La extorsión se pasea por Perú: 85 mil denuncias y solo 20 sentencias en 19 meses

En Perú la extorsión se ha convertido en un delito de impunidad casi garantizada, entre enero de 2024 y julio de 2025, solo 20 casos obtuvieron sentencia en todo el país, pese a que se registraron más de 85 mil denuncias desde 2020.

De acuerdo con una investigación realizada por el programa de la televisión peruana Punto Final, más del 98% de los casos de extorsión termina siendo archivado o sin resolver, dejando sin castigo al crimen organizado.

La magnitud del problema se refleja no solo en los datos, sino en la realidad cotidiana. Lima, Callao y La Libertad concentran los ataques, secuetros y amenazas a comerciantes, transportistas y vecinos. La situación ha alcanzado niveles tales que, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, hasta octubre de 2025 se presentaron 23.213 denuncias de extorsión, muy superior a las 18.215 reportadas durante todo 2024 . Esto equivale a una denuncia cada 19 minutos, aproximadamente 76 por cada día a nivel nacional

El reporte del Observatorio reveló que la zona con mayor cantidad de registros de denuncias es Lima Metropolitana, que acumula un total de 9,750 y concentra más del 30 % del total a nivel nacional; mientras que en segundo lugar se encuentra la región La Libertad, con un total de 3,789 denuncias registradas hasta el 31 de octubre del 2025, una situación generada por la alta presencia de criminales en las provincias de Trujillo y Pataz, ambas zonas fueron declaradas en estado de emergencia desde 2023 y la medida se mantiene hasta la actualidad.

Justicia paralizada

El sistema judicial peruano no logra procesar la avalancha de denuncias. De acuerdo con las cifras obtenidas, solo 1.470 casos llegaron al Poder Judicial entre 2020 y 2025 , por ejemplo en la ciudad portuaria de el Callao, ninguna de las denuncias presentadas recientemente por extorsión ha alcanzado una sentencia .

«De 85 mil denuncias, apenas 20 terminaron con condena. Eso refleja la falta de capacidad técnica e investigativa del sistema», explicó el especialista en seguridad Julio Corcuera en declaraciones a Caretas.

La situación es particularmente crítica en las Fiscalías de Crimen Organizado, ya que los fiscales enfrentan una tan alta sobrecarga de evidencia digital que es muy difícil completar su análisis.

«Solo tenemos procesada la información de 294 celulares, cuando nos faltan más de 1,100 por revisar. No contamos con la tecnología necesaria», advirtió el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina.

Tecnología obsoleta

El retraso en las investigaciones es consecuencia de la falta de herramientas tecnológicas. «La mayoría de los casos depende del análisis de teléfonos incautados, pero el país dispone de menos de cinco equipos Cellebrite —dispositivos especializados para extraer datos de celulares, incluso borrados— en todo el territorio nacional», consignó Caretas.

Esta falta de equipos incide en que los peritos se tarden meses o incluso un año en culminar la revisión de un solo teléfono incautado durante un operativo, un lapso de tiempo en el que las carpetas fiscales se paralizan y las bandas criminales siguen delinquiendo.

A finales de octubre de 2024 el fiscal Chávez Cotrina denunció ante el Congreso de Perú: “No tenemos tecnología para leer los celulares incautados, donde se encuentran los mensajes de extorsión.

¿Cómo se puede combatir el crimen organizado si no contamos con los instrumentos necesarios?”, cuestionó.

Señaló que tanto la Fiscalía como la Policía Nacional carecen de personal y tecnología, dicha ‘carencia’ frena investigaciones fundamentales en la lucha contra la delincuencia. Según el fiscal, la escasez de personal y la falta de laboratorios de criminalística afectan la capacidad de la policía para procesar pruebas de manera efectiva.

“Cuando se detiene a delincuentes del crimen organizado, a menudo se incautan de decenas de celulares que contienen pruebas. Sin embargo, no tenemos los recursos necesarios para analizarlos y obtener la evidencia”, acusó.

Impunidad y miedo a denunciar

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), existen actualmente 1.389 personas recluidas por delitos de extorsión, aunque la mayoría corresponde a procesos antiguos o sin condena firme. Debido a los altos niveles de impunidad las víctimas prefieren no denunciar por miedo a represalias o desconfianza en las autoridades.

En regiones como La Libertad, Piura y Lambayeque, los cobros de “cuota de seguridad” a los transportistas y pequeños empresarios por parte de bandas dedicadas a la extorsión se han normalizado.

Los delincuentes envían mensajes o videos amenazantes desde las cárceles, coordinando sus operaciones gracias a la corrupción y la falta de control en estos recintos.

De acuerdo con las cifras que maneja la Confederación Nacional de Mercados y Comercios del Perú (Confenatm), el 50 % de los mercados son víctimas de extorsión por mafias que exigen pagos a cambio de “protección”, En su mayoría se trata de comerciantes minoristas, que denuncian amenazas, cobros ilegales y ataques contra sus establecimientos.

En Lima y Callao, los casos más graves se registran los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo y Puente Piedra, que se encuentran bajo estado de emergencia. Una medida que según los comerciantes no ha logrado detener los hechos de violencia.

El Gobierno peruano ha declarado estado de emergencia en varias provincias del norte y Lima Metropolitana, pero las cifras demuestran que la represión sin investigación no basta . Los expertos coinciden en que la extorsión se ha transformado en el delito más lucrativo y de más rápido crecimiento, desplazando incluso al narcotráfico urbano .

El reto para las autoridades es recuperar la capacidad investigativa del Estado y garantizar que cada denuncia se traduzca en resultados judiciales. Sin sentencias ni sanciones efectivas, la extorsión seguirá siendo la moneda del miedo en Perú,