Justicia en los ríos: La lucha del Movimiento por el acceso al agua en la Provincia de Petorca

“(…) lo que está en juego es que en esta lucha quién va a ganar, si aquí vamos a seguir en un Chile injusto socialmente, donde basta tener poderes, ya sea político o tener dinero para ponerle el pie al más chico o realmente la asociatividad, la comprensión de la gente y la justicia funcione […]


“(…) lo que está en juego es que en esta lucha quién va a ganar, si aquí vamos a seguir en un Chile injusto socialmente, donde basta tener poderes, ya sea político o tener dinero para ponerle el pie al más chico o realmente la asociatividad, la comprensión de la gente y la justicia funcione y las cosas se arreglen como deben arreglarse, pero nosotros tenemos mucha duda sobre eso” (Pequeño agricultor de la zona)

Introducción

Nuestro planeta es 70% agua, de la cual solo un 3% es agua dulce y sólo un tercio de ésta se encuentra disponible para los ecosistemas y el consumo humano y animal (Larrain y Poo: 2010). La presión sobre los recursos hídricos ha ido en aumento, siendo las actividades productivas la que mayor demanda generan. Al respecto, tenemos que tan solo la agricultura consume el 70% del agua a nivel mundial (FAO: 1993).

La distribución geográfica del agua en el planeta es bastante desigual (ONU: 2003). Esta situación se refleja de manera muy clara en Chile, donde la zona norte del país cuenta  con una disponibilidad menor a 500 metros cúbicos por habitante al año, mientras que en algunas regiones de la zona sur se superan los 160.000 (m3/hab/año) (Larrain y Poo: 2010).

A esta distribución desigual del agua se debe añadir la privatización y la consiguiente concentración de este recurso bajo el Código de Agua de 1981. El régimen jurídico chileno se ha concebido bajo una ideología que apela a las libertades individuales,  privilegiando con esto los intereses privados (Leff: 2001). Este código cataloga al agua como un bien nacional de uso público, pero a la vez centra la asignación del agua bajo los criterios del mercado y de propiedad[1]. El organismo público encargado de la gestión y administración del agua terrestre (superficial y subterránea) en Chile es la Dirección General de Agua (DGA)[2], entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la cual otorga dos tipos de derechos de aprovechamiento de aguas: los derechos consuntivos (consumir las aguas, sin que deban ser devueltas a la fuente para ser reutilizadas por otro usuario, como sucede con la minería y la agricultura) y los derechos no consuntivos (utilizar el agua sin consumirla, como es el caso de la generación hidroeléctrica)[3].

La privatización y la concentración del agua han generado el surgimiento de conflictos en torno al agua. Comunidades locales e indígenas luchando por el acceso al agua, así como por la protección frente a la contaminación que provocan las actividades productivas (mineras, agrícolas, forestales, etc.).

En la Provincia de Petorca de la Región de Valparaíso grandes empresas agrícolas de palto de la zona han acaparado los derechos de agua y han sido denunciados por usurpación de aguas por parte de la comunidad. En este contexto, surge el Movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA), el cual ha visibilizado el conflicto en la opinión pública y ha recurrido a los organismos políticos competentes para que den solución a la situación de sequía que enfrenta la zona, donde los principales perjudicados han sido los pequeños y medianos agricultores de las comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca de esta provincia.

Desarrollo

A continuación se presentarán algunos alcances conceptuales relativos al problema que trata este artículo. Para esto iremos desde los planteamientos más generales hasta llegar al conflicto por el agua en sí.

La economía-mundo capitalista planteada por Wallerstein se basa en la división mundial del trabajo entre centro y periferia, donde los primeros exportan productos con un mayor nivel de elaboración y los segundos se enfocan en la explotación de sus materias primas. Esta división es una condición primordial para la reproducción del modo de acumulación y de diferenciación estructural en base a un intercambio desigual entre ambas zonas (Wallerstein: 1990).

