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ANEF exige salida de Seremi Metropolitano de Vivienda

Funcionarios del Serviu exigen “fuertes medidas” por irregularidades en asignación de recursos para reconstrucción.

 

En el programa “Contacto” del pasado martes 13 de agosto,  se hizo pública una denuncia sobre irregularidades en el otorgamiento de subsidios relacionados con la reconstrucción, destinados a familias afectadas por el Terremoto y Maremoto de  27 de febrero de 2010. En la ocasión, se involucró al  actual Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, el  Sr. Juan Andrés Muñoz Saavedra con la  asignación de subsidios que fueron otorgados a fines del año 2010 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a su hermano, Jorge Muñoz Saavedra, quien acreditó como propia una casa inhabitable. Esta última pertenecía a su padre, Juan Muñoz Rojas, alcalde de Cauquenes, quien hizo la cesión de derechos efectiva, adulterando los antecedentes de postulación.

Tras tomar conocimiento de esto, los funcionarios del Serviu Metropolitano presentaron a la contraloría una denuncia de probidad, solicitando se abra una investigación sumaria, no sin antes instar al Ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, a tomar medidas sobre el asunto. “No hemos recibido ninguna respuesta del Ministro y además el Seremi Metropolitano no ha dado ningún tipo de explicaciones sobre las acusaciones que se le imputan y se ha reincorporado a cumplir labores habituales, como si no fuese una acusación lo suficientemente grave”, afirmaron los dirigentes mediante un comunicado.

Además de ello, los representantes de los funcionarios realizaron una manifestación acompañados de dirigentes de la ANEF y de su Presidente, Raúl de la Puente, quién afirmo que “no queremos personas que sean corruptas o que tengas conflictos de intereses en la administración pública, en este caso exigimos la salida del Seremi de Vivienda”.

Los dirigentes además instaron al Ministro a adoptar “fuertes medidas,  ya que este caso ha causado conmoción en la opinión pública, por lo tanto, restarle importancia a los hechos acaecidos es no dimensionar el impacto negativo”.

“Queremos reafirmar que los funcionarios públicos, somos servidores del estado, por ende, nuestra primera lealtad es con nuestras instituciones, con nuestros usuarios y con el estado, pues las autoridades de gobierno son pasajeras. En función de la ética que todos los servidores públicos debiéramos exhibir en el ejercicio de nuestras funciones es que nos negamos a guardar un silencio cómplice frente a las actitudes irresponsables y negligentes de nuestras autoridades. Es por eso que exigimos se investiguen los hechos denunciados, se aclaren las responsabilidades y se sancione a los culpables”, sentenciaron los representantes sindicales.

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