La oposición formalizó este martes su ofensiva contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, al anunciar la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) en la Cámara de Diputadas y Diputados, tras el dictamen de la Contraloría General de la República que determinó que la exautoridad actuó fuera de sus atribuciones legales al solicitar información reservada a la PDI sobre una investigación en la que había participado previamente como fiscal. El caso ha puesto en el centro del debate político la eventual responsabilidad del presidente José Antonio Kast, del equipo del Segundo Piso de La Moneda y del ministro del Interior, Claudio Alvarado, y cuestionamientos sobre si estaban al tanto de los actos irregulares cometidos por la ex secretaria de Estado.
La instancia parlamentaria buscará establecer las responsabilidades políticas y administrativas derivadas del episodio, esclarecer el rol que desempeñaron otras autoridades del Ejecutivo y determinar si existieron incumplimientos que ameriten nuevas acciones de fiscalización. Aunque los parlamentarios descartaron, por ahora, impulsar una acusación constitucional, advirtieron que esa alternativa sigue sobre la mesa y dependerá de los antecedentes que surjan durante la investigación. «Qué sabía el Presidente, qué sabía el Segundo Piso y qué hizo el ministro del Interior» se convirtió en la pregunta clave que guiará los trabajos de la comisión.
En el dictamen emitido el pasado e1 de julio por la contralora general Dorothy Pérez, se determinó que Steinert, al solicitar información a la Policía de Investigaciones (PDI), excedió las facultades que le confiere la ley al exigir una nómina detallada de funcionarios, incluyendo nombres, cédulas de identidad, grados y antecedentes disciplinarios de una unidad vinculada a la investigaciones del denominado “Clan Chen” en Tarapacá
Los cuestionamientos de la oposición
La diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Seguridad, Tatiana Urrutia, planteó que el Gobierno deberá responder «todas las preguntas que en su momento se negó a contestar» y recalcó que el caso trasciende la disputa política, tomando en cuenta que la ministra encargada de la Seguridad Pública se inmiscuyó en una investigación vinculada al crimen organizado«, consignó El Mostrador.
El diputado independiente-PPD Jaime Araya defendió la decisión de partir con una comisión investigadora antes que con un libelo acusatorio y señaló que se busca evitar un uso político de la acusación constitucional por lo que se debe determinar primero «qué sabía el Presidente, qué sabía el Segundo Piso y qué hizo el ministro del Interior» ante la actuación de Soteinert, que de acuerdo con la Contraloría al exceder sus atribuciones cayó en lo ilegal, Sin embargo, dejó en claro que si aparecen nuevos antecedentes «graves y serios», no descartan recurrir a esa herramienta constitucional.
Desde el PS, el diputado Raúl Leiva señaló que la Comisión Especial Investigadora deberá analizar las actuaciones del Gobierno y sus eventuales efectos sobre otros organismos del Estado mientras que el diputado DC Patricio Pinilla destacó que la oposición optó por actuar con prudencia, aunque insistió en que la acusación constitucional continúa siendo una posibilidad una vez reunidos más antecedentes.
En la misma línea, el diputado Raúl Soto (PPD) pidió a la oposición obrar con mesura e indicó que lo primordial es reunir evidencia a través de la comisión investigadora. Advirtió que una acusación en este contexto podría interpretarse como una «vendetta política» tras el fracaso reciente de la ofensiva de la derecha contra el exministro Nicolás Grau.
La estrategia legal de Steinert
A la par de la ofensiva de la oposición, Steinert solicitó a la contralora Dorothy Pérez reconsiderar el dictamen, argumentando errores de derecho, vulneración de su derecho a defensa y un debilitamiento de las facultades que la ley entrega al Ministerio de Seguridad y frente a este escenario, el diputado Leiva indicó que el Gobierno debe aclarar su postura y advirtió que desacreditar el dictamen «no contribuye al fortalecimiento de las instituciones», consignó El Mostrador.
La postura de La Moneda
El ministro de Seguridad, Martín Arrau indicó que su cartera respetará los dictámenes de la Contraloría y que el Ejecutivo colaborará proporcionando la información que sea requerida por la Comisión parlamentaria mientras que el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, aqunque señalaoó que La Mpoenda qrespeta el dictamen de la Contraloría sobre Steinmert , intenbto quitar peso a su actos argumentando que «todos los ministros, de pronto, podemos cometer algún tipo de error».
Imagen destacada: Diario U. de Chile.
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