En consonancia con esta visión y desde la perspectiva de la economía ecológica se plantea que “el metabolismo de las sociedades ricas no se podría sostener sin conseguir a precios baratos los recursos naturales de los proveedores de materias primas. Es una condición estructural. Además, la capacidad de exigir pagos de la deuda externa ayuda a los países ricos a forzar a los pobres a la exportación de recursos naturales baratos” (Martinez Alier: 2008: 3). Esta situación ha sido avalada por los gobiernos de los países periféricos, que bajo el discurso del tan anhelado desarrollo han profundizado la explotación de los recursos naturales bajo un modelo extractivo exportador (Giarraca y Teubal), generando una ampliación de las desigualdades externas e internas y dejando las externalidades del modelo en las localidades donde las actividades se realizan.

Chile es un país con gran disponibilidad de recursos naturales (mineros, agrícolas, pesqueros, etc.), no obstante, su creciente explotación no se ha traducido en desarrollo para las mayorías.. La riqueza natural del país se ha convertido en la pobreza de las comunidades locales y de las grandes mayorías del país. Contaminación del agua y del aire, pauperización de los estilos de vida y economías locales son solo parte de los impactos generados por la sobreexplotación de los recursos. A esto se le ha llamado la maldición de la abundancia o de los recursos naturales, países que se especializan en la explotación y exportación de uno o pocos recursos naturales, no obstante, esto no se ha traducido en más desarrollo (Gudynas: 2011).

Frente a las consecuencias han emergido múltiples movimientos locales en torno a la protección de los recursos naturales, pero sobre todo a sus estilos de vida. Relacionado con la economía ecológica antes mencionada tenemos a la ecología política que se encarga del estudio de los conflictos distributivos ecológicos que “trata temas como el comercio ecológicamente desigual, la deuda ecológica del Norte con el Sur, los pasivos ambientales de las empresas papeleras, mineras o petroleras por los daños que han producido, el conocimiento indígena y el manejo de las incertidumbres científicas o el papel de los movimientos ecologistas (tan distinto en América latina y Europa)” (Martinez Alier: 2008: 1).

El historiador Maurico Folchi nos habla de conflictos de contenido ambiental, los cuales se producen “cuando se tensiona la estabilidad histórica conseguida entre una comunidad y su hábitat.  Esto ocurre como consecuencia de la acción de algún agente extraño que altera o pretende alterar las relaciones preexistentes entre una comunidad y su ambiente, o bien,  a la inversa, cuando una comunidad decide modificar su vinculación con el ambiente afectando los intereses de alguien más” (Folchi: 2001: 91). Es claro que en muchas comunidades agentes externos, principalmente, han alterado las relaciones históricas de la población con su entorno natural. Aquí nos enfocaremos en el conflicto por el agua que se da en las comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca de la Provincia de Petorca en la región de Valparaíso. Prestando especial atención a la experiencia del movimiento que ha surgido para hacer frente al acaparamiento y robo de agua en la zona.

Ligado a los planteamientos de Folchi, Martinez Alier agrega que “la necesidad de supervivencia hace a los pobres conscientes de la necesidad de conservar los recursos. Esta consciencia no utiliza el lenguaje de la ecología científica, sino lenguajes locales como los derechos territoriales indígenas o lenguajes religiosos” (Martinez Alier: 2008: 5). Estos planteamientos se presentan claramente en los postulados de Modatima, donde ellos buscan conservar el agua como medio de subsistencia humana tanto para abastecer sus necesidades básicas como económicas. El medio ambiente es parte de su discurso, pero termina siendo un elemento secundario frente a la protección de sus estilos de vida.

Después de esta breve revisión por algunas perspectivas que han facilitado un primer acercamiento conceptual al conflicto, pasaremos ahora a presentar el conflicto de manera acotada, pero tomando en cuenta los aspectos más relevantes.

