Las protestas sociales que comenzaron los estudiantes en 2011 y que se mantienen hasta la fecha, los escándalos de corrupción que sacuden a varias instituciones del país y la incapacidad del sistema de dar respuesta a esos problemas son factores que han propiciado el surgimiento de un debate que salió de las universidades para instalarse en el centro del interés público: el referido a la Constitución de 1980 (o “Constitución de Pinochet”), que ya está completamente deslegitimada.

Los candidatos presidenciales ya entraron a esa discusión. El 23 de abril la expresidenta y otra vez candidata Michelle Bachelet (del Partido Socialista) presentó una comisión de expertos constitucionalistas con el propósito de definir un camino para el cambio de la Constitución.

Entre los nueve juristas de este grupo se encuentra Fernando Atria, uno de los principales teóricos del movimiento estudiantil y académico de prestigio; en 2003 la tesis con la que se doctoró en la Universidad de Edimburgo fue premiada por la Academia Europea de Teoría del Derecho como la mejor del año.

En su artículo La hora del derecho (revista Estudios Públicos, 2003) planteaba una de sus ideas medulares: La reconciliación tras los crímenes cometidos por el gobierno militar sólo será posible cuando exista una nueva Constitución emanada desde el pueblo. Según Atria la actual no representa a Chile, sólo a la derecha chilena.

Las alarmas se encendieron luego de que Atria diera una entrevista el pasado 23 de abril a CNN Chile en la que sostuvo que el problema constitucional “tendrá que resolverse por las buenas o por las malas”. Señaló que el cambio necesariamente se tiene que dar “por fuera” de la actual legalidad, puesto que el quórum necesario para reformarla es tan alto que ninguna iniciativa podrá vencer el veto de la derecha.

Agregó que la institucionalidad construida por el régimen militar (1973-1990), que en lo sustancial se mantiene hasta nuestros días, fue hecha “para que no sea posible decidir”.

En ese sentido recordó una reflexión del principal ideólogo de la Constitución y fundador del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán, con la que revela lo que lo llevó a redactar esa ley: “De lo que se trataba era de asegurar que aun en el caso que lleguen a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”. En los hechos este plan se consumó.

Las declaraciones de Atria dejaron claro que Bachelet está decidida a pelear por una nueva Constitución. Y a pesar de la ola de críticas de sectores conservadores de izquierda y derecha, y de medios como El Mercurio y La Tercera, la exmandataria no desautorizó las palabras del jurista.

Por otra parte, Pablo Longueira, candidato presidencial de la UDI, se ha mostrado vehemente en su rechazo a la posibilidad de una asamblea constituyente. El lunes 6, cuando dio a conocer los lineamientos de su campaña, expresó que le sorprendía “ver esa consigna… eso de que quieren modificar toda la Constitución. ¡Es impresionante! ¡Pero si vivimos en un país que es un ejemplo! Y resulta que quieren una asamblea constituyente. ¡Qué falta de seriedad!”.

Además de Bachelet otros cuatro candidatos promueven abiertamente una asamblea constituyente: El presidente del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami; Marcel Claude, del Partido Humanista; el senador y presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez, y la presidenta del Partido Igualdad, Roxana Miranda.

En entrevista con Proceso, Miranda señala que “es clave cambiar en su esencia y radicalmente la Constitución chilena, no para maquillarla como se ha hecho hasta ahora”, dice en referencia a las numerosas reformas constitucionales hechas desde el fin del régimen militar y que a su parecer no han cambiado su esencia autoritaria, “sino para terminar con el neoliberalismo que fue instalado en la dictadura pero que se ha mantenido y consolidado tras el retorno a la democracia”.

Miranda afirma que “si no cambiamos la Constitución van a seguir despojándonos. No hay que olvidar que desde Pinochet en adelante todos los gobiernos no han hecho más que privatizar los bienes comunes y despojarnos de nuestros derechos al agua, la salud, la educación, la previsión social. Esto tiene que terminar, el pueblo ya no resiste tanto abuso”.

La candidata estima que la nueva Constitución “debe ser hecha por el pueblo, por los más sencillos, incluso por los que apenas saben leer y escribir”, en un proceso que el Partido Igualdad denomina “la vía popular a la constituyente”.

Iniciativas

Cada vez más sectores sociales piden el cambio constitucional e impulsan iniciativas para ello. El sábado 4, los exdirigentes estudiantiles Giorgio Jackson y Gabriel Boric lanzaron la campaña “Marca tu voto”, que pretende que el pueblo se pronuncie en las elecciones generales del próximo 17 de noviembre en favor de una asamblea constituyente.

