Alcalde Jorge Castro facilita dependencias municipales a ex uniformados condenados por violaciones a DD.HH.

La política municipal es facilitar, en la medida de lo posible, las instalaciones del municipio a toda institución que lo requiera sin sesgo, desde la agrupación de tejedoras hasta instituciones voluntarias y sin fines de lucro, explicaron desde la municipalidad de Valparaíso, según consigna Radio Valentín Letelier.

Luego de la polémica generada por el préstamo de las dependencias de la Municipalidad de Valparaíso a la recién creada multigremial nacional de pensionados y montepiadas de las Fuerzas Armadas, que defiende a ex uniformados condenados por violaciones a los Derechos Humanos –explica la radioemisora perteneciente a la Universidad de Valparaíso– el municipio porteño defendió su decisión y dijo tener abiertas sus puertas a cualquier (organización) sin fines de lucro, pero asumió que la asociación de ex miembros de las Fuerzas Armadas y de las policías es un ente político, ya que lo comparó con el Partido Comunista.

El encargado de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Valparaíso, Marcos Maganza, de quien depende el uso del Salón de Honor del municipio porteño, señaló que «la política municipal es facilitar, en la medida de lo posible, las instalaciones del municipio a toda institución que lo requiera sin sesgo, desde la agrupación de tejedoras hasta instituciones voluntarias y sin fines de lucro. La única exigencia es un fin social y no pecuniario. La política y los credos religiosos no son impedimento para usar las instalaciones municipales. Es así como hemos tenido importantes actividades solicitadas, por ejemplo, por el Partido Comunista, clubes de cueca, organizaciones sociales, entidades gremiales, etcétera».

Con ocasión de la controvertida reunión en la municipalidad, el alcalde Jorge Castro dijo que desea que la multigremial se transforme en una organización poderosa y comprometió su colaboración con la agrupación, que ha dicho que en Chile no existe estado de derecho y que los militares condenados por crímenes durante la dictadura fueron juzgados por presunciones y sin pruebas.