Las comunas antes mencionadas producen un tercio del palto a nivel nacional, siendo este un cultivo muy sensible a la disponibilidad de agua por lo que la demanda de recursos hídricos en la zona se ha intensificado en las últimas décadas. El modelo de producción agrícola que prevalece en el Chile actual se basa en el uso intensivo e irracional de los recursos naturales, suelo y agua, donde ha ido emergiendo un modelo de desarrollo agrícola basado en el monocultivo y en el uso intensivo de plaguicidas (Mundaca, 2011).

Estas comunas han sufrido históricamente de periodos de sequia, sin embargo, desde hace unos años muchos pequeños y medianos agricultores han ido perdiendo sus siembras y con ello su sustentación económica. Del otro extremo, las grandes empresas agrícolas de propiedad de personajes políticos[4] y del mundo empresarial han aumentado su rentabilidad en base a la concentración de los recursos hídricos (obtenidos legal e ilegalmente) acaparados en grandes piscinas.

La concentración de derechos de agua en estas comunas se ha dado, en parte, fuera del marco legal; ya que han sido entregados derechos provisionales de agua después de haber sido declaradas agotadas las hoyas hidrográficas del Rio Petorca (1997) y del Río Ligua (2004)[5]. Esta contradicción por parte de la DGA que habiendo declarado agotadas estas hoyas hidrográficas ha seguido otorgando derechos sumado el hecho de que las grandes empresas han sido denunciadas, fiscalizadas y muchas veces sancionadas por la construcción de obras ilegales en las cuencas de los ríos a modo de extraer más agua para sus predios han intensificado el conflicto en la zona.

Además se ha declarado consecutivamente como zona de escasez hídrica[6] y desde febrero de este año como zona de catástrofe[7]. Estas medidas han dado soluciones temporales al problema de sequía que se vive en la zona, pero no han atacado las causas estructurales, ni tampoco han revocado los derechos provisionales otorgados fuera del marco legal.

En este contexto, nace Modatima, el cual se constituyo legalmente en febrero del 2011, no obstante, llevan muchos años denunciado el acaparamiento y usurpación de agua en la zona. Esta agrupación se define como un “movimiento amplio de participación de los ciudadanos y de los habitantes de la provincia de Petorca, que surge a propósito de los graves efectos provocados por el uso intensivo e irracional de los recursos naturales en particular suelo y agua, lo que nos motiva a asociarnos gremialmente para promover la racionalización, el desarrollo y la protección de nuestras condiciones de vida en relación a la debida utilización de tales recursos y del medio ambiente”[8]. Lo que sigue será rescatar algunos planteamientos relativos a la experiencia de lucha que han tenido personajes activos de este movimiento.

Modatima es un movimiento amplio que agrupa a personas de diferentes sectores sociales y políticos, lo que le ha otorgado mayor legitimidad al movimiento. Pequeños y medianos agricultores, profesionales, estudiantes universitarios, dirigentes sociales, son parte de la diversidad que aglutina este movimiento. A continuación recogeremos discursos expresados por diferentes activistas del Movimiento por la defensa del acceso al agua, la tierra y la protección del medio, prestando especial atención a aéreas temáticas relevantes en el estudio realizado.

La gente se ha unido en esta lucha por diversos motivos, sin embargo, la percepción de injusticia ha sido clave. Al respecto un joven activista y estudiante universitario expresa se vio incitado a ser parte de esta lucha por “la indignación de saber que hay quienes tienen tanto poder que pueden hacer lo que quieren y barrer con las personas simples, comunes y corrientes como nosotros. Y esa indignación me da ánimo para luchar”. Este estado de indignación se ha visto incrementado por las escasas respuestas de las autoridades competentes, que han enfrentado el problema superficialmente, dejando las causas estructurales intocables hasta el momento. La concentración de poder político y económico y las relaciones cercanas entre ambos mundos, ha dejado a las comunidades con la sensación de estar en una lucha de David contra Goliat, lo que no ha significado en un desapego a la lucha que llevan a cabo.

