CADEM: 72% de los encuestados no cree que habrá penas de cárcel para políticos y empresarios

A un año de que el denominado Caso Caval explotara en la cara del gobierno de Michelle Bachelet, que aún tiene consecuencias políticas por entregar, sentenció el desarraigo entre la ciudadanía y las instituciones.

Esto queda confirmado por la serie de datos entregados por diferentes estudios de opinión durante estos 12 meses y que se refrendan en los datos de la última encuesta CADEM que establece que un 72% de los consultados cree que no existirán condenas para los políticos y empresarios que se han visto involucrados en estos casos.

En este sentido el cientista político David Castillo señala que «Lo que la ciudadanía espera ver, es que los delincuentes paguen sus actos, sea cual fuese la connotación que este acto tenga, no puede ser que por robar una billetera entres al tribunal esposado y con un peto amarillo con la frase “imputado” en la espalda, pero en cambio si realizaste actos de corrupción reiterado entras campante con tu terno versace, con resguardo policial solo para recibir una recomendación del juez y solicitarte que no salgas de tu casa por un tiempo. Es lógico que la gente  crea que no existe castigo para la élite corrupta de este país. Es difícil cambiar este escenario».

Al mismo tiempo, la encuesta sostiene que un 93% de quienes fueron consultados creen que los empresarios involucrados reciben un trato especial por parte de la justicia. Hecho que se repite al responder la pregunta sobre el trato recibido por Natalia Compagnon, ilustre nuera de la presidenta Bachelet, donde un 84% cree es preferencial al ser familiar de la primera mandataria.

En relación a este punto el estudio entrega otro dato a considerar: Un 87% de los encuestados cree que el sistema judicial chileno no asegura el derecho de igualdad ante la ley. Vale decir un sistema que está predispuesto a tratar con guante de seda a los miembros de la élite política y económica del país, mientras que la mano dura se la guarda para los ciudadanos comunes y corrientes.

«Existe una desconfianza generalizada en las instituciones, el sistema judicial actúa bajo las reglas establecidas y no puede salir de esos límites. Lamentablemente esas reglas fueron elaboradas por aquellos que hoy están siendo juzgados y cuestionados. Mientras veamos diariamente como salen a la luz pública nuevos casos de corrupción y vemos como sus involucrados caminan libres por las calles la gente común seguirá sintiendo inequívocamente que los castigos solo se aplican a la gente común. No creo que exista un remedio infalible para superar este escenario, ya que la justicia si aplica en estos casos, los corruptos si reciben el castigo que la ley dictamina» finaliza Castillo.