Venezuela: La izquierda también protesta

Organizaciones de izquierda aseguran que la Revolución Bolivariana arrastra los vicios de la IV República y va a contra corriente de los sectores populares A través de términos como «Estado burgués», «capitalismo rentista», «bonapartismo» y «plusvalía», los grupos de izquierda también se colocan en la acera opuesta al gobierno

Por Director

06/08/2009

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Organizaciones de izquierda aseguran que la Revolución Bolivariana arrastra los vicios de la IV República y va a contra corriente de los sectores populares

A través de términos como «Estado burgués», «capitalismo rentista», «bonapartismo» y «plusvalía», los grupos de izquierda también se colocan en la acera opuesta al gobierno. Para estas organizaciones la revolución bolivariana arrastra los mismos vicios de la cuarta República, manteniendo y empeorado la estructura del Estado «capitalista burgués».

Por esta razón varias organizaciones de izquierda decidieron unirse al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su campaña contra la criminalización de la protesta. Así como en la creación de un frente, una «tercera vía», que reivindique las luchas sociales, la participación plural y la distribución equitativa de la renta petrolera.

Miguel Ángel Hernández, integrante de la coordinación nacional de la Unidad Socialista de Izquierda (USI), asegura que lo único nuevo en Venezuela es la aparición de una novedosa burguesía, la denominada «boliburguesía», que está en pugna con las élites tradicionales.

El dirigente social asegura que el Estado está haciendo uso de todo el aparato judicial y policial para cercenar el derecho a la protesta y criminalizar a los sectores sociales menos favorecidos. «Es una situación donde se persigue a los sectores más desfavorecidos a través de los jueces, los tribunales, el Ejecutivo, por intermedio de la Guardia Nacional y la Fiscalía».

El dirigente asegura que existen 2.200 personas sometidas a procesos judiciales por ejercer el derecho a la protesta. De éstos, 120 son trabajadores y dirigentes sindicales y 80% de éstos últimos pertenecen a las empresas básicas de Guayana y a Petróleos de Venezuela.

Con esta opinión coincide el representante del Movimiento Solidaridad Sindical, Orlando Chirino, quien asegura que el Gobierno va en contra sentido de los intereses obreros. De acuerdo con el dirigente laboral, las instituciones oficiales no acatan las providencias que ordenan el reenganche y el pago de sueldos caídos de los trabajadores. «Son más de tres mil trabajadores en esta situación».

Para el líder de la corriente sindical C-Cura, el Gobierno tiene como fin la eliminación de la independencia del movimiento obrero, lo que iría contra los postulados socialistas. «Esto está descubriendo el carácter del Gobierno y cada vez genera más dudas en muchas personas que lo acompañaron. El objetivo es aterrorizar e impedir que la gente ejerza sus derechos».

Ambos dirigentes se quejan de la impunidad que reina en los casos de asesinato de dirigentes sindicales por parte de sicarios. Como ejemplo colocan el crimen de tres líderes sindicales en Aragua y el homicidio del empleado de la Toyota, Argenis Vásquez, en el estado Sucre. También denuncian la imposición de medidas como la prohibición de realizar asambleas sindicales dentro de la refinería El Palito.

Por su parte, el integrante del Colectivo Socialismo Revolucionario (CSR), Johan Rivas, coincide en que la impunidad en el caso de los sicarios ha despertado las críticas de esta organización hacia el gobierno. «No se puede hacer una revolución sin derechos humanos».

«ESTADO FARSANTE»

El sector sindical no es el único que decidió unirse a la campaña de Provea a favor del derecho a la protesta. La vocera de la publicación anarquista El Libertario, Alexis Rendón, señala que el gobierno de Chávez ha mantenido la estructura “puntofijista” basada en la exportación de petróleo y la importación de productos de consumo.

Asegura que la administración de Chávez ha empleado un discurso de izquierda, de tendencia “populista”, para legitimar la concentración de poder y las medidas autoritarias. Igualmente, considera que el Ejecutivo va contra los intereses de los obreros y los campesinos al “criminalizar” las acciones de protesta. “Es un Estado farsante. Atacan las protestas de los campesinos. No se puede hablar de participación protagónica del pueblo cuando se criminaliza la protesta de los sectores más oprimidos”.

04 de Agosto de 2009

por Carlos Crespo

Periódico El Libertario

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