La relación que la comunidad tenía con su hábitat está presente en la memoria de estas personas, que han presenciado su alteración. La agricultura familiar de la zona siempre fue respetuosa de los ciclos de la naturaleza, lo cual se ha visto fuertemente perturbado por las grandes presiones hacia la tierra y el agua que ha generado la agroindustria. En lo relativo al uso del agua por parte de los agricultores un dirigente de una cooperativa de agua potable rural expresa que “las situaciones son diferentes, estábamos acostumbrados a un sistema de manejo de las aguas, hoy día nos someten ligeramente al nuevo liberalismo sin participación”. El Estado ha priorizado los intereses de las empresas privatizando los recursos hídricos, sin tener en consideración las consecuencias sociales y ambientales y menos la sustentabilidad de la producción que llevaba a cabo la comunidad local.

Si bien las sequías han existido siempre en esta zona, nunca habían alcanzado las dimensiones adquiridas en la actualidad. La sequía actual no se debe solo a factores ambientales, sino también productivos. Al respecto, un pequeño agricultor plantea que “el problema es de que cuando habían las sequias anteriores por lo menos había agua para tomar y para echarle a los arboles, a la raíz, que podíamos alimentarlas con un poco de agua para volver e próximo año a tener producción cuando volviera el agua. En esta ocasión, desde el año 2007 que tuvimos una sequia feroz y justamente meses después una helada que no se había presentado nunca en Petorca. La mayor escasez de agua que se ve en la Provincia de Petorca no es tanto efecto de la sequia, sino como es el robo del agua por parte de empresas grandes y políticos corruptos que están en una red de influencias que nos tienen en esta situación”. El robo de agua ha sido denunciado por la comunidad, fiscalizado por la DGA y multado por esta entidad, sin embargo, las multas son irrisorias) para el poder económico de las empresas.

Para agricultura familiar el problema de la sequía dejo ser hace tiempo un tema natamente económico, en este sentido un pequeño agricultor expresa que su lucha se basa “primero que nada, por mi supervivencia, aquí ya no estamos hablando de para ganar plata, es de salvar lo que es mío, por lo cual dedique gran parte de mi vida y estoy luchando también por la gente de Petorca, creamos empleo ahí, movemos la economía y también como una lección, entiendo yo, esta lucha tan feroz que tenemos con mucha incomprensión de parte de la ciudadanía de que estamos haciendo algo por Chile también”. La lucha se ha expandido de lo netamente individual y local del conflicto hacia lo colectivo y nacional, ya que los conflictos por el agua se encuentran a lo largo del país con distintas connotaciones, pero tienen a la privatización del agua como eje estructural.

No solo les importa el presente de esta disputa, sino también las consecuencias que llegarán a futuro de no lograr soluciones concretas al conflicto que los aqueja. Refiriéndose a esto un trabajador frutícola afirma “yo lucho para mí, lucho para mis hijos, lucho para ustedes, para los más jóvenes que vienen hacia atrás, nosotros ya tenemos nuestros años”. Se tiene conciencia de que está en juego el futuro familiar, de un estilo de vida histórico y local. Muchos han emigrado frente a las primeras secuelas que ha dejado el uso intensificado del agua en la zona, otros al perder sus siembras han terminado como mano de obra de las grandes empresas agrícolas. Esto último, ha provocado que muchas personas se sientan intimidadas a formas parte del movimiento.

En cuanto a las personas que participan en Modatima, podemos observar que existe mucha convicción acerca de la lucha que han emprendido y de que es la forma correcta de hacer frente al problema de sequía que sufren. La conformidad con el status quo no está dentro de su lenguaje, lo cual se refleja en esta expresión “creo que las cosas pueden ser distintas, que la única forma de cambiar las cosas es movilizándote, la única forma es organizándote, tratando de generar propuestas alternativas, no solamente criticando y luchando, sino también yendo más allá, a las propuestas”. En lo relativo a las propuestas, Modatima ha apelado a la derogación del código de agua, es decir, a la renacionalización de los recursos hídricos, teniendo claro que el problema supera los marcos locales. El problema del agua es nacional. Para dar a conocer su perspectiva como sus alternativas de solución han recurrido a múltiples medios de comunicación, a foros universitarios, a la cámara de diputados, al consejo de defensa del Estado, etc., no obstante, las cosas no han cambiado mucho.

