Presentan recurso de protección contra ministra de Salud por traslado de pacientes con VIH/SIDA a la atención primaria

Un conjunto de activistas y personas viviendo con VIH/SIDA que se atienden en diversos hospitales del país presentó un recurso de protección en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo, y del jefe del Programa de Prevención y Control del VIH/SIDA, Edgardo Vera.

¿La razón? Los recurrentes demandan la detención inmediata de la aplicación del nuevo plan de Atención Integral en VIH/SIDA que incluye el traslado de las personas seropositivas que se atienden regularmente en hospitales de mediana y baja complejidad a la atención primaria de salud (APS).

El doctor Edgardo Vera, Jefe del Programa Nacional del Programa de Prevención y Control de VIH/SIDA del Ministerio de Salud, reveló en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el pasado 31 de julio de 2017 que el Ministerio de Salud pondría en marcha la siguiente determinación  sanitaria: “Una recomendación fuerte por parte la Organización Mundial de la Salud es la descentralización de la atención en VIH a hospitales de mediana y baja complejidad incorporando a la atención primaria en la atención de los pacientes. Estamos en un modelo de atención que incluye esas nuevas variables”.

El hecho está confirmado en documentos oficiales del Minsal, una decisión que ahora sale a la luz en medio de la campaña de prevención del VIH/SIDA. El mismo plan ha sido informado en reuniones de importantes autoridades de salud y de organismos internacionales como la Organización Panamericana de Salud OPS/OMS.

“Nosotras y nosotros nos preguntamos: ¿Las personas viviendo con VIH/SIDA seremos atendidas ahora en la atención primaria o en los consultorios de nuestras comunas de residencia exponiendo nuestro estado serológico a vecinos y conocidos? ¿Se preguntaron los expertos de salud qué pensamos las personas viviendo con VIH/SIDA de una medida que vulnera el derecho a la privacidad y el derecho a la salud?  Ninguno de nosotros y nosotras hemos sido consultados y/o participado de la reformulación en este nuevo modelo de atención integral que –dicen- busca reducir costos económicos pero que afecta la calidad de la atención y la integridad física – psicológica de las personas que vivimos con VIH/SIDA en Chile”, afirman los recurrentes del recurso.

“Por nuestra experiencia en la salud pública creemos que esta medida afectará nuestra salud, incluyendo la adherencia a tratamientos y asistencia a control médico. Este hecho es grave para jóvenes, mujeres, pueblos originarios, transgéneras y población homo- bisexual, muchas de ellas personas que viven con VIH/SIDA de modo reservado. Personas que ahora se verán expuestas a la información pública de su condición de salud en sus comunas, barrios, vecindades. Las personas viviendo con VIH/SIDA seguimos siendo afectadas, no solo por una condición de salud compleja, sino que ahora por políticas erráticas e inconsultas del Ministerio de Salud”, explican.