Esto se haría escribiendo en el voto las letras “AC” –de asamblea constituyente–, además de la preferencia electoral. La iniciativa es ambiciosa, ya que supone tener 40 mil apoderados para igual número de mesas de votación en todo el país con el fin de llevar un recuento de los apoyos. Y ya están reclutando a los voluntarios.

El martes 7 un grupo de 160 intelectuales y artistas presentaron el Manifiesto por una nueva Constitución. Entre los principales promotores de este movimiento están Atria, el sociólogo Manuel Antonio Garretón y el director del diario El Ciudadano, Bruno Sommer.

En entrevista con este semanario, Sommer señala que “el proceso constituyente arrancó en Chile hace un par de años al calor de asambleas ciudadanas que han surgido por conflictos ambientales y demandas territoriales en diversas regiones del país”.

Hace referencia a las rebeliones que desde 2011 se suceden en varias regiones, como Magallanes, Aysén (ambas en el extremo sur de Chile) y Atacama. Señala que el objetivo del manifiesto es “poner en el centro del debate de las presidenciales la necesidad de una nueva Constitución y luego ver la forma en que llegamos a ella”.

Agrega que este esfuerzo “no tendrá sentido democrático si no emerge de una asamblea constituyente diversa, plural y representativa del amplio espectro de nuestra sociedad”.

Falsa democracia

 Gran parte de los problemas de legitimidad de la Constitución de 1980 radica en su origen. Fue aprobada en un plebiscito que no contó siquiera con registros electorales. La oposición no tuvo posibilidad de hacer campaña y ni siquiera se le permitió designar apoderados de mesa que fiscalizaran el conteo de votos, los que mayoritariamente se hicieron a puerta cerrada bajo supervisión de militares.

En su libro La danza de los cuervos (2012, Ceibo Ediciones), el periodista Javier Rebolledo detalló la forma que adquirió el fraude en el que participó la Central Nacional de Informaciones (CNI):

“Todos los agentes del cuartel Loyola (de la CNI) estaban acuartelados. En el casino les dieron la orden: desde muy temprano debían acudir a las municipalidades de Santiago y votar por el Sí (…) Al llegar al primer lugar de votación ingresaron inmediatamente, nadie les pidió que se pusieran en la fila, nada. Los vocales de mesa debían haber estado al tanto porque nadie, pero nadie, se les interpuso en ese momento. Todos votaron y volvieron a partir.”

Pero este fraude electoral ocultaba un fraude mayor: El diseño institucional del Chile posterior a la dictadura.

En su artículo ¿Cuántas veces se puede tropezar con la misma piedra? –en el diario El Mostrador del 20 de octubre de 2011–, Atria sostiene que “la trampa” contenida en la Constitución de Pinochet se construyó sobre la base de tres cerrojos.

El primero es el alto quórum necesario para reformar las denominadas leyes orgánicas constitucionales: En la Cámara de Diputados se requieren 70 votos de 120; en el Senado, 22 de 38.

El segundo cerrojo es el sistema electoral binominal, “un sistema único en el mundo, cuya finalidad era asegurar a la derecha los 51 diputados que necesitaba para gobernar incluso después de haber perdido todas las elecciones”, señala el constitucionalista.

El tercer cerrojo es el Tribunal Constitucional, que según Atria fue pensado para impedir la promulgación de cualquier ley que contravenga el interés oligárquico.

La Constitución de 1980 se consolidó con la anuencia de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, coalición que en sus orígenes incluía a 17 partidos desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Socialista, pero que no integró al Partido Comunista.

En 1989 la Concertación pactó con el gobierno militar un paquete de reformas constitucionales que fueron plebiscitadas el 30 de julio de 1989. Éstas se presentaron como democratizadoras, pero nadie informó que incluían un aumento del quórum necesario para realizar reformas a los sistemas político y económico.

Este quórum inalcanzable fue utilizado como excusa por los cuatro gobiernos de la Concertación (los de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, que gobernaron entre 1990 y 2010) para justificar ante la ciudadanía el no haber hecho los cambios prometidos, que incluían una nueva Constitución y el fin del modelo económico neoliberal.

Los gobiernos de la Concertación contuvieron al movimiento social mediante la cooptación de muchos de sus dirigentes. Pero tras la asunción de Piñera, en marzo de 2010, el escenario político cambió. La llegada de la derecha al poder hizo volver las grandes protestas, como las que sacudieron a la dictadura en los años ochenta.