Si bien la lucha ha sido con una gran convicción de que es justa e importante, las respuestas desde los organismos del Estado competentes han sido muy pobres en su contenido y sin resolver el problema de fondo. Este hecho ha provocado sentimientos de impotencia entre otros. Al respecto un estudiante universitario de la zona dice que el sentimiento que le provoca la situación que enfrentan es “rabia, porque el conflicto ya rebalso el vaso y el Estado no se ha puesto las pilas, entonces el ver que en todo el año 2011 y parte del 2012 se han cumplido todos los caminos institucionales, en ver que no hay ninguna respuesta satisfactoria, esa es la principal rabia que me da”. El descontento hacia la institucionalidad política es generalizado por parte de la comunidad, y de la ciudadanía chilena en general. Los conflictos se han expandido por todos los sectores: estudiantes, pescadores artesanales, mapuches, comunidades, etc..

Se ha pretendido entregar lo más sintético posible los aspectos considerados relevantes en esta lucha dada por Modatima.

La lucha continúa con escenarios muchas veces adversos, pero con la integridad moral de tener la convicción de que su lucha es noble y justa.

Conclusiones

Los conflictos sociales en general, y los conflictos por el agua como el presentado acá están expandiéndose a todo nivel en la sociedad chilena. Muchos de ellos, por no decir todos, tienen su origen en el modelo neoliberal adoptado bajo el régimen militar que bajo una Constitución autoritaria ha defendido los intereses capitalistas nacionales e internacionales, sin la más mínima consideración por las externalidades sociales y ambientales provocadas.

En el plano ambiental, muchas comunidades se han debido enfrentar a empresarios poderosos que bajo la tutela de legislaciones hechas a su medida y provecho, y haciendo lobby con políticos inescrupulosos han podido seguir con sus actividades que atentan contra la supervivencia de múltiples comunidades locales e indígenas.

Las soluciones deben ser estructurales, teniendo como eje la incubación de una nueva constitución bajo una Asamblea Constituyente. Esto porque la carta magna mayor es la que guía a todas los demás reglamentos. Si bien se trata de un cambio a gran escala se debe tener en consideración el poder que han ido aglutinando los diversos movimientos sociales en Chile.

La lucha de Modatima es la lucha de muchos, en un Chile injusto socialmente, donde las riquezas se concentran y la pobreza se reproduce. La disputa por el agua continuará, pero ellos aseguran que no bajarán los brazos hasta que recuperen el agua para todas y todos las chilenas y chilenos. Su lucha ya no es solo local y como dicen “habrá que recuperar el agua por las buenas o por la malas, pero la recuperaremos”.

Es tiempo que las riquezas del país dejen de ser su pobreza.

Por Francisco Javier Vásquez Peralta

Sociología

Universidad de Playa Ancha (Valparaíso, Chile)

fcovasquezperaltahotmail.com

 

BIBLIOGRAFÍA

Decreto Fuerza Ley N° 1122 fija Código de Agua, 13 de agosto de 1981 (en línea). Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5605

Dirección General de Agua (1997). Decreto M.O.P. Nº 216, declaración de área de restricción para nuevas explotaciones de aguas subterráneas en el acuífero del valle del Río Petorca (en línea). Disponible en:  http://www.dga.cl/administracionrecursoshidricos/areasderestriccion/areas%20de%20restriccion/res_216.pdf. Fecha de consulta: 17 de julio del 2012.

(2004). Decreto M.O.P. Nº 204, declaración de área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas en el acuífero del Río Ligua (en línea). Disponible en: http://www.dga.cl/administracionrecursoshidricos/areasderestriccion/Paginas/default.aspx. Fecha de consulta: 17 de julio del 2012.

