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Brasil: ¿un nuevo ciclo de luchas populares?

Las  grandes manifestaciones  populares  de  protesta en Brasil  demolieron  en la práctica una premisa cultivada por la derecha, y asumida también por  diversas  formaciones de  izquierda  -comenzando por el PT y siguiendo por
sus  aliados:  si  se  garantizaba  “pan  y  circo”  el  pueblo  –desorganizado,  despolitizado,  decepcionado por diez  años de gobierno petista- aceptaría  mansamente  que  la  alianza  entre  las  viejas  y  las  nuevas  oligarquías  prosiguieran  gobernando  sin  mayores  sobresaltos.  La  continuidad  y  eficacia  del  programa  “Bolsa  Familia”  aseguraba  el  pan,  y  la  Copa  del  Mundo y su preludio, la Copa Confederación, y luego los Juegos Olímpicos, aportarían  el  circo  necesario  para  consolidar  la  pasividad  política  de  los  brasileños.  Esta  visión,  no  sólo  equivocada  sino    profundamente
reaccionaria  (y casi siempre racista) quedó hecha añicos en estos días,  lo que  revela  la  corta memoria  histórica  y  el  peligroso  autismo  de  la  clase dominante  y  sus  representantes  políticos  a  quienes  se  les  olvidó  que  el pueblo brasileño supo ser protagonista de grandes jornadas de lucha y que sus períodos de quietismo y pasividad alternaron con episodios de súbita movilización que rebasaron los estrechos marcos oligárquicos de un estado apenas  superficialmente  democrático.  Basta  recordar  las  multitudinarias movilizaciones populares que impusieron  la elección directa del presidente a  comienzos  de  los  años  ochentas;  las  que  precipitaron  la  renuncia  de Fernando Collor de Melo en 1992 y  la ola ascendente de luchas populares que  hicieron  posible  el  triunfo de  Lula  en  el 2002. El  quietismo posterior, fomentado  por un gobierno que  optó  por gobernar  con  y para  los  ricos  y poderosos, creo la errónea  impresión de que la expansión del consumo de un  amplio  estrato  del  universo  popular  era  suficiente  para  garantizar indefinidamente el consenso social. Una pésima sociología se combinó con la traidora arrogancia de una tecnocracia estatal que al embotar la memoria hizo que los acontecimientos de esta semana fueran tan sorpresivos como
un  rayo  en  un  día  de  cielos  despejados.La  sorpresa  enmudeció  a  una dirigencia política de discurso fácil y efectista, que no podía comprender -y mucho menos contener- el  tsunami político que  irrumpía nada menos que en medio de los fastos futboleros de la Copa Confederación. Fue notable la lentitud de la respuesta gubernamental, desde las intendencias municipales hasta los gobiernos estaduales y el propio gobierno federal.

Opinólogos  y  analistas  adscriptos  al  gobierno  insisten  ahora  en colocar bajo  la  lupa estas manifestaciones, señalando su carácter caótico, su falta de liderazgo, la ausencia de un proyecto político de recambio. Sería mejor  que  en  lugar  de  exaltar  las  virtudes  de  un  fantasioso “posneoliberalismo” de Brasilia  y de pensar  que  lo ocurrido  tiene que  ver con  la  falta  de  políticas  gubernamentales  hacia  un  nuevo  actor  social,  la juventud,   dirigieran su mirada hacia  los déficits de  la gestión gubernativa del  PT  y  sus  aliados  en  un  amplio  abanico  de  temas  cruciales  para  el
bienestar de la ciudadanía. Plantear que las protestas fueron causadas por el aumento de 20 centavos de real en el transporte público de Sao Paulo es lo mismo que, salvando las distancias, afirmar que  la Revolución Francesa
se produjo porque, como es sabido, algunas panaderías de  la zona de  la Bastilla  habían  aumentado  en  unos  pocos  centavos  el  precio  del  pan.
Confunden  estos  propagandistas  el  detonante  de  la  rebelión  popular  con las  causas  profundas que  la  provocan, que dicen  relación  con  la enorme deuda social de  la democracia brasileña, apenas atenuada en  los últimos
años del gobierno Lula. El disparador, el aumento en el precio del boleto del transporte urbano, tuvo eficacia porque según algunos cálculos para un trabajador que gana apenas el salario mínimo en Sao Paulo el costo diario de  la  transportación para concurrir a su  trabajo equivale a poco más de  la cuarta parte de sus ingresos. Pero esto  sólo pudo desencadenar la oleada de protestas porque se combinaba con la pésima situación de los servicios de salud pública; el sesgo clasista y racista del acceso a  la educación;    la corrupción  gubernamental  (un  indicador:  la  presidenta Dilma Rousseff  ha echado a varios ministros por esta causa),  la  ferocidad  represiva  impropia de  un  estado  que  se  reclama  como  democrático  y  la  arrogancia tecnocrática de  los gobernantes, en  todos sus niveles, ante  las demandas populares  que  son  desoídas  sistemáticamente:  caso  de  la  reforma  de  la previsión social, o de  la paralizada Reforma Agraria o  los reclamos de  los pueblos  originarios  ante  la  construcciones  de  grandes  represas  en  la Amazonía.  Con  estas  asignaturas  pendientes,  hablar  de “posneoliberalismo” revela, en el mejor de los casos, indolencia del espíritu
crítico; en el peor, una deplorable sumisión incondicional al discurso oficial.

