Alerta: Comisión del Senado aprobó ley ‘pro inmobiliarias’ que permite destrucción del patrimonio social y urbano de Chile

Como ha destacado la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales de Chile, la iniciativa permitirá la entrega de suelos públicos -mediante concesiones- al mercado inmobiliario, el que se enriquecerá a costa del patrimonio común.

Por Francisco Marín Castro

Sin que ningún medio haya informado, este martes 5 de mayo la Comisión de Vivienda del Senado aprobó, por cuatro votos contra cero, la idea de legislar la mal llamada “Ley de Integración Social y Urbana”, promovida por el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, y por el Presidente Sebastián Piñera.

Los senadores que le dieron el visto bueno a este proyecto fueron Juan Ignacio Latorre (RD-Frente Amplio), Jorge Soria (PPD), David Sandoval (UDI) y Carmen Gloria Aravena (Chile Vamos).

Esta ley había sido aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados el 14 de agosto de 2019, por 73 votos a favor, 55 en contra y una abstención.

Entonces fue promovida en la web de Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) como una ley “que permitirá que más familias accedan a viviendas en barrios bien localizados y cercanos a servicios como transporte, salud, educación y áreas verdes”.

Además, se destacó que el proyecto contempla “incentivos normativos para la construcción de determinados esquemas a cambio de la incorporación de viviendas sociales, lo que permitirá que personas con subsidio estatal accedan a vivir en lugares donde antes no podían por el alto precio del suelo”.

Ministerio de Vivienda y Foto: Urbanismo

Sin embargo, estos eventuales incentivos a la vivienda social son marginales y el MINVU no abordó en la comunicación de este proyecto sus aspectos más lesivos, que tienen que ver con la destrucción de barrios patrimoniales y zonas típicas en favor de las inmobiliarias.

Como ha destacado la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales de Chile, este proyecto permitirá la entrega de suelos públicos -mediante concesiones- al mercado inmobiliario, el que se enriquecerá a costa del patrimonio común.

Por esta misma razón, perjudicará a los Comités de Vivienda, los que tendrán mayores dificultades para encontrar acceso a terrenos en los que concretar el “sueño de la casa propia”.

Un aspecto muy grave y desconocido de este proyecto es que desintegrará el trabajo colectivo por el derecho a la ciudad y el acceso a la vivienda, al promover que la postulación a subsidios de vivienda sea de carácter individual y no colectiva.

En ese sentido, la Asociación advierte que esta ley de Piñera y Monckeberg facilitará el desarrollo de guetos verticales en los “polígonos de integración social” (que se definen en la ley), los que podrán ubicarse a 700 metros alrededor de las estaciones de Metro y a 500 en ambos costados de vías de locomoción colectiva.

Ministro Cristián Monckeberg. Foto: Ministerio de Vivienda

Al pasar por arriba de la normativa de planes reguladores comunales e intercomunales, esta ley de “integración social y urbana” abrirá el paso a la destrucción de los barrios de baja altura y los barrios patrimoniales, al permitir que los beneficios normativos se impongan por sobre los planos reguladores.

Esta lectura de la ley se ve refrendada por destacados especialistas en urbanismo. Uno de ellos, Patricio Herman, sostuvo -en nota publicada en CIPER el 13 de agosto de 2019- que este proyecto se “salta la potestad reglamentaria del Presidente de la República y fija el marco regulatorio de las edificaciones mediante una simple resolución administrativa discrecional ‘a gusto del funcionario de turno’”.

Herman destacó en dicho artículo -titulado Gato por liebre: proyecto que incentiva viviendas de integración social abre las puertas a la corrupción– que el proyecto en comento “vulnera abiertamente las Zonas Típicas fijadas en el Consejo de Monumentos Nacionales y los sectores de Conservación Histórica listados en los distintos Planes Reguladores Comunales (PRC) del país”.

Añadió: “Este proyecto intenta cambiar radicalmente la institucionalidad sectorial para crear nuevos espacios productivos a través de decisiones que tomarían dos funcionarios del MINVU”.

En relación con el argumento del MINVU en torno a que el proyecto facilitará la integración social al reservar viviendas sociales en los proyectos inmobiliarios, cabe puntualizar que la iniciativa no fija el número preciso de viviendas o porcentaje de ellas que se exigirá resguardar para dichos fines a las inmobiliarias, por lo que podría ser una de mil.

LA RESISTENCIA DE LAS COMUNIDADES

La Ley «pro inmobiliarias» de Piñera y Monckeberg pudo haberse aprobado definitivamente en el Senado, el año pasado. Sin embargo, la resistencia de más de seis meses emprendida por las “comunidades del patrimonio” -congregadas en torno a la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales de Chile- y de las agrupaciones de allegados y “Sin Tierra”, sumado al estallido social del 18O, suspendieron lo que parecía inevitable.

En efecto, en audiencia de 17 de diciembre de 2019 los senadores de la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta -presidida por el UDI David Sandoval- comunicaron que el proyecto de ley no seguiría tramitándose, y que en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se elaboraría otro sobre la materia. 

José Osorio

“En la ocasión, se recibió con alegría la noticia. Las senadoras y senadores presentes ratificaron con sendos discursos la buena noticia y nuestras organizaciones saludaron la detención de la tramitación, exigiendo que el nuevo proyecto de ley contemple participación ciudadana vinculante”, señala José Osorio, presidente de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales.

