Esteban Silva:

«Para el Socialismo Allendista derogar la Ley Antiterrorista sigue siendo indispensable»

La ANI no puede ser un organismo de inteligencia con capacidades operativas encubiertas al servicio del gobierno de turno, pretexto de enfrentar actividad terrorista o de generación de violencia.

Por Ramiro Rodriguez

15/09/2014

Publicado en

Chile / Justicia y DD.HH / Organización social / Política

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Con medidas como las que pretende implementar en la ANI el gobierno, con el apoyo de la derecha y parte importante de la Nueva Mayoría, puede terminar peligrosamente generando un organismo que termine persiguiendo y culpando a personas y movimientos sociales que legítimamente se movilizan y protestan, pretexto de que generan violencia o eventuales acciones terroristas. Luego de la demencial bomba puesta en la Estación Escuela Militar es importante preguntarse a quienes benefician estos condenables atentados.

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Pensamos que la extrema derecha y sectores de derecha y conservadores, políticos, económicos y grupos fácticos, se benefician claramente con la actual situación creada y despliegan todo tipo de esfuerzos para generar un clima regresivo en contra de los cambios y reformas sociales que demandan las grandes mayorías, introduciendo temor y parálisis con el claro propósito de criminalizar y desprestigiar la movilización y la protesta social legitima en el país.

Se ha producido una paranoia colectiva y un clima social inducido que busca, más allá del hecho de enfrentar y prevenir atentados con bombas, imponer mayores restricciones a la movilización y la protesta social, que intenta legitimar el uso y abuso de la Ley Antiterrorista y el concepto reaccionario de la mano dura contra todos los que subviertan el orden social injusto, y no precisamente sobre aquellos que generan acciones de violencia selectiva y que buscan infundir temor sobre los ciudadanos. Las labores de Inteligencia deben estar en manos de la policía de investigaciones y carabineros y es desde ese ámbito que hay que establecer medidas y recursos para enfrentar la actual situación.

Toda nueva medida debe ser fiscalizada y estar sujeta al respeto a los DDHH y al derecho. Se hace necesario también establecer altos niveles de fiscalización y cambios sobre el accionar de carabineros en relación a los movimientos sociales y los ciudadanos, partiendo por generar una profunda revisión y cambio de la practica, métodos y procedimientos de las Fuerzas Espaciales de Carabineros, la que hoy sigue usando procedimientos represivos propios de la policía militarizada existente durante la dictadura militar.