Entre camioneros pinochetistas y la criminalización del pueblo mapuche

La protesta impulsada por empresarios de camiones y respaldada por la ultraderecha chilena muestra un nuevo actor social en la política chilena. La presión que ejercen en la región de la Araucanía para continuar con la represión a las comunidades mapuche.

El jueves 27 de agosto quedó marcado como una jornada estrepitosa para el Gobierno chileno, doblegado por la protesta de los camioneros. Por la noche de aquel día, siete camiones ingresaban a las calles de Santiago para terminar su marcha iniciada en Temuco, buscando que los recibieran las autoridades en La Moneda.

En un principio, la SEREMI de Transporte, por órdenes del Ministerio del Interior, dictó una circular en la cual se prohibía ese día el ingreso de camiones a la región metropolitana desde las 6 hs hasta las 21 hs. Esto provocó que la caravana de camiones que transportaban las maquinarias quemadas en la Araucanía se quedara en el paso de Angostura, generando bloqueos de carreteras.

Estos camioneros se autocaracterizaban como un “movimiento ciudadano”, que venía a trasmitir su preocupación por la escalada de violencia en la Araucanía y la delincuencia del país, adjudicándose a sí mismos el apoyo de toda la ciudadanía a su justa demanda. Sin embargo, este movimiento tendría poco de “ciudadano”. El líder de la Confederación Nacional de Trabajadores, Sergio Pérez, declaraba que “la intervención militar de 1973 ordenó el país… Mire cómo está Cuba, Venezuela, es una vergüenza”.

Con esta frase quedaba clara la orientación del movimiento de camioneros y sus “buenas intenciones por lograr la paz en la Araucanía”. La movilización había sido organizada por la ultraderecha chilena, especialmente por la UDI. Los parlamentarios y dirigentes de este partido no sólo asistieron a las conferencias de prensa en conjunto a los líderes de la multigremial, sino que también presionaban a través de los medios que en caso de que el Gobierno no recibiera a los camioneros estos podían generar un “desabastecimiento”.

La organización de esta movilización tendría por efecto advertir al Gobierno de Michelle Bachelet su disgusto por las reformas que estaba realizando (aun cuando de reformas tienen bien poco) y mostraban su potencial capacidad paralizadora del país mediante los camioneros.

Por otro lado, a esta ofensiva de la multigremial camionera, la Federación de los Choferes de Buses y del Transporte declaraba que se trataría sólo de una movilización levantada por los empresarios de camiones y no por sus trabajadores. Les parecía cínico que los empresarios reclamaran por la falta de seguridad de los camioneros, cuando ellos mismos son los que se niegan a contratar seguros para sus trabajadores y están en contra de toda reforma que mejore las condiciones salariales y de vida de los choferes.

Desde La Moneda, la jornada sería dirigida con absoluta propiedad por el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien desde un comienzo habría manifestado su voluntad de conversar con los dirigentes de los empresarios camioneros. Si bien rechazaba a que entraran con todos los camiones a la Moneda, encontraba justa su demanda.

Esta arremetida de los sectores conservadores dentro de la Nueva Mayoría (la coalición gobernante) se suma al cambio de Intendente en la Región de la Araucanía. Hicieron renunciar a Francisco Huenchumilla, quien se aprestaba a presentar una propuesta de solución del conflicto mapuche-chileno. Si bien los términos de esta propuesta en ningún caso representan el sentir de las comunidades, reconocía que se trataba de un conflicto político que no podía ser solucionado mediante la política de criminalización y encarcelación del pueblo mapuche.

Este cambio en la Intendencia de la Araucanía y la recepción de los camioneros en la Moneda significa que no existirá una solución al conflicto mapuche-chileno. La política del garrote seguirá tal como se viene realizando desde hace años, aun a contrapelo de los que han planteado inclusive cortes internacionales, como el fallo “Loncos” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se establece que los mapuches no son terroristas y que la situación que se enfrenta es un conflicto de dimensiones políticas donde las grandes perjudicados han sido las comunidades mapuches.

En síntesis, las grandes víctimas de esta situación, las comunidades mapuches, no verán solucionados sus problemas y seguirán enfrentando allanamientos en sus comunidades, expoliación de sus tierras por las forestales y de sus recursos acuíferos por las hidroeléctricas.

Publicado en Marcha.org.ar