En entrevista con El Ciudadano, Osorio expresa su “estupor” e “indignación” por el hecho de que “a cinco meses de aquellas palabras comprometidas, hayamos sido golpeados con la noticia de que el Gobierno repuso -con ‘Suma Urgencia’- el mismo proyecto de Ley de Integración Social y Urbana”.

Al proyecto se le dio ‘Suma Urgencia’ el pasado 28 de abril, y este 5 de mayo la Comisión de Vivienda del Senado lo aprobó -en general- “tal cual había salido de la Cámara de Diputados”, reclama “Pepe” Osorio.

“Una vez más, se ha faltado a la verdad, y se ha engañado la esperanza de miles de personas que se organizan defendiendo el derecho al patrimonio, la vivienda y la ciudad”, apunta el dirigente.

Y remat: “No hubo nuevo proyecto, ni menos participación ciudadana. El Gobierno insiste en imponer su visión pro inmobiliarias y un grupo de senadores no respetaron ni su palabra ni los compromisos adquiridos en sesión pública del 17 de diciembre de 2019”.

LOS DESCARGOS DE LATORRE

A las 15:00 horas de este miércoles 6 de mayo, cuando estábamos ad portas de publicar esta nota, el senador de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, nos envió un archivo de audio en que respondía a la siguiente pregunta:

¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a votar a favor de la idea de legislar el proyecto de ley de “Integración Social y Urbana”?

«Esto no es un cheque en blanco ni implica estar a favor del contenido del proyecto, es simplemente habilitar la posibilidad de hacerle indicaciones, ya que en el Senado se tiene que aprobar primero la idea de legislar, en la Comisión (de Vivienda), y más tarde en Sala; para luego seguir tramitando en particular. El Gobierno se había comprometido a hacer cambios sustantivos a este proyecto luego de todos los reparos que hubo en la Cámara de Diputados, donde finalmente se aprobó, a pesar de haber habido bastantes votos de rechazo y de abstención por parte de la oposición».

Juan Ignacio Latorre

Continuando con su respuesta, Latorre afirma que en la Cámara “se cambiaron muchas cosas” al proyecto, aunque no precisa cuáles. En ese sentido, sostiene que “quedaron otras pendientes y hay otras que hay que seguir cambiando”.

“Por tanto, para seguir tramitando y cambiando el proyecto y metiendo indicaciones, tanto por parte del Gobierno como de los parlamentarios, había que aprobar la idea de legislar. Ese es el motivo por el cual yo voté a favor”, respondió.

El senador Latorre destaca que él se incorporó hace poco más de un mes a la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta, por lo que no fue parte de la sesión de diciembre pasado en que se congeló el proyecto, donde los senadores acordaron no seguir tramitándolo y el Gobierno se comprometió a presentar una nueva iniciativa.

“Yo no me enteré de esa sesión hasta después, por un comunicado de prensa de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales con las cuales ya estoy en contacto, y me voy a reunir esta semana y vamos a trabajar en conjunto indicaciones”, prosiguió el parlamentario.

Latorre sostiene que también trabajará con el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social-Frente Amplio), quien lideró la oposición al proyecto en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

Latorre reconoce “el error de no haberme enterado de esa sesión del Senado de diciembre (2019)”. Pero añade: “Claramente yo voy a defender las zonas patrimoniales e introducir indicaciones que eviten que allí se desarrollen proyectos o especulaciones inmobiliarias”.

De todos modos, el senador subraya lo que -en su parecer- son aspectos “interesantes” del proyecto, como es la inclusión “de viviendas sociales en sectores tradicionalmente no segregados, en sectores de clases medias y esa apertura me parece interesante, pero hay que trabajarla muy bien y muy finamente en las indicaciones con los comités de vivienda, con los dirigentes de organizaciones sociales de vivienda y de zonas patrimoniales”.

El senador del Frente Amplio sostiene que tuvo la posibilidad de conversar con el ministro Monckeberg este miércoles en la mañana, con el objetivo de “solicitar que le quite la suma urgencia al proyecto”. Afirma que el titular de Vivienda se comprometió a trasladar esa solicitud a La Moneda (Segpres) para que haya más tiempo para la discusión antes de votar en la Sala del Senado.

También para que el Ejecutivo concrete un conjunto de lineamientos de cambios que estaría dispuesto a hacer, como se comprometió en la Comisión.

Latorre afirma que cuando estén todos estos elementos sobre la mesa, se verá si el proyecto cuenta con el apoyo de la mayoría de senadores de oposición y del suyo propio. “Si hay mucho rechazo, yo perfectamente puedo cambiar en Sala mi voto, porque el voto en la Comisión es solo indicativo. El que vale y es vinculante es el que se hace en Sala”, explica.

El legislador afirma que si en Sala, en algunas semanas más, cuando se voté el proyecto y se ponga en tabla, “hay un oposición social y política muy fuerte a no legislar este proyecto, yo puedo perfectamente cambiar mi voto y hacerlo en contra… no tengo problema con aquello”.

De todos modos, advierte que, de rechazarse en Sala y tomando en cuenta que se aprobó en la Cámara de Diputados, este proyecto “iría a Comisión Mixta, por lo que igual se sigue tramitando e igual hay que presentar indicaciones… Entonces ¡ojo, que esto no es en blanco y negro!”, finiquitó.


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