Ordenan repetir juicio a militares peruanos por violar a campesinas

El tribunal peruano del caso Manta y Vilca, donde por primera vez se juzga en Perú las presuntas violaciones sexuales de campesinas a manos de militares como crimen de lesa humanidad, ordenó hoy repetir el juicio tras aceptar la abstención de la presidenta de la sala, envuelta en un escándalo de corrupción judicial.

En el juicio están acusados catorce militares por presuntamente violar a nueve mujeres de las comunidades campesinas de Manta y Vilca, en la región andina de Huancavelica, en 1984, durante el conflicto armado interno, caso que ahora tendrá que ser visto por un nuevo tribunal.

La organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), que se encarga de la defensa de tres de las víctimas, indicó en un comunicado que los magistrados Otto Vera y Carlos Payano aceptaron la abstención presentada por su compañera Emperatriz Pérez Castillo.

La decisión conlleva que un nuevo tribunal vea el caso porque es la segunda vez que un magistrado se aparta del mismo, ya que el juez Marco Cerna dejó el tribunal para presidir la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y su vacante fue ocupada por Pérez Castillo.

Tanto Cerna como Pérez Castillo aparecen en las grabaciones telefónicas que desde mediados de julio desvelaron una amplia red de corrupción, tráfico de influencias, favores y prevaricación instalada en las esferas más altas de la judicatura peruana, y de la que participaban magistrados, empresarios y políticos.

La abogada de Demus, Cynthia Silvia, explicó que la designación de una nueva sala debe garantizar un juicio imparcial con el respeto a los derechos de las víctimas y el impacto que ha generado en ellas más de 30 años de buscar justicia.

Según Mariel Távara, psicóloga de las víctimas «iniciar un nuevo juicio es duro para ellas, pero sienten que es la única oportunidad para que se garantice sus derechos y tener una sentencia justa», concretó.

Las violaciones, algunas de ellas con la participación de varios militares, fueron denunciadas en el marco del conflicto interno acontecido desde 1980 hasta 2000, que enfrentó a las fuerzas armadas y del orden de Perú con los subversivos de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El conflicto dejó unos 69.000 muertos, la mayoría a manos de Sendero, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), donde también se recogió el testimonio de las víctimas de Manta y Vilca.

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