Elecciones Presidenciales ¿Cuál es la perspectiva?

La propaganda y efectos mediáticos de las elecciones presidenciales colocan un manto de lodo sobre  los problemas fundamentales que aquejan a la población trabajadora, a la juventud, al campesinado, los pensionados y los pueblos originarios. La clase política en el poder se esfuerza en neutralizar las aspiraciones de cambio de la población porque comprende que ellas son irreconciliables con el actual modelo de explotación.

El modelo vigente está  ordenado en la defensa de los intereses del  capital financiero y la burguesía chilena. De allí que la política de los gobiernos de la Concertación haya estado centrada en mantener el saqueo literal de las riquezas naturales del país y la explotación indiscriminada de la población trabajadora. A 36 años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 las declaraciones ampulosas de los representantes de gobierno en torno a  que “En el bicentenario Chile será un mejor país para todos”, no pueden ocultar al drama social de la gran mayoría de la población.

La gran mayoría de la población del país difícilmente puede sustraerse a la realidad cotidiana de luchar por su sobrevivencia diaria. Partir de los hechos es constatar que el país,  ante su Bicentenario, vive una profunda desigualdad social, económica y política.

La deuda externa hasta finales del año 2008 ha alcanzado la cifra de US.64.768 mil millones de dólares. Una mayor parte de esta deuda, la privada que comprende a la de los bancos y financieras, alcanza a los US. 52.604 mil millones.

Las privatizaciones de las empresas estatales han sido una manera de saquear los bienes nacionales y provocar el abaratamiento del costo de mano de obra, que ha significado el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, por medio de los empleos de subcontratación.

De acuerdo a las estimaciones de la OIT el aumento real de los salarios de los trabajadores han estado en una permanente baja desde los años 1995. Es necesario hacer notar que tales estimaciones se basan en las clausulas de reajustabilidad que existen para un reducido sector del 9,9% de trabajadores.

El endeudamiento masivo es una consecuencia directa de los bajos salarios. La encuesta Casen del año 2006 indicaba que los dos quintiles más bajos de ingresos en Chile destinaban el 67,10% de sus ingresos para pagar deudas. La cifra de 29.000.000 de tarjetas no bancarias emitidas según la Superintendencia de Bancos. 2.400.000 personas morosas según DICOM, todo esto sobre una población activa de 6.500.000 habitantes refleja un grave problema social dentro de la población chilena.  Los altos costos de los créditos otorgados por medio de tarjetas de crédito, que superan con creces el 100% anual, ha pasado a ser el mecanismo de redistribución de la renta más regresiva en la actual economía chilena. De acuerdo a  estimaciones de la CCS, ( Cámara de Comercio de Santiago) la deuda total de consumo de los chilenos (bancaria y no bancaria) a fines de 2008 totalizó poco más de US$ 22 mil millones de dólares, lo que equivale a una deuda per cápita del orden de US$ 1.300. El 80% de la población trabajadora tiene deudas de consumo. Chile ocupa el octavo lugar en el mundo  por endeudamiento de consumo. A los efectos de las alzas de los precios se debe agregar el efecto del IVA, impuesto al Valor Agregado al Consumo, que en el gobierno de la Concertación ha subido 3%, quedando en la actualidad en un 19%.

Según  las cifras de MIDEPLAN la pobreza y la indigencia alcanzaban en el año 2006 el 13,7 y 3,2 %, respectivamente. La definición de pobreza establecida por esta organización consideraba el ingreso mínimo por persona para cubrir el costo de dos veces una canasta mínima individual para la satisfacción de las necesidades alimentarias. La indigencia se establece por el ingreso mínimo necesario por persona para cubrir el gasto alimentario.

La cesantía, según las estadísticas de la Universidad de Chile, alcanza cerca del 13%.  De una participación laboral del 68% entre los hombres y 41% entre las mujeres. Los contratos temporales representan el 35% de la mano de obra, mientras que la corta duración de los contratos indefinidos representa el 45 %.

La ruina de la pequeña industria, generadora de empleos, se profundiza. Estadísticas del sector muestran un dramático curso histórico. Si en 1990 este sector obtenía el 32% de las ventas del país, hoy ha bajado al 17%. Pérdidas de mercado de una parte y endeudamiento a altas tasas de interés. Los índices de la Cámara de la Construcción indican un baja de las ventas en 14% con respecto de diciembre del año 2007.  Sin embargo la rentabilidad de los grupos financieros mayoritariamente extranjeros se ha mantenido en un promedio del 16,74% sobre el capital y reserva. La banca chilena obtuvo en 2008 beneficios netos por 1.601,82 millones de dólares) que suponen, en la moneda local, un aumento del 2,81% respecto de las ganancias obtenidas en 2007.

AGOTAMIENTO Y DISGREGACIÓN POLÍTICA

El agotamiento del modelo y sus instituciones está directamente unido a las aspiraciones de la mayoría de la población, que no han sido resueltas y que provocan un despertar de movilización social. Durante 20 años se ha utilizado la institucionalidad de la dictadura para impedir la organización de los trabajadores. Se ha usado para reprimir la aspiración social expresada en movilización. Pese a ello, amplios sectores de la población han avanzado en la organización de sus luchas. Los paros de los profesores, de los funcionarios públicos, de los estudiantes, del personal de control aéreo, de los forestales, de los pueblos originarios indican este desarrollo. Ello crea el temor y una disgregación al interior de la clase política. La ruptura de Schaulsson, Flores, Zaldívar, Navarro, Arrate, MEO, del marco organizado de la Concertación, representa un elemento de disgregación y de crisis. Los desacuerdos entre ellos están relacionados a las propuestas que permitan revitalizar el modelo de explotación.

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Es en este cuadro que desenvuelven sus perspectivas las cuatro candidaturas. Existe un acuerdo de fondo: Mantener el modelo en el traje diseñado por la dictadura. Las divergencias están en las modificaciones a llevar a cabo para preservar lo esencial.

Sería un grave error considerar  las  candidaturas por fuera de esta realidad. Estamos ante 4 candidatos que representan la continuidad de un modelo sobre un escenario de crisis.

Frei representa el inmovilismo y crisis de la DC, y con ello de la Concertación en tanto la política de este partido es la base a la cual se subordinan todos los demás. Inmovilismo porque este sector está consciente  de que no se puede abrir las compuertas a la presión social por los cambios. Es por lo mismo que Frei se ha opuesto y se opone a toda medida que desestabilice el modelo. No es casual que Frei y la DC sean enemigos de la política del gobierno venezolano, que hayan apoyado el golpe contra Chávez. No es casualidad que Frei y Lagos se esfuercen por apoyar el acuerdo elaborado por Washington en Honduras, para imponer la legalización nacional e internacional del golpe de Estado contra Zelaya. Frei  hace este trabajo con el apoyo de los aparatos dirigentes del PS y del PC. El pacto  del aparato dirigente del PC con la Concertación cumple la función de blanquear el rol del PDC y Frei bajo la cobertura de “progresismo”. Es ello lo que le permite a Frei utilizar la retorica del progresismo para colocarla como una barrera a las aspiraciones de los trabajadores y capas explotadas. Es la retorica de un dirigente político consciente de la situación de crisis que vive el país.

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MEO  expresa la disgregación política de la Concertación y de su crisis política. No es acertado concluir de que MEO está a la izquierda o la derecha de Frei. El programa electoral de MEO no es de ruptura con la política de la Concertación. MEO aboga por la continuidad del modelo introduciéndole ciertas reformas.

Es necesario establecer que MEO, en tanto expresión de disgregación de la Concertación, es un factor de crisis del cuadro institucional. Es por lo mismo que es atacado por el aparato dirigente de la Concertación y del Juntos Podemos, asimilándolo a una línea “neoliberal” similar a la de Piñera.   Los dirigentes de la Concertación temen el desenlace de una eventual victoria de MEO por sus repercusiones en la sobrevivencia del modelo. Porque independiente de las intenciones de MEO lo que marcara su eventual victoria es el efecto en la población de su propaganda sobre el cambio. Para la Concertación el peligro que representa MEO es la inexistencia de un aparato político en torno a este candidato que sea capaz de cerrar las compuertas a la presión social, que exigirá los cambios que su campaña promete.

Arrate representa un balón de oxigeno cuya función es ayudar al triunfo de Frei en la segunda vuelta, con el argumento de la “derrota de la derecha”. Tal como ha sucedido con la política del Juntos Podemos ante la elección de Lagos y Bachelet.  Arrate desarrolla esta orientación con un lenguaje radical de propuestas. Sus proposiciones cumplen la función de apoyo a Frei. Por ejemplo, en el programa de Arrate está planteada la reivindicación de la Asamblea Constituyente pero de una forma adaptada a su política de apoyo a Frei. En efecto, esta reivindicación está estructurada  con dos ejes fundamentales. La primera es que está desprovista de una línea de ruptura con el sistema binominal, ya que espera una Constituyente otorgada por las fuerzas políticas representadas en el Congreso. La segunda tiene que ver con el hecho de que le asigna a la Constituyente la limitada tarea de escribir una nueva Constitución. Es decir, no está planteada como una representación de la democracia y de la soberanía del pueblo, sino como un resquicio organizativo para proceder a escribir una nueva Constitución en el marco de las relaciones institucionales existentes. Por lo tanto una eventual Asamblea Constituyente acordada en el Congreso por las fuerzas políticas existentes significaría una consensuada manera de proceder a nuevos maquillajes de la Constitución de 1980.

¿CUÁL ES LA PERSPECTIVA?

La retorica de los candidatos no nos puede hacer perder de vista un hecho verificable para todos: Ningún cambio de fondo para mejorar la realidad social de los trabajadores, juventud, campesinado, pensionados, pueblos originarios es posible sin derribar la muralla de hierro que impide realizar tales cambios. Ella es la Constitución vigente impuestas por Pinochet. La historia de las luchas sociales muestra que ninguna conquista social, política y económica, ha sido producto de regalos de la clase dominante. Todos los avances han sido el resultado de movilizaciones.

La lucha contra el atraso, la pobreza, la cesantía, el saqueo de las riquezas de la nación, la restitución de las plenas libertades democráticas, de los derechos de los trabajadores, de la solución de la tierra para el campesinado y los mapuches exigen el establecimiento de la democracia política.

La Democracia Política es  combatir  para abrogar la actual Constitución antidemocrática y elecciones para una Asamblea Constituyente Soberana. La reivindicación de la Asamblea Constituyente Soberana integrando la democracia política, la reforma agraria, la soberanía de la nación.

Sobre esta línea ningún candidato abre una perspectiva favorable. Es necesario imponerla por medio de la movilización organizada de todos los sectores que sufren las consecuencias de este modelo de explotación. La independencia política de los trabajadores se debe expresar concretamente en una línea de acción sobre los problemas de la nación saqueada y de sus intereses como clase trabajadora.

Tribuna Obrera

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