceso de recolección de firmas, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Greenpeace, buscan parar la normativa, haciendo llegar a los diputados y senadores el rechazo en rúbricas recolectadas en la calle.

Por otro lado, sus defensores señalan que esta es una ley preventiva que pretende dar una señal de punibilidad a quienes participan de las marchas. Miguel Otero Lathrop, fue el encargado de redactar la ley y defendió su aplicación, para sancionar a «los vándalos que rompen vidrios y atacan a la policía», responsabilizando, de paso a los organizadores.

COINCIDE CON EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Cabe recordar que la «Ley Hinzpeter» no es única en su tipo. Normativas de similar espíritu han surgido en países donde las «protestas critican el modelo desde sus raíces», lo que coincide con lo denunciado por  los estudiantes del Confederación Suiza. En España y Canadá se están dando los casos más graves y recientes de estas legislaciones coercitivas.

En Québec se han desarrollado masivas manifestaciones durante este año, en rechazo a las políticas de reajuste educacional. A raíz de aquello, a mediados de mayo se aprobó la controvertida Ley 78 que establece restricciones para actos públicos organizados, a raíz de enfrentamientos entre la policía y los estudiantes que luchan contra una alza de 82 por ciento de los precios de las matrículas en las universidades. En este sentido el Gobierno de Québec ha declarado que dicha ley garantiza la paz al tener bajo control cualquier protesta que pudiera producirse.

En España, en tanto, se discute la aprobación de una ley de reunión, que sancionaría en dos ámbitos: a los convocantes y a los resistentes. Por ejemplo, convocar actos violentos en Internet será delito de pertenencia a organización criminal. Pena similar será considerada la “resistencia pasiva” a la autoridad en las manifestaciones. La sanción para estos delitos sería de 2 años de cárcel.

Por Leonel Retamal Muñoz
El Ciudadano