“La salida del subsecretario Silva, el subsecretario de Justicia, más se debió a que grabó una especie de vocería, un comunicado por video no autorizado por el ministro, pero no por la gravedad de los hechos que cometieron”, afirmó la exministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, al cuestionar los verdaderos motivos por lo que Luis Silva dejó el cargo de subsecretario de Justicia, en el marco de la crisis por las rebajas de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
En conversación con radio Nuevo Mundo, la exsecretaria de Estado arremetió contra el presidente José Antonio Kast por mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, pese a la gravedad del escándalo.
Vallejo acusó al titular de la cartera de mentir, ocultar información y modificar sus versiones sobre lo ocurrido, y calificó de incomprensible que el Mandatario siga respaldando políticamente a una autoridad que, a su juicio, «ha ocultado información, que ha entregado información parcial».
La exvocera también cuestionó que la administración actual intente atribuir responsabilidades a la gestión anterior del expresidente Gabriel Boric, y sostuvo que es el propio Kast quien debe asumir las consecuencias políticas de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia al entregar los beneficios de reducción de condenas.
“Lo correcto es que el Presidente de la República haga valer las responsabilidades políticas ante el gran error cometido, y hasta el momento eso no ha sucedido”, declaró.
Respecto de la salida de Silva, Vallejo insistió en que cuestionar que el motivo haya suido que publicó en redes sociales un video sin autorización del ministro Rabat y no por la firma de los decretos de rebaja de penas.
También señaló que el criterio aplicado durante los últimos cinco años fue modificado por la cartera desde la llegada a La Moneda de Kast e indicó que se pasó de rechazar las solicitudes de rebaja de condenas a aprobarlas administrativamente, sin esperar una resolución judicial que lo ordenara.
Para la exministra, la magnitud de las consecuencias para las víctimas, sus familias y el sistema de justicia exige una respuesta que no se limites a disculpas por parte del Ejecutivo o a que un subsecretario, en este caso Silva, deje su cargo.
En esa línea, advirtió que la controversia constituye una crisis política para el Gobierno, pero enfatizó que sus efectos trascienden el conflicto entre las autoridades. “Es una crisis que está impactando la credibilidad en el sistema, que está afectando a las víctimas, por sobre todo, y de la cual el Presidente de la República no se puede desprender”, afirmó, según consignó El Mostrador.
Finalmente, rechazó que desde la administración de Kast se trate de abordar lo ocurrido como un problema estructural del Estado, ya que de esta manera se busca diluir las responsabilidades de las autoridades que estuvieron tras las firmas de los polémicos decretos, e insistió en que este error político que no ha tenido las consecuencias correspondientes y reiteró que la permanencia de Rabat en el gabinete es responsabilidad directa del Presidente Kast, quien —sostuvo— debe destituirlo.
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