A  la  explosiva  combinación  señalada  más  arriba  hay  que  sumar  el creciente abismo que separa al común de la ciudadanía de la partidocracia gobernante, incesante tejedora de toda suerte de inescrupulosas alianzas y transformismos,  que  burlan  la  voluntad  del  electorado  sacrificando identidades  partidarias  y  adscripciones  ideológicas.  No  por  casualidad todas  las manifestaciones expresaban  su  repudio  a  los partidos políticos.
Un indicador del costo fenomenal de esa partidocracia –que resta recursos al erario público que podrían destinarse a la inversión social- está dado por lo  que  en  Brasil  se  denomina  el  Fondo  Partidario,  que  financia  el mantenimiento  de  una  maquinaria  meramente  electoralista  y  que  nada tiene  que  ver  con  ese  “príncipe  colectivo”,  sintetizador  de  la  voluntad nacional-popular  del  que  hablara  Antonio  Gramsci.  Un  solo  dato  será suficiente:  a  pesar  de  que  la  población  exige  infructuosamente  mayores presupuestos para mejorar  los servicios básicos que hacen a la calidad de
la democracia, el mencionado  fondo  pasó de distribuir  729.000  reales en 1994  a  la  friolera  de  350.000.000  de  reales  en  el  2012,  y  está  por acrecentarse aún más en el curso de este año. Esa enorme cifra habla con elocuencia  del hiato  que separa  representantes de  representados: ni    los salarios  reales  ni  la  inversión  social  en  salud,  educación,  vivienda  y transporte    tuvieron  la prodigiosa progresión experimentada por una casta  política completamente apartada de su pueblo y que no vive para la política sino que vive, y muy bien, de la política, a costa de su propio pueblo.

¿Eso es todo? No, hay algo más que provocó la furia ciudadana. El  exorbitante costo en que incurrió Brasilia a cuenta de una absurda  “política de prestigio” encaminada a convertir al Brasil en un  “jugador global” en  la
política  internacional.  La  Copa  del  Mundo  de  la  FIFA  y  los  Juegos Olímpicos exigirán enormes desembolsos que podrían haber sido utilizados más  provechosamente en solucionar  añejos problemas que  afectan  a  las clases populares. Hubiera sido bueno que se recordara que México no sólo organizó  una  sino  dos Copas  del Mundo  en  1970  y  1986,  y  los  Juegos Olímpicos de 1968. Ninguno de estos grandes fastos convirtió a México en un jugador global de la política mundial: pero aún, sirvieron para ocultar los problemas reales que irrumpirían con  fuerza en  la década de los noventas y que perduran hasta el día de hoy. Según la ley aprobada por el congreso brasileño  la Copa del Mundo dispone de un presupuesto  inicial de 13.600 millones de dólares, que seguramente aumentará a medida que se acerque la  inauguración  del  evento,  y  se  estima  que  los  Juegos  Olímpicos demandarán una cifra aún   mayor. Conviene aquí  recordar una sentencia de Adam Smith, cuando decía que  “lo que es  imprudencia  y  locura en el manejo de las finanzas familiares no puede ser responsabilidad y sensatez en el manejo de  las  finanzas del reino.” Quien en su hogar no dispone de ingresos suficientes que garanticen  la salud, la educación y una adecuada vivienda  para  su  familia  no  puede  ser  elogiado  cuando  gasta  lo  que  no tiene en una costosísima fiesta.

La dimensión de este despropósito queda graficado, como observa con  perspicacia  el  sociólogo  y  economista  brasileño  Carlos  Eduardo Martins,  cuando  compara  el  costo  del  programa  “Bolsa  Familia”,  20.000 millones de  reales, con el que devoran  los  intereses de  la deuda pública: 240.000  millones  de  reales.  Es  decir,  que  en  un  año  los  tiburones financieros  de Brasil  y  del  exterior,  niños mimados  del  gobierno,  reciben como  compensación  a  sus  tramposos  préstamos  el  equivalente  doce planes  “Bolsa  Familia”  por  año.  Según  un  estudio  de  la  Auditoría
Ciudadana  de  la Deuda, en el año  2012 el  desembolso  por  concepto de intereses y amortizaciones de la deuda pública  insumió el 47.19 por ciento del  presupuesto  nacional;  por  contraposición,  se  le  dedicó  a  la  salud pública el 3.98 por ciento, a la educación el 3.18 por ciento y a l transporte el  1.21  por  ciento.  Con  esto  no  se  quiere  disminuir  la  importancia  del programa “Bolsa Familia” sino de resaltar la escandalosa gravitación de  la sangría originada por una deuda pública-ilegítima hasta  la médula- que ha hecho  de  los  banqueros  y  especuladores  financieros  los  principales
beneficiarios  de  la  democracia  brasileña  o,  más  precisamente,  de  la plutocracia reinante en el Brasil.

Por  eso  tiene  razón Martins  cuando  observa  que  la  dimensión  de  la crisis  exige  algo  más  que  reuniones  de  gabinete  y  conversaciones  con algunos  líderes  de  los  movimientos  sociales  organizados.  Propone,  en cambio, la realización de un plebiscito para una reforma constitucional que recorte  los  poderes  de  la  partidocracia  y  empodere  de  verdad  a  la ciudadanía; o para derogar  la  ley de auto-amnistía de  la dictadura; o para realizar  una  auditoría  integral  sobre  la  turbia  génesis  de  la  escandalosa deuda pública  (como hizo Rafael Correa en el Ecuador). Agrega  también que no basta con decir que el 100 por ciento de los royalties que origine  la explotación del enorme  yacimiento petrolero del Pre-Sal serán dedicados, como  lo declaró Rousseff, a la educación, en  la medida en que no se diga
cuál será  la proporción que el estado captará de  las empresas petroleras.
En Venezuela y Ecuador el estado retiene por concepto de royalties entre el 80 y el 85 por ciento de lo producido en boca de pozo. ¿Y en Brasil quién fijará  ese  porcentaje?  ¿El mercado?  ¿Por  qué  no  establecerlo mediante una democrática consulta popular?

Como  puede  colegirse  de  todo  lo  anterior,  es  imposible  reducir  la causa de la protesta popular en Brasil a una eclosión juvenil. Es prematuro  prever cual será el  futuro de estas manifestaciones, pero de algo estamos seguros. El “¡Que se vayan todos!” de la Argentina del 2001-2002 no pudo constituirse como una alternativa de poder, pero por  lo menos señaló  los límites  que  ningún  gobierno  podría  volver  a  traspasar  so  pena  de  ser derrocado  por  una  nueva  insurgencia  popular.    Más  aún,  las  grandes movilizaciones  populares  en  Bolivia  y  Ecuador  demostraron  que  sus
flaquezas  y  su  inorganicidad  -como  las  que  hoy  hay  en  Brasil-  no  le impidieron  tumbar  a  gobernantes  que  sólo  solo  lo  hacían  a  favor  de  los ricos. Las masas que salieron a la calle en más de cien ciudades brasileñas pueden  tal  vez no saber adónde van, pero  en  su marcha  pueden  acabar con  un  gobierno  que  claramente  eligió  ponerse  al  servicio  del  capital.
Brasilia haría muy bien en mirar  lo ocurrido en  los países vecinos y  tomar nota de esta lección que presagia crecientes niveles de ingobernabilidad si persiste  en  su  alianza  con  la  derecha,  con  los  monopolios,  con  el agronegocios,  con  el  capital  financiero,  con  los  especuladores  que desangran al presupuesto público de Brasil. La única salida a todo esto es por la  izquierda, potenciando no en el discurso sino con hechos concretos, el  protagonismo  popular  y  adoptando  políticas  coherentes  con  el  nuevo sistema de alianzas. No sería exagerado pronosticar  que un nuevo ciclo de
ascenso  de  las  luchas  populares  estaría  dando  comienzo  en  el  gigante sudamericano. Si así  fuera  lo más probable  sería una  reorientación de  la política brasileña,  lo cual sería una muy buena noticia para  la causa de  la emancipación de Brasil y de toda Nuestra América.

Por Atilio A. Boron

El Ciudadano

 

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