FAO (1993). El estado mundial de la agricultura y la alimentación 1993. Colección FAO: Agricultura N° 26 (en línea). Disponible en: http://www.fao.org/docrep/003/t0800s/t0800s00.htm. Fecha de consulta: 23 de agosto del 2012.

Folchi, M. (2001). Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres, si siempre ecologistas. 2do Encuentro de Historia y Medio Ambiente (en línea). Disponible en:  http://captura.uchile.cl/jspui/bitstream/2250/5791/1/folchi_m2.pdf. Fecha de consulta: 02 agosto de septiembre del 2012.

Giarraca, N. y Teubal, Disputas por los territorios y los recursos naturales. El modelo extractivo (en línea). Disponible en: http://www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/06/Giarraca-y-Teubal.pdf. Fecha de consulta: 08 de agosto del 2012.

Gudynas, E. (2011). La maldición de los recursos naturales (en línea). Disponible en: http://accionyreaccion.com/?p=425. Fecha de consulta: 17 de enero del 2012.

Larraín, S. y Poo, P (editoras). (2010). Conflictos por el agua en Chile. Entre los derechos humanos y las reglas del mercado. Ediciones Chile Sustentable, Santiago.

Leff, E. (coordinador) (2001). Justicia ambiental: construcción y defensa de los nuevos derechos ambientales culturales y colectivos en América Latina. Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente. Oficina regional para América Latina y el Caribe. Serie Foros y Debates Ambientales (en línea). Disponible en: http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/leff05.pdf. Fecha de consulta: 07 de septiembre del 2012.

Martínez Alier, J. (2008). Conflictos ecológicos y justicia ambiental. Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, Nº 103 (en línea). Disponible en: http://nomadas.ourproject.org/wp-content/uploads/2010/08/Conflictos_ecologicos_J1-_MARTINEZ_ALIER.pdf.  Fecha de consulta: 06 de agosto del 2012.

ONU (2003). Agua para todos, agua para la vida (resumen). Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo. Ediciones UNESCO (en línea). Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129556s.pdf. Fecha de consulta: 13 de agosto del 2012.

Wallerstein, I. (1990). Análisis de los sistemas mundiales en Giddens, A.; Turner, J. y otros. La teoría social hoy,  Alianza Universitaria, Madrid.



[1] El artículo 5° de este Código plantea lo siguiente: Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código.

[2] Es el organismo del Estado que se encarga de promover la gestión y administración del recurso hídrico en un marco de sustentabilidad, interés público y asignación eficiente, como también de proporcionar y difundir la información generada por su red hidrométrica y la contenida en el Catastro Público de Aguas con el objeto de contribuir a la competitividad del país y mejorar la calidad de vida de las personas. http://www.dga.cl/acercadeladga/Paginas/default.aspx

[3] Definiciones de ambos tipos de derechos en los artículos 13º y 14º del Código de Aguas

[4] Edmundo Pérez Yoma (Ex ministro del interior), Marcelo Trivelli (Ex intendente de la región metropolitana), Eduardo Cerda (Diputado del distrito 10),

[5] Decreto MOP N° 216 del 1997 y Decreto MOP N° 204 del 2004.

[6] Es realizada por el MOP y corresponde cuando se verifica en un río un caudal igual o menor al 70% de su promedio estadístico. Es por un período de seis meses no prorrogables y tiene como propósito prevenir y anticiparse a potenciales conflictos que deriven de una agudización de la insuficiencia de agua en dichas cuencas. La DGA puede intervenir de diversas formas en estas situaciones.

[7]  Desde el Gobierno, la cual permite la asignación de recursos para mitigar la sequía en el sector, la cual ha afectado principalmente a pequeños agricultores del lugar.

[8] Texto extraído del artículo 1º de la “Declaración de principios y objetivos” de MODATIMA.

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