Según una encuesta levantada en abril por la Universidad Diego Portales, gran parte de la población chilena está hastiada del modelo neoliberal. El 60% es partidario de estatizar las universidades privadas, 63% piensa que hay que hacer lo mismo con el transporte público y 80% es partidario de que existan farmacias estatales. Además gran parte de la población es partidaria de renacionalizar el agua y la minería del cobre.

En Chile alrededor de 68% de la fuerza de trabajo está ocupada en empleos precarios, sin contrato. Casi dos tercios de la población tiene trabajos ocasionales muy mal pagados. Según el Banco Central, la deuda total de los hogares llega a 61.5% del ingreso disponible anual.

Corrupción galopante

 Al malestar social hay que sumar la corrupción. En fechas recientes se suceden uno tras otro los escándalos que implican a funcionarios y empresas privadas.

El pasado 25 de abril el Centro de Investigaciones Periodísticas informó que el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, manipuló las cifras del censo de 2012 y aumentó artificiosamente el número de ciudadanos para ocultar la defectuosa realización de esta gran encuesta nacional. Investigaciones posteriores demostraron que las cifras de inflación y empleo también resultaron afectadas por la manipulación. Aunque Labbé renunció, el daño a la institucionalidad quedó.

En octubre de 2010 la Cepal le comunicó al gobierno que dejaría de participar en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) del Ministerio de Desarrollo Social, tras comprobar que esta instancia –encabezada por el ministro Joaquín Lavín– había reducido artificiosamente el número de pobres del país.

Otras instituciones han sido afectadas recientemente por escándalos de corrupción: El Servicio de Impuestos Internos (SII), por una condonación arbitraria de más de 50 millones de dólares en impuestos otorgada por su director, Julio Pereira, a la empresa Johnson’s, con la que mantiene vínculos comerciales; el Banco del Estado, por cobros abusivos contra medio millón de clientes, realizados en el gobierno de Bachelet pero descubiertos recientemente.

Por otra parte, las tres más grandes cadenas de farmacias (Cruz Verde, Ahumada y Salco Brand) fueron condenadas en 2012 por coludirse para alzar los precios de los medicamentos, que ahora en Chile son los más caros del mundo.

En diciembre del año pasado la Universidad del Mar (privada) fue clausurada por estafar a sus “clientes”, a quienes ofrecía un servicio muy malo y muy caro. Con esto quedaron a la deriva sus casi 20 mil estudiantes. Esto ocurría el mismo mes en que se comprobó que directivos de la Comisión Nacional de Acreditación recibieron sobornos para dar su aval a las universidades.

Un reciente caso de abuso contra consumidores derivó en la caída del candidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne, quien fue reemplazado por Longueira. El 25 de abril la Corte Suprema condenó a los supermercados Jumbo a indemnizar a los perjudicados por cobros abusivos a sus clientes cuando Golborne era su gerente general. Sólo tres días después el diario El Sur, de Concepción, revelaba que Golborne ocultaba 3 millones de dólares en un banco de Islas Vírgenes, lo que no había mencionado en su declaración patrimonial.

El miércoles 8 el diario El Mostrador publicó –a propósito de estos escándalos– el editorial El descrédito funcional del Estado, en el que señaló que Chile “vive un proceso, a estas alturas preocupante, de desinstitucionalización. La evidencia de errores políticos o malos procedimientos en los más altos niveles de la administración del Estado es permanente”.

El editorial cuestiona el papel jugado por el conjunto de actores políticos, al afirmar que “tanto el gobierno como los que aspiran a serlo en el próximo periodo debieran entender que estamos llegando al cambio presidencial a trastabillones”. Agrega que “hoy, merced a lo ocurrido en el INE, el SII, en el Consejo Nacional de Acreditación, con la encuesta Casen y muchos otros casos, la pomposa frase ‘hay que dejar que las instituciones funcionen’ suena un poco a falsete”.

Mientras las instituciones caen en el abismo del descrédito, las protestas se suceden una tras otra. El sábado 4 unas 12 mil personas participaron en Santiago y otras ciudades chilenas en La Marcha de los Enfermos, quienes piden que el Estado les ayude a comprar sus medicamentos, por los altos costos de estos.

El miércoles 8 unos 150 mil estudiantes marcharon en todo Chile exigiendo el fin al lucro en la educación. El gobierno respondió con represión y no se manifestó respecto de las demandas centrales del estudiantado, que apuntan a un cambio radical en el sistema educacional.

Todo esto pone más presión sobre la desvencijada institucionalidad pinochetista que aparentemente vive sus últimos años.

Por Francisco Marín

El Ciudadano

*Publicado originalmente por Revista Proceso (México)