Caso Caval: Realizan audiencia de cierre de la investigación

Con esto, esta causa ya estará en condiciones de pasar a las siguientes etapas, que son las acusaciones y el consiguiente juicio oral.

Por Jose Robredo

17/03/2017

Publicado en

Chile / Política

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Foto: El Líbero

La defensa de los imputados podría solicitar ampliar el plazo de la investigación. El abogado de Natalia Compagnon, Antonio Grafulic, anticipó ayer que insistirá en la inocencia de todos los hechos que se le imputan a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.

«No aceptamos ningún tipo de responsabilidad respecto de los hechos» que se le imputan a Compagnon, dijo el profesional ayer a CNN. «Ha sido un largo tiempo de investigación, esperamos que mañana (hoy) la investigación se cierre para pasar a una nueva etapa procesal», añadió.

A dos años de que estallara este caso -tras un reportaje de «Qué Pasa» que dio a conocer la compra de terrenos en Machalí por parte de Caval, operación que tuvo múltiples irregularidades-, existen 13 imputados, entre ellos Compagnon y su socio Mauricio Valero.

Los acusados arriesgan penas que van desde los 61 días a 15 años de presidio. Los delitos por los cuales serán acusados, tras el eventual cierre de la investigación, son siete: cohecho, soborno, declaraciones maliciosamente falsas o incompletas, omisión maliciosamente incompleta o falsa, facilitación de facturas falsas, otorgar ventajas indebidas a síndico y la responsabilidad jurídica de Caval.

Eso, sin contar otras seis aristas, que quedarán fuera de este juicio. Según informó «El Mercurio», dos de ellas ya están formalizadas: Saydex, por cohecho y soborno al ex director regional del Servicio de Salud Metropolitano Central Nibaldo Mora, por los pagos de $20 millones, entre 2011 y 2013, con el fin de que la empresa informática se adjudicara la licitación de los hospitales de Maipú y San Borja, además de la ex Posta Central.

Además, está la querella por estafa interpuesta por Gonzalo Vial Concha, que pagó a Caval por trabajos supuestamente copiados y por falsos reportes de pantallas, e-mails y chats para hacerle creer que dentro de sus empresas se concertaban en su contra. El empresario habría pagado la suma total de $1.162 millones por